Diario de la corrupción sanchista (XCII). El duro alegato del fiscal Luzón: "La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla"

Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1-Caso Mascarillas: Hispanidad ha recogido las declaraciones de los imputados en este caso ante el Tribunal Supremo: el exnúmero 2 del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su ayudante Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama.

Recordemos que el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón --que ha llevado los interrogatorios durante la vista oral-- pide para Aldama un total de 7 años de cárcel por colaborar con la justicia, al revelar pruebas y declarar cómo operaba la trama criminal. Se trata de una pena significativamente menor que la que pide para Ábalos (24 años) y Koldo (19 años y medio). 

Y algunas informaciones apuntaban a que, en su informe final de hoy ante la Sala del Supremo, el fiscal se inclinaría por defender una rebaja de pena aún mayor para el empresario, por haber este colaborado con la justicia, y en contra del criterio de su jefa, la fiscal general del Estado Teresa Peramato. 

Pues bien, así ha sido. Durante la exposición de su informe final, Luzón ha hecho gala de su independencia y no se ha opuesto a una posible rebaja de pena para Aldama: "Si queremos luchar contra las organizaciones criminales debemos recompensar a quienes salen de entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción". "La incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja o exención de la pena es una necesidad, sentida cada vez más, en política criminal para tener prueba de delitos que, de otra forma, difícilmente puede ser alcanzada". "La prueba es tan abundante que su declaración no es decisiva, pero sí lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación". "Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada". 

Se refiere el fiscal Luzón a la petición de rebaja de pena a cinco años y dos meses de cárcel efectuada por el abogado del PP, que lidera la acusación popular y que ha sido objeto de polémica --cómo no-- en las últimas horas en España, con críticas tan hipócritas como la de Patxi López, calificándolo con un "escándalo". 

¿Se acuerdan de cuando el ministro socialista Félix Bolaños indultó al denunciante de la Gürtel, el caso de corrupción que le? No cabe mayor hipocresía por parte del PSOE. 

Pero volviendo al juicio en el Supremo, Luzón ha puesto en valor su trabajo: "Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay es la estricta aplicación de la ley. No precisa la Fiscalía de pactos ni reuniones, de otro lado legítimas, por las que con notable mala fe preguntaban las defensas. Quizás quienes proyectan en la Fiscalía sus propias dinámicas de actuación lo puedan entender". Recuerda que la Fiscalía "mantiene la acusación en tres juicios bien distintos de corrupción política". "Después de 30 años desde aquel primer juicio del caso Roldán, el fiscal no tiene nada por lo que justificarse". 

Luego ha justificado las penas para los acusados: "Se enfrentan a penas graves, pues graves son las conductas que se les imputan". "Cuando, como en este caso, nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, continuada no solo hablamos de la libre competencia. Tampoco de la relevancia del recto funcionamiento de la Administración Pública con arreglo a un sistema de valores protegido por la Constitución. Es mucho más que eso. Es la certeza de que con esta corrupción organizada nada menos que desde un Ministerio está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten, poniéndolas a su servicio. Como las deslegitiman la actuación de los poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción". 

El fiscal ha concluido su alegato con una frase para enmarcar: "La política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla. Por eso solicito que se impongan esas penas, que juzgamos proporcionales y disuasorias".

Previamente, el fiscal Luzón ha bajado al detalle de esta causa. Por ejemplo: «no se trata de establecer un número 1, número 2 o número 3» en la causa, y «desde luego no lo era el número 1 el presidente del Gobierno como con notable desahogo ha tratado de establecer Víctor de Aldama». "Koldo era el asesor, el alter ego, el hombre de confianza, la cadena de transmisión, la sombra de Ábalos. Su palabra era la palabra de Ábalos". "Aldama, mediante el pago de altas cantidades de dinero, era el elemento corruptor".

"Puede sonar extraña una organización criminal con un ministro, si tenemos en mente las organizaciones criminales para el tráfico de droga". "No debe extrañarnos la presencia de un político en la cúspide de la misma o, al menos, en su engranaje", añade el fiscal, quien ha destacado que existe una prueba de cargo «abundantísima, demoledora». "Basta con leer las cadenas de wasaps, que no están cortados...". 

También recuerda que "entre 2017 y 2019, Koldo recibió más de 11.000 euros del PSOE. No explican el incremento patrimonial de Koldo García". "Acreditado que Koldo García cobró esos 10.000 euros, ¿los cobra también Ábalos? No encaja que Aldama pague sólo al subordinado y no a quien tiene la capacidad en las decisiones que pueden beneficiar a Aldama". "Hay una confusión patrimonial entre los patrimonios de Koldo y Ábalos. El dinero que maneja Koldo lo está manejando por cuenta de José Luis Ábalos. Hay más de 90.000 euros que Ábalos no habría compensado a Koldo. Ellos pasaban la mayor parte del tiempo juntos", detalla Luzón. 

"Llama la atención que a Ábalos le parezca poca cosa que le hayan encontrado 94.000 euros sin justificar. Ábalos no precisa de sus cuentas para satisfacer sus necesidades. Koldo se escandaliza de que Ábalos se haya gastado 400.000 euros en un solo año. Su hijo, Víctor Ábalos, también le suministra fondos en efectivo. De dónde saca pa' tanto como destaca, como se preguntaba el viejo cuplé. Esa pregunta deberían habérsela hecho los directores de las sucursales bancarias donde se ingresaron estas ingentes cantidades", destaca Luzón.

