Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que la semana pasada fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. 

Según El Confidencial, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el bloqueo de las cuentas de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el dueño de la empresa Servinabar, Joseba Antxon Alonso, con el objetivo de imposibilitarles otros delitos. 

2.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En  este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-.

En relación a este caso, el abogado de Ábalos, Luis Chabaneix, dice hoy en ABC: «El exministro es el chivo expiatorio, la purga, para sacar del foco otras responsabilidades». El jurista cree que su cliente es «una pieza fácil a la que disparar» pero advierte: «Cuando una cosa es muy evidente, realmente no lo es tanto». 

También dentro del caso Koldo han surgido informaciones en torno a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), que durante la pandemia era presidenta del Gobierno balear. Según informa hoy El Mundo, Armengol incumplió la normativa -expedientes sin informes técnicos y que no comprobar correctamente la entrega del material- en decenas de pagos de la pandemia, según los auditores encargados pro el actual Gobierno balear regional (del PP). 

3.-Caso o trama Hidrocarburos: Esta trama corrupta consistía en pagar a políticos para lograr concesiones para operar tanto al por menor (licencias para gasolineras) como al por mayor (grandes distribuidores de crudo, etc). Y también, en crear empresas pantallas (empresas falsas, también denominadas 'truchas', que aparecen y desaparecen rápidamente para dificultar su rastreo) para evadir el pago de impuestos (el especial de hidrocarburos y el IVA). En esta trama están siendo investigados por la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas.

En relación a este caso, La Razón informa hoy de que Anticorrupción ha localizado al menos tres reuniones del jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto con la red del fuel de Víctor de Aldama. 

Por su parte, Libertad Digital publica que la UCO está investigando el papel del Ministerio de Industria, dirigido entonces por Reyes Maroto, en la trama de los hidrocarburos pues este ministerio disponía de la información en materia de precios, comercialización y actividad de las empresas, y en consecuencia tuvo que conocer los movimientos de la empresa Villafuel, acusada de un fraude del IVA de los hidrocarburos de 182 millones de euros.   

4.- Caso Plus Ultra-Zapatero: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un rescate en el que pudieron haberse cometido ilegalidades. 

También según Libertad Digital, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de María Jesús Montero ocultó información durante 2 años a la Comisión Europea sobre el rescate de Air Europa y Plus Ultra. En un escrito, la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, reconoce que el informe "no se pudo facilitar durante la auditoría".    

5.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

OK Diario aporta que ayer lunes, algunos cargos de la empresa Deloitte le dijeron al juez Peinado que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, acompañó a la mujer de Pedro Sánchez, a algunas reuniones sobre la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aunque no intervenía en ellas. 

En relación a este caso, la Audiencia de Madrid ha anulado la decisión de Peinado de pedir a Moncloa todos los correos electrónicos de Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno por incumplir "los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad". Eso sí, el viernes pasado, la Audiencia de Madrid le dio la razón al juez al avalar su investigación a Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación.