Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
En relación a este caso, Vicente Fernández ha sido citado a declarar en el Senado, ante la Comisión de Investigación por las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI, donde no ha querido realizar declaraciones. Solo esta: "Me acojo a mi derecho legal a no declarar".
Cabe recordar que ayer, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, reconoció en esa misma comisión del Senado que siguió despachando sobre asuntos oficiales con Vicente Fernández, tras el cese de este.
También respecto al caso Leire Díez, El Confidencial informaba hoy de que la propia Leire entregó al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías un disco duro con información comprometedora sobre jueces, fiscales, policías y guardias civiles, en septiembre de 2024, poco después de saltar el escándalo de las cloacas del PSOE.
Pues bien: el propio Zarrías ha declarado hoy como testigo ante el juez Arturo Zamarriego, en el marco del caso Leire Díez, que la fontanera del PSOE le hizo entrega de un USB con datos de sus investigaciones (efectuadas durante 3 años), aunque algunos medios dicen que esa información era relativa al caso ERE andaluz. El juez le ha requerido esa documentación y este ha facilitado al juzgado una copia, aunque el magistrado también le ha pedido el ordenador donde, según ha dicho, volcó toda la información.
Zarrías también ha reconocido ante el juez que, por medio de una sociedad, le pagó un total de 16.000 euros (4.000 euros al mes durante 4 meses) a Leire Díez para que investigara si José Manuel Villarejo estaba detrás del origen del 'caso ERE'. Aunque ha señalado que las investigaciones de Díez concluyeron que el comisario jubilado no tuvo relación con ese caso.
Cabe recordar que Zarrías fue condenado por el caso ERE a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y luego el Tribunal Constitucional anuló esta condena (alegando que se vulneraron derechos fundamentales en la sentencia previa), en uno de los mayores escándalos acaecidos an la oscura etapa de la historia de España denominada 'sanchismo'.
2-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
En relación a este caso, The Objective informa hoy de que Julio Martínez constituyó dos de sus sociedades en el chalé vacacional de José Luis Rodriguez Zapatero, situado en la urbanización El Mirador de Vera (Almería). Para los investigadores de la UDEF, este hecho consolida la hipótesis de Julito Martínez como supuesto «testaferro» del exlíder socialista.
Por su parte, El Mundo publica hoy que Aldama ya había encargado a un catering dos cenas para celebrar en un chalé de El Viso, en Madrid, los días 20 y 21 de enero de 2020, con la asistencia de la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y al menos cinco ministros del Gobierno de España (Maria Jesús Montero, Teresa Ribera, Grande Marlaska, Salvador Illa y José Luis Ábalos). Esas cenas fueron canceladas tras el revuelo que se montó porque Delcy tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen.
3-Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, donde ya se está juzgando esta trama en vista oral, en la que están imputados Koldo García, su antiguo jefe José Luis Ábalos y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.
Ayer, en el Tribunal Supremo, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera manifestó su perplejidad por el hecho de haberse encontrado en el despacho del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a los también investigados Koldo y Aldama: «Me encontraba a Koldo y Aldama en el despacho del ministro», cuando Ábalos no estaba allí.
Cabe recordar que Pardo de Vera está siendo investigada en el marco del 'caso Koldo', por presuntamente haber contribuid a enchufar a la exnovia de Ábalos, Jéssica, y por la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones.
En una entrevista con OK Diario, Pardo de Vera solo reconoce una culpabilidad: «Lo único que se me podría achacar es haber pasado un currículum de Jéssica a la presidenta de Ineco».