Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción —presunta o no presunta— de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) ha investigado a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. El juez también acusa a Gómez en su auto de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera y para "favorecer intereses estrictamente privados”. "Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", decía el juez en su auto. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno. 

Como recogió ayer Hispanidad, el juez Peinado dictó ayer lunes un auto de procesamiento para Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado ha dejado fuera el delito de intrusismo profesional por falta de indicios "sólidos". En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En su auto, el juez da «un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto a la apertura del juicio oral». Las acusaciones deberían especificar cuántos años piden para la esposa de Pedro Sánchez, aunque Hispanidad ya adelantó que podrían pedir hasta 15 años. Todo apunta a que el juicio será con jurado popular.

Hoy, desde China, el marido de Begoña ha declarado, escuetamente: “Le pido a la justicia que haga justicia, estoy convencido de que el tiempo va a poner a todos en su sitio".

Claro que, el papel de 'malo de la película' se lo dejó a su lugarteniente y ahora su 'chico de los recados', el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que realizó las siguientes declaraciones: «Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que, seguramente, en muchos aspectos, será irreparable. Pero, no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer».

Pero es que, no contento con eso, según informa hoy El Confidencial, Bolaños está presionando a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para que sancione al juez Peinado, en una maniobra que confirma precisamente la denuncia que hace el instructor del caso Begoña en su auto, cuando acusa a Begoña de conductas propias de un régimen absolutista: "Habría que remontarse a Fernando VII". 

Pues bien: esta actitud y declaraciones de Félix Bolaños, sonrojantes para el estado de derecho, marcando el camino a los jueces de instancias superiores sobre lo que deben sentenciar, han sido respondidas por la Asociación Judicial Francisco de Victoria, que ve en ellas "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes":

Por su parte, el magistrado y expresidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, en unas declaraciones en el programa Horizonte (Cuatro), opinaba que las declaraciones de Bolaños son "un despropósito, una falta de respeto institucional que todo un ministro de Justicia se pronuncie en esos términos contra un juez por una resolución que no le gusta. Un ministro no puede hacer ese desdoblamiento y lo ha hecho en un acto convocado por él mismo para presentar unas becas para unas candidaturas".

Otro frente que ya se nos había olvidado es el de la Fiscalía Europea, que ultima la investigación de los tres contratos públicos adjudicados por Red.es a Juan Carlos Barrabés tras presentar este unas cartas de recomendación de Begoña Gómez. El caso es que se trataba de dinero público europeo (10,6 millones de euros) y por eso la Fiscalía Europea solicitó al juez Peinado varios informes, entre ellos uno de la Guardia Civil y otro de Hacienda. Peinado los envió ayer lunes. Por cierto, Barrabés se ha deshecho de la empresa adjudicataria, Innova Next, y la ha vendido por un euro.

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2.-Caso o trama Hidrocarburos: Esta trama corrupta consistía en pagar a políticos para lograr concesiones para operar tanto al por menor (licencias para gasolineras) como al por mayor (grandes distribuidores de crudo, etc). Y también, en crear empresas pantallas (empresas falsas, también denominadas 'truchas', que aparecen y desaparecen rápidamente para dificultar su rastreo) para evadir el pago de impuestos (el especial de hidrocarburos y el IVA). En esta trama están siendo investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas (el cual tenía una empresa denominada Villafuel). El presunto fraude asciende a, al menos, 182,5 millones de euros en el IVA por parte de la trama. 

En relación a este caso, The Objective publica hoy que Claudio Rivas pagaba safaris y otros gastos privados a través de la empresaria Carmen Pano.