Supongo que una buena cantidad de personas en España vieron el día 11 de junio del año pasado una fotografía con unas repercusiones para nuestro país infinitamente peores que aquella otra famosa imagen llamada de “Las Azores”, cuando el señor Aznar se fotografió con el presidente de Estados Unidos, George Bush, para apoyarle políticamente en la guerra contra Irak. Aquella imagen fue durante años símbolo de alineamiento internacional y de polémica interna. Pero la que ahora nos ocupa, mucho más reciente, puede tener consecuencias de mayor alcance estratégico para España.

No. En la fotografía del 11 de junio de 2025 aparecían el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic; los ministros de Exteriores del Reino Unido y de España, los señores Lammy y Albares; y, ¡cómo no!, el alcalde del territorio que vive dentro de la colonia militar británica de Gibraltar, Fabian Picardo, situado al mismo nivel que los tres anteriores. Era una imagen difícil de olvidar. Los cuatro uniendo sus manos, con una expresión en sus rostros como si les hubiera tocado el gordo de la lotería, sonriendo de oreja a oreja, en una escenificación cuidadosamente construida para transmitir éxito, acuerdo y armonía.

Sin embargo esa fotografía puede conducir a España a una serie de problemas de consecuencias imprevisibles. Y lo que es mucho peor: puede retrasar sine die nuestra reivindicación histórica para que la colonia militar de Gibraltar —la única que existe en España y una de las pocas que quedan en el mundo— sea descolonizada conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y al Derecho Internacional. Porque más allá de la imagen, lo verdaderamente importante es lo que simboliza: un cambio de posición, una cesión progresiva y una aceptación implícita de hechos consumados.

¿Cómo se llegó a esa fotografía?

Cuando en 2016 el Reino Unido convocó su referéndum para abandonar la Unión Europea porque así lo decidió, arrastró con él a Gibraltar, pese a que el 96% de los gibraltareños votaron por permanecer en la UE. Aquel momento ofrecía a España una oportunidad estratégica de primer orden para replantear el contencioso histórico en condiciones favorables. Sin embargo, el Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, no supo o no quiso aprovecharla. Lejos de presionar en defensa de nuestros intereses nacionales, optó por una actitud prudente hasta el exceso. Incluso cesó al ministro de Exteriores, García-Margallo, que había mantenido una postura más activa, y lo sustituyó por Alfonso Dastis, cuya actuación se caracterizó por una pasividad difícil de justificar en un asunto de tal trascendencia.

Más allá de la imagen, lo verdaderamente importante es lo que simboliza: un cambio de posición, una cesión progresiva y una aceptación implícita de hechos consumados

En 2017, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron que cualquier decisión que afectara a Gibraltar tras el Brexit requeriría la aprobación expresa de España. Esto suponía un avance notable: nada podría aplicarse sin el consentimiento previo del Gobierno español. España disponía, por primera vez en mucho tiempo, de una herramienta de presión diplomática clara, concreta y reconocida por todos los actores implicados.

Pero en 2018 cambió el Gobierno en nuestro país mediante una moción de censura. El socialismo regresó al poder de la mano de Pedro Sánchez, quien nombró ministra de Exteriores a Arancha González Laya. Bajo su mandato se adoptó una estrategia que marcaría el rumbo posterior: trasladar el contencioso de Gibraltar al ámbito de la Unión Europea, diluyendo así el protagonismo directo de España. Así, el 31 de diciembre de 2020, España y el Reino Unido firmaron un acuerdo marco para que fuera la UE la que negociara con Londres el futuro del Peñón.

La ministra aseguró entonces que en seis meses el acuerdo estaría cerrado. Los objetivos parecían claros para el Ejecutivo: derribar la verja para facilitar el tránsito de personas, suavizar tensiones y promover lo que denominaron “prosperidad compartida” entre ambos lados. Esa prosperidad, presentada como una solución pragmática, se elevó a prioridad política. Mientras tanto, la cuestión esencial —la soberanía— quedaba relegada a un segundo plano, casi como si fuera un elemento incómodo o prescindible en la negociación.

Sin embargo, llegó julio de 2021 y ni siquiera habían comenzado las negociaciones entre la UE y el Reino Unido. Ese mismo mes, González Laya fue sustituida por José Manuel Albares, miembro del PSOE desde joven y estrechamente alineado con el presidente del Gobierno. Lejos de modificar la estrategia, la continuó sin variaciones sustanciales, manteniendo el mismo enfoque y las mismas prioridades.

Finalmente, en octubre de 2021 comenzaron las rondas de negociación entre la UE y el Reino Unido. En ellas participaron de forma constante los representantes de Gibraltar, encabezados por Fabian Picardo, acompañados por otros altos cargos locales. Actuaban, en la práctica, como una delegación propia, con voz, presencia e influencia directa en todas las conversaciones. España, por el contrario, no estuvo presente en la mesa negociadora. Ningún representante del Ministerio de Exteriores participó directamente, ni tampoco hubo presencia institucional del Campo de Gibraltar, la zona española directamente afectada por cualquier decisión. España se limitó a recibir información, renunciando de facto a una intervención activa.