Respecto a los contratos de mascarillas para la empresa Soluciones de Gestión SL, el fiscal anticorrupción afirma: "Está plenamente acreditado el control de Ábalos de la operación". "El contrato se concedió de modo arbitrario. El Ministerio de Transportes se cerró a nuevas ofertas. El número de mascarillas lo decide la empresa conforme a sus deseos, no conforme a las necesidades del Ministerio. Se hace en base a un acuerdo con Aldama, que no podía ser modificado". "Existe una segunda compra de mascarillas. Este nuevo encargo es muy difícil justificación. Ya se había ampliado el contrato anterior a ocho millones. Carece de justificación". "En esa fecha, no hay previsión de necesidad de más mascarillas. Para cinco millones más, no hay previsión". "En sí mismo, esto no es delictivo, pero buscaba maximizar el beneficio de Víctor de Aldama (...) y no las necesidades de la Administración". 

Sobre el piso en Plaza de España pagado a Jésica, Luzón apunta: "Es el comienzo de la corrupción, justo después de volver de ese viaje a México que al parecer tanto les hermanó. La relación de Jésica con Ábalos no se discute". "Que el piso era para el disfrute de Jésica y Ábalos está plenamente acreditado". 

Luzón también ha criticado la «colonización» de las empresas públicas por parte del poder político: «Produce desolación ver a las empresas públicas colonizadas y parasitadas por el poder político». "Es tal la conciencia de pleno dominio sobre la sociedades estatales que se identifican a las sociedaddes del Estado con el Gobierno. [Los acusados] Asumen con anturalidad y orgullo el haber colocado a una amiga y se coloca a un asesor claramente incompetente en una empresa pública ‘porque es una tradición’. Ese es el contexto cuasicolonial del que está asumiendo que el deseo del ministro se convierte en exigencia. Hay toda una corte servil [en el escalafón de las empresas públicas] en la que si hay suerte aparece una empleada íntegra, en el caso de Tragsatec, Virginia Barbancho, que alerta del hecho". «Admitía Ábalos que efectivamente buscó empleo a Jésica pero no en empresas públicas ‘porque pagan peor’, me pregunto qué otra posibilidad tenía Ábalos que no fuese una empresa pública para colocar a Jésica a través de la estructura del Ministerio, que es la que utiliza». 

En su turno, la acusación popular, representada por Alberto Durán, abogado del PP, ha comenzado así: "Representamos a millones de españoles. Y son muchos millones más los que con gusto se sentarían con nosotros en estos bancos para pedir humildemente que se haga justicia". También ha destacado el buen hacer de la UCO de la Guardia Civil y que "ha sido un honor aprender del fiscal Luzón". "Frente a la infamante pregunta '¿de quién depende la Fiscalía?', hay fiscales que no se manchan la toga con el barro del camino". 

Durán luego entra en arena con dureza: “Mientras los ciudadanos morían por millares cada día, los acusados se lucraban con la Covid-19. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas y coches oficiales con señoritas o sobrinas, el ministro colocaba a sus amantes y había que buscar residencias vacacionales para Ábalos pagadas con el dinero de todos”. Ábalos "no ha dado ninguna explicación de por qué un empresario paga el piso de la querida del ministro". Añade que es "insólito" e "inexplicable" que "un ministro gane tan poco que su asesor le tenga que pagar los gastos personales". "Salvo que fueran una organización criminal que interpone personas y familiares para que el botín no sea descubierto". "No hay explicación de por qué un empresario pagaba el piso de la querida del ministro. Nos consta que lo ha pagado Escolano, el socio de Aldama. El ministro sabía que no iba a pagar un solo euro por esa casa, se lo iban a pagar Aldama o sus socios. Ellos no utilizaron esa casa nunca, ni tenían llaves". 

"No nos consta la cuantía de los pagos por los contratos de mascarillas, pero sí hay un 'excel' de Aldama que ya colma el delito de cohecho porque refleja que le pidieron 2 millones Ábalos y 500.000 euros Koldo. Algún pago se produjo. Nos dicen ‘es que no han encontrado el dinero’. Claro, nadie va a ser tan idiota de tener el dinero en un cajón o en una maleta esperando a que vayan a intervenírselo", apunta Durán. 

Acerca de la nota de en la que el Ministerio de Transportes apoyó el rescate de Air Europa, Durán ha señalado: "¿Por qué el Ministerio tiene que dar oxígeno a un empresario que pide un rescate en el que ese Ministerio no es competente?". "No le competía hacer esa nota. Por tanto, es un favor para calmar a los acreedores, para decirle a Air Europa ‘el Gobierno te va a ayudar’. ¿Qué hubiera pasado si Hidalgo va con esa nota a un banco? Es un aval suficiente para que le den un crédito". 

2-.Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".

En relación a este caso, El Mundo informa hoy de que el Ejecutivo sanchista se escuda en un decreto de hace seis años para no proporcionar información sobre las presuntas relaciones de Zapatero con Plus Ultra. 

Por otra parte, El Confidencial publica que el expresidente Zapatero gestionó reuniones de Beatriz Corredor con los empresarios que pagaron a su amigo Julio Martínez. 

3-. Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que  fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. 

Respecto al caso Leire Díez, VozPópuli apunta hoy que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe que aporta nuevos indicios sobre la trama de presuntos amaños de contratos públicos protagonizada por Díez y Vicente Fernández.