Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. Dentro de la primera derivada del caso Leire Diez, surgió el nombre de la empresa Forestalia, que cobró gran fama hace unos años por ser la gran adjudicataria en las subastas de las energías renovables y que está siendo investigada por presunta corrupción: esta empresa se habría visto favorecida por evaluaciones ambientales manipuladas a cambio de dinero o favores.
En la segunda ramificación del caso -las operaciones de cloaca-, el juez Zamarriego ha citado hoy viernes a un exagente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual declarará protegiendo su identidad (voz distorsionada y rostro tapado), según informa La Razón, que añade que este testigo estuvo presente en una reunión en la que también participaron la propia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, y en la que se realizó una videollamada al empresario Alejandro Hamlyn. El testigo trabajaba entonces para la empresa de Hamlyn. En el transcurso de la reunión, se abordó la necesidad de obtener información sobre el entonces jefe operativo de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, para desacreditarlo.
2.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. La mujer del presidente también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
El Mundo recige hoy que, si bien es verdad que la Fiscalía de este caso ha solicitado a la Audiencia provincial de Madrid el archivo de la causa contra la mujer del presidente, sin embargo sí reconoce que algunas de sus actuaciones son ética y estéticamente cuestionables, con estas palabras: "Más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones".
O por ejemplo, en este otro párrafo que recoge este mismo medio: "Hay determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente, y resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder". "Es una cuestión de índole política o de realizar una regulación apropiada sobre las incompatibilidades y el papel que deben jugar cónyuge o familiares de cargos públicos", añade el fiscal José Manuel Baldomero.