Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo.
Precisamente, en relación al caso mascarillas, Ábalos, Koldo y Aldama tendrán que declarar el próximo 28 de abril, después de que el Supremo fijase el 7 de abril como día de comienzo del juicio oral. Pero antes de los citados investigados, tendrán que declarar como testigos, el 22 de abril, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (expresidente de Canarias); y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (expresidenta de Baleares).
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
En relación a este caso, Vozpopuli informa hoy de que la Administración estadounidense sospecha que el banco que cobró de Plus Ultra --MBaer Merchant Bank-- realizó operaciones de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, Irán y Rusia. Cabe recordar que ayer ABC publicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha localizado en un documento oficial una transferencia ejecutada por Plus Ultra -más de 519.000 dólares en el año 2021- a un entramado financiero corrupto, vinculado al empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años por EEUU como uno de los principales operadores financieros del chavismo (y supuesto testaferro de Nicolás Maduro).
También en relación al caso Plus Ultra, ABC añade hoy que la aerolínea trató de trabajar en EEUU a la vez que pedía su rescate. En concreto, solicitó operar en el mercado estadounidense entre los años 2019 y 2021.
3.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
Ayer El Debate publicó documentos de varios viajes realizados por miembros del Gobierno, en Falcon, a la República Dominicana. En esos documentos no se revela la identidad de los viajeros amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Y hoy, el mismo medio informa de que un Falcon del Gobierno voló hasta la frontera con Venezuela sin transmitir señal, sin describir el motivo del viaje y sin identificar a sus ocupantes.