Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) ha investigado a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. El juez también acusa a Gómez en su auto de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera y para "favorecer intereses estrictamente privados”. "Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", decía el juez en su auto. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
El juez Peinado ha dictado este lunes un auto de procesamiento para Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado ha dejado fuera el delito de intrusismo profesional por falta de indicios "sólidos". En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En su auto, el juez da «un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto a la apertura del juicio oral». Las acusaciones deberían especificar cuántos años piden para la esposa de Pedro Sánchez, aunque Hispanidad ya adelantó que podrían pedir hasta 15 años.
El juicio será con jurado popular.
Ya ha se ha producido una reacción gubernamental a esta noticia. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fiel a su jefe Pedro Sánchez, ha calificado así la decisión del juez peinado: «Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida, creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país». «Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que, seguramente, en muchos aspectos, será irreparable. Pero, no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer».
¿Está adelantando Bolaños un posible recurso al TC, controlado por el sanchismo, si le vienen mal dadas a la esposa de Sánchez? No lo duden. Sí.
Por otra parte, la semana pasada, en el juicio que se desarrolla en el Supremo por la trama de las mascarillas, hubo una testigo, Leonor González Pano (hija de Carmen Pano) quien insistió en las declaraciones que realizó a El Español, en mayo de 2025, cuando contó que Víctor de Aldama "me dijo que los Hidalgo habían entregado 500.000 euros" por el rescate de Air Europa. En sus declaraciones a ese medio, González Pano reveló que ese dinero lo entregó "Pepe Hidalgo" a Koldo García y al propio Aldama para pagar a Ábalos por las gestiones que este llevó a cabo para lograr el rescate de la aerolínea por la SEPI. Luego, su madre, la empresaria Carmen Pano, también ratificó que Aldama le contó que los Hidalgo pagaron 500.000 euros por el rescate estatal de la aerolínea.
Cabe recordar que en noviembre de 2025, por segunda vez, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Peinado que dejase de investigar el rescate de Air Europa por “carecer de fundamentación”.
Pues bien: el viernes 10 de abril The Objective y El Debate informaron de que el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha decidido investigar el rescate de Air Europa, efectuado por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros de dinero público, por un posible delito de prevaricación. La decisión de este juzgado llega tras la denuncia de la asociación Manos Limpias e implica la investigación a Bartolomé Lora, el número 'dos' de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
2-Caso Koldo, pieza de las mascarillas: Como ha ido recogiendo Hispanidad, en el Tribunal Supremo se está juzgando una derivada del caso Koldo, la trama de las mascarillas, en la que están imputados Koldo García, su antiguo jefe José Luis Ábalos y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.
En la sesión de hoy, la testigo Josefa Pérez (gerente de servicios de Soporte de Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes) ha reconocido que la contratación exprés de Jésica, la exnovia de Ábalos, "no es el procedimiento habitual". Aunque, una vez incorporada, "no teníamos ningún indicio para pensar que no estaba trabajando". Preguntada por el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, quién decidió contratarla, ha respondido: "Lo desconozco".
El siguiente en declarar ha sido Manuel Pérez, un amigo de Víctor Ábalos (hijo del exministro de Transportes), quien ha contado que Koldo García contactó con él para pedirle que le buscara un alojamiento en Málaga: "Koldo es una persona agradecida y me dio las gracias en un mensaje". Ha relatado que desaconsejó a Víctor Ábalos la compra de la vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) porque su precio no era “interesante”. “Hice un análisis de la vivienda sobre la zona. Sobre el contrato no”.
Por su parte, Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis (investigado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo), ha declarado como testigo en este caso. Preguntado por el fiscal por su presunta participación en la trama de mascarillas, ha respondido: “Víctor [Aldama] me dijo que España estaba en una situación crítica, que no había material, y que si podía mover algo con mis contactos”. Ha reconocido que con Aldama tenía buena relación.
También ha declarado como testigo esta mañana Manuel Salles, investigado por la Audiencia Nacional por la trama del supuesto fraude en el sector de hidrocarburos y que contrató a Koldo tras su salida del Ministerio. Sobre éste, ha señalado que lo que buscaba era "que me dijera con quién tenía que hablar" dentro de los ministerios. Pero ha añadido: "Yo creía que tenía más influencia de la que en realidad tenía". "El perfil del señor Koldo no es de asesor, es de alguien que ha tenido mucha vida y que ha dado muchas vueltas". Salles ha negado haberse reunido con el actual ministro Ángel Víctor Torres en Canarias: "No es cierto y esto me tiene muy enfadado". "Esto me ha hecho mucho daño. No he estado nunca en Canarias ni en Venezuela".
El testigo Claudio Rivas -socio de Víctor de Aldama, dueño de la empresa Villafuel e investigado por la Audiencia Nacional en la causa de los hidrocarburos-, se ha negado a declarar en la vista oral de hoy.
También se ha negado a declarar como testigo Javier Serrano, otro socio de Aldama también investigado por la Audiencia Nacional. Al negarse a declarar hoy, la sala ha ha acordado que se lea su declaración en la instrucción que llevó a cabo el juez del Supremo Leopoldo Puente.
La también testigo Patricia Uriz (expareja de Koldo García e investigada en otra rama del caso Koldo en la Audiencia Nacional) ha respondido solo a las preguntas de su abogada. Ha concretado que no estaba casada con Koldo y por tanto tenían separación de bienes. Sobre el dinero en efectivo que encontró la UCO ha dicho que estaba guardado en "un armero que estaba bajo llave". "Lo teníamos guardado ahí, como haría cualquier persona que tenía un lugar muy seguro". De ese dinero, había dos partes: "uno que era mío (13.000 euros de mis ahorros) y 11.000 para gastos y reparaciones". "Como no tengo acceso a mis dispositivos, no puedo defenderme", ha señalado Uriz.