Tras veinte rondas de negociaciones en Londres y Bruselas, varios encuentros al más alto nivel y cinco años que, en términos estratégicos, resultaron claramente favorables al Reino Unido, se alcanzó el denominado acuerdo político del 11 de junio de 2025. Fue entonces cuando se tomó la famosa fotografía.

Se anunció un “acuerdo histórico”. Pero no había texto. No existía documento escrito. Era, únicamente, un acuerdo político basado en declaraciones y compromisos generales. A pesar de ello, el ministro Albares se mostró eufórico. Declaró que había caído “el último muro de Europa” y presentó el acuerdo como un éxito diplomático sin precedentes. También destacó como logro el uso compartido del aeródromo de la RAF en Gibraltar, obviando que ese mismo modelo ya se había intentado tras el acuerdo de Córdoba (2006-2010) y terminó siendo un fracaso comercial para compañías españolas como Iberia o Al-Ándalus.

Las reacciones no tardaron en llegar. Fabian Picardo afirmó que el acuerdo respondía plenamente a las necesidades de Gibraltar. El ministro británico David Lammy aseguró que la soberanía británica quedaba garantizada. Y el gobernador del Peñón fue aún más explícito: lo calificó como un gran triunfo para el Reino Unido y Gibraltar. Difícilmente podían ser más claras esas valoraciones, que contrastaban con el triunfalismo expresado desde el lado español.

A partir de ese momento, el siguiente paso consistía en convertir ese acuerdo político en un tratado internacional con validez jurídica. Y aquí surge una cuestión clave. La Comisión Europea señaló que bastaría con la aprobación del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo, sin necesidad de que los parlamentos nacionales —incluido el español— lo debatieran o ratificaran. Esto supone evitar deliberadamente el control parlamentario en España, pese a que el contenido del tratado afecta a materias de enorme relevancia política, económica y territorial. Todo ello plantea serias dudas sobre su adecuación a lo establecido en el artículo 94 de nuestra Constitución.

El 17 de diciembre de 2025, la Comisión anunció que el texto del tratado ya estaba redactado. Se trataba de un documento de unas 600 páginas, acompañado de 48 anexos, lo que elevaba su extensión total a cerca de 1.000 páginas. Su contenido iba mucho más allá de las competencias exclusivas de la Unión Europea, abordando cuestiones de seguridad, control policial, aspectos laborales, sociales y medioambientales. Por tanto, se trata de un tratado de carácter “mixto”, lo que debería implicar su ratificación por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, algo que se pretende evitar.

El documento fue remitido a los países interesados para su revisión. En el caso de España, se envió únicamente en inglés, pese a ser el español lengua oficial de la Unión Europea. Este detalle, lejos de ser anecdótico, refleja el escaso peso de España en el proceso negociador y en la consideración institucional dentro de la propia Unión. No hubo protesta significativa por parte del Gobierno español ante este hecho.

El 19 de enero de 2026, el gobierno de Gibraltar aprobó el texto para su tramitación parlamentaria. Una vez ratificado allí, sería remitido al Parlamento británico. Es decir, Gibraltar validaba primero un tratado que afecta directamente a España, consolidando así su posición como actor reconocido en el proceso.

El documento fue remitido a los países interesados para su revisión. En el caso de España, se envió únicamente en inglés, pese a ser el español lengua oficial de la Unión Europea

En paralelo, se planteó la implantación del sistema biométrico de control de fronteras de la UE, el denominado EES. Según declaraciones de Picardo, los residentes en Gibraltar —incluidos militares británicos, personal vinculado al Ministerio de Defensa y familiares— quedarían exentos de estos controles. Además, se contemplaba la posibilidad de aplicar provisionalmente el tratado incluso antes de su ratificación formal, lo que supondría anticipar sus efectos sin el debido respaldo jurídico completo.

El Gobierno español solicitó retrasar la entrada en vigor del sistema EES alegando falta de preparación técnica, retrasos en las infraestructuras necesarias y carencia de personal suficiente para su correcta aplicación. Finalmente, se fijó como nueva fecha el 15 de julio de 2026. Ese mismo día podría comenzar la aplicación provisional del tratado en la verja, así como en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, lo que marcaría un punto de inflexión en la gestión de esa frontera.

Diversas personalidades españolas del ámbito político, diplomático y jurídico han calificado este tratado como un fracaso o incluso como una derrota para los intereses nacionales. Consideran que la gestión ha sido deficiente, que se han desaprovechado oportunidades clave y que España ha perdido peso internacional, situándose en una posición de debilidad frente al Reino Unido y Gibraltar. También señalan que la estrategia seguida ha priorizado soluciones aparentes a corto plazo frente a objetivos estructurales de largo alcance.