Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
En la Comisión del Senado sobre el caso Koldo, ha sido citado hoy a declarar Sergio Sánchez, "exsocio de Análisis Relevante de 2020 a 2025, exdirector de Análisis y Coordinación de Contenidos de Telefónica de 2018 a 2022, Director de Comunicación Institucional y Relaciones con los Medios en 2022 y 2023, y de Relaciones Institucionales de Indra entre 2023 y 2025, y actual Director de Relaciones Institucionales de Movistar", detalla la nota de prensa del Senado.
Cabe recordar que El Mundo publicó el pasado 31 de enero que Análisis Relevante SL pagó a José Luis Rodríguez Zapatero 450.000 euros por "asesorías globales", "a través de informes, reuniones, viajes, seminarios o publicaciones". Posteriormente, el pasado 25 de febrero, El Mundo añadió que el verdadero autor de los citados informes era Sergio Sánchez, que tenía el 25% del capital de Análisis Relevante y que cobró por esos trabajos 18.000 euros en 6 años (en comparación con lo que cobraron Zapatero y sus hijas). El Mundo afirma que Zapatero, presuntamente, aportaba ideas para esos informes, que luego redactaba Sergio Sánchez, y que las hijas de Zapatero después maquetaban.
El 24 de febrero, El Confidencial había publicado que Sergio Sánchez controló entre 2019 y 2025 una participación del 25% de Análisis Relevante SL, la empresa que presuntamente desvió fondos de Plus Ultra (la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros).
Por todas estas cuestiones ha sido interpelado Sergio Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo, pero se ha negado a responder y tan solo ha leído una declaración al comienzo del interrogatorio: "Procedo, pues con su permiso, señoría, a contestar su pregunta y todas las que puedan plantear en esta sesión con el relato fiel, cabal y verdadero de los hechos que tienen relación conmigo y que yo he podido conocer. Un relato de los hechos que coincide punto por punto con el que compartí con total transparencia con los periodistas que me preguntaron, por mi relación con análisis relevante. Los hechos señorías son los siguientes. Conocí a Don Julio Martínez Martínez en noviembre de 2019, señor Martínez Martínez tenía la intención de crear una empresa de consultoría estratégica y asuntos públicos a la que me invitó a participar como socio. La empresa finalmente denominada Análisis Relevante se constituyó en febrero de 2020. Desde la formación de la compañía hasta su disolución, el señor Martínez Martínez asumió plenos poderes y el cargo de administrador único. Yo poseía un 25 % del accionariado. Participación por la que desembolsé 1000 euros que perdí junto con mi participación accionarial tras realizar el administrador único, en marzo de 2025, una operación de reducción y simultánea ampliación de capital de la sociedad. En los cinco años de mi relación con Análisis Relevante redacté y preparé para su difusión de forma ocasional informes de fuentes abiertas, que la agencia encargada de su maquetación denominada ‘What The Fav' se encargaba hasta donde yo puedo saber de enviar a una lista de clientes potenciales.
Se organizó también un par de encuentros o seminarios web de convocatoria pública. El objeto de todas estas iniciativas, incluidos los informes que yo preparé, era la captación de clientes.
Eso era al menos lo que yo pensaba.
Durante el tiempo que tuve relación con Análisis Relevante, en ningún momento se me informó de la existencia de cliente alguno y se descartó desde el principio que pudieran ser clientes las empresas para los que yo trabajé durante esos años.
Quiero aclarar también que mi colaboración con Análisis Relevante es anterior a mi reincorporación a Telefónica en 2025.
Me gustaría poner de manifiesto que nunca participé en reuniones con empresas, ni realicé tareas de asesoramiento o informe oral para ninguna compañía en nombre de Análisis Relevante.
Tampoco tuve nunca cargo alguno en Análisis Relevante, ni tarjetas de visita de la empresa, ni hice labores de representación o para ella o en su nombre.
Cobré por la redacción y preparación de dichos informes, incluida la supervisión de la maquetación y edición, un total de 18.000 € brutos a lo largo de cinco años en los que tuve relación con dicha sociedad.
No percibí ninguna otra remuneración, ni en especie ni dineraria.
Todas las operaciones que realicé fueron declaradas Hacienda.
Todo lo dicho puede ser demostrado documentalmente.
Aclarado todo lo anterior, entenderán que como ciudadano particular considere respondidas en lo que a mí respecta, las preguntas que sus señorías en su legítimo derecho quieran plantear. En la medida en que quiero evitar, además que mis palabras puedan ser interpretadas desde la lógica de un legítimo debate político partidista".
2.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
En relación a este caso, Libertad Digital publica hoy que fuentes que investigan el caso de las cloacas del PSOE -que instruye el titular del Juzgado de Instrucción n.º 9, Arturo Zamarriego- sospechan que Pedro Sánchez dio la orden de montar las cloacas durante los cinco días de reflexión que se tomó tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. Fuentes consultadas por LD afirman que "la tesis principal de investigación es que Sánchez ordenó proteger a toda costa a su esposa esos días".
3-Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo -la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, donde ya se está juzgando esta trama en vista oral, en la que están imputados Koldo García, su antiguo jefe José Luis Ábalos y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.
En este juicio sobre las mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declaró como testigo -y por escrito-, acerca de su relación con Koldo, que «al parecer, me envió algún mensaje, no lo recuerdo ni tengo constancia de ello».
Pero el informe de la UCO de la Guardia Civil conocido ayer revela al menos 65 mensajes intercambiados entre ella y el ayudante de José Luis Ábalos, en el marco de las gestiones para lograr contratos de mascarillas en Baleares con la empresa Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. En esas gestiones se implicó personalmente Armengol, según la UCO.
Es decir, que Armengol mintió descaradamente al Tribunal Supremo, lo que constituye un delito. Y ya solo por eso debería dimitir como presidenta del Congreso, cosa que ya hubiera ocurrido en cualquier país mínimamente serio.