Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
El pasado 5 de mayo, el juez Peinado rechazó dos recursos de reforma presentados por la propia Gómez, por Cristina Álvarez y por el empresario Juan Carlos Barrabés, por lo que el magistrado les mantiene procesados con la intención de ir a un juicio con jurado popular. Además, dio «a las defensas de los acusados» cinco días «para que presenten escrito de conclusiones».
Pero la defensa de la mujer del presidente está tratando de retrasar lo más posible este caso, y ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid más tiempo para pedir nuevas diligencias que podrían --en su opinión-- alterar la importancia de los indicios contra su clienta.
Pero el juez Peinado sigue a lo suyo y, según esDiario, ha citado a declarar este jueves, como testigo, al empresario José María Torres, fundador del grupo Numintec y presidente de CONPYME, en relación a la cátedra universitaria que dirigía Gómez.
2.-Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, donde ya se ha juzgado esta trama en vista oral, en la que están imputados Koldo García, su antiguo jefe José Luis Ábalos y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.
En relación al caso mascarillas, Libertad Digital informa hoy de que Aldama posee una gran cantidad de pruebas que incriminarían a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE). Fuentes del entorno de Aldama consultadas por este medio afirman que "seguirá colaborando con la justicia si no ingresa en prisión".
Mientras que El Debate asegura que el portavoz de Aldama, el periodista Ramón Bermejo, recibió al menos 15 llamadas de Moncloa --de los los equipos de los ministros Félix Bolaños y Óscar López--, entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024, para intentar evitar que el empresario «tirara de la manta».
3.-Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
En relación a este caso, El Confidencial publica hoy que el exmiembro del CNI que declaró ante el juez Zamarriego aseguró que lo que realmente buscaba Díez eran "trapos sucios" del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, para desactivarlo profesionalmente.