Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1-Caso Mascarillas: Hispanidad ha recogido las declaraciones de los imputados en este caso ante el Tribunal Supremo: el exnúmero 2 del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su ayudante Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama.

Para este último, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón --que ha llevado los interrogatorios durante la vista oral-- había pedido un total de 7 años de cárcel por colaborar con la justicia, al revelar pruebas y declarar cómo operaba la trama criminal. Se trata de una pena significativamente menor que la que pide para Ábalos (24 años) y Koldo (19 años y medio). 

Pero, en vista de lo ocurrido en el juicio, es decir, de la actitud colaborativa de Aldama, la intención de Luzón era incluso rebajar algo más la petición de años de cárcel para el empresario, según informan algunos medios. Sin embargo, la Fiscal General del Estado Teresa Peramato habría ordenado a Luzón —según VozPopuli o El Mundo— que no rebaje más la pena de cárcel para Aldama, debido al monumental enfado del presidente Pedro Sánchez tras escuchar cómo el comisionista le situaba como "el uno" de la trama. Pues bien: según informa Libertad Digital, Luzón podría discrepar "públicamente" en su informe final de la orden de Peramato y pedir al alto tribunal una menor pena para el comisionista al apreciar una atenuante "para rebajar uno o dos grados la petición de pena para Aldama". Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "aunque la Fiscalía no haya pedido una rebaja en la petición de pena para Aldama apreciando una atenuante cualificada o muy cualificada por su arrepentimiento o colaboración con la justicia, el tribunal sí puede apreciarlas de oficio (por iniciativa propia) si los hechos probados en el juicio las justifican". 

De esta manera, Luzón demostraría una vez más su independencia. 

No obstante, la jugada de Peramato supone una bomba en la línea de flotación de la costumbre según la cual, los arrepentidos que colaboran con la justicia pueden beneficiarse de rebajas penales. 

Volviendo a Ábalos, según informa hoy El Debate, el exnúmero 2 del PSOE habría pactado el cobro de una comisión de una obra del AVE de 70 millones, según las nuevas pesquisas de la Guardia Civil.

Mientras que The Objective señala que la SEPI avisó a María Jesús Montero de que Ábalos medió en favor de Aldama, que estaba interesado en  los edificios del llamado Complejo Campos Velázquez alquilados al Instituto de Empresa, donde trabajaba la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. 

Relacionado

2.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que  fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. 

En relación a este caso, el juez Zamarriego ha requerido al PSOE que, en un plazo de diez días, le explique por qué pagó 15.612,04 brutos euros a Leire Díez. Hasta ahora, la explicación de Ferraz ha sido que se los pagó "por sus servicios como periodista".