Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, que ha decretado para el próximo 7 de abril la apertura del juicio oral. 

Hoy Vozpopuli publica una entrevista con Ábalos, desde prisión, en la que este afirma: "Me molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él".

Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2025, el presidente del Gobierno aseguró en una entrevista, sobre José Luis Ábalos: "Una cosa es que tuviera una gran confianza política en él, pero en la parte personal era un gran desconocido para mí". 

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió  enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".

Hoy, Libertad Digital publica que un particular ha denunciado ante la Agencia Tributaria a Zapatero con la intención de que se efectúe  una "investigación integral y no fragmentada" del conjunto de su actividad económica "opaca". Según este medio, Hacienda ya está obligada a investigar al expresidente porque este reconoció en la Comisión Koldo del Senado que había viajado a Venezuela en aviones de la petrolera venezolana Pdvsa. 

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3.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. El juez también acusa a Gómez en su auto de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera y para "favorecer intereses estrictamente privados". "Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", decía en su auto. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno. 

Recordemos que el próximo 1 de abril están citados a declarar por el juez Peinado: Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. 

El mundo mediático, político y económico del país se encuentra en máxima expectación ante la decisión que pueda tomar ese día el juez instructor, que podría ser mandarlos ya a juicio oral con un jurado popular, que es algo a lo que este jueves se ha opuesto el abogado de Gómez, Antonio Camacho, mediante un recurso de forma, acusando al juez de “conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno” y alegando que se la está investigando “por ser la cónyuge del presidente del Gobierno”. Y es que en Moncloa saben que es mucho más fácil que un jurado popular vea, por ejemplo, 'enchufismo', en las conductas de la mujer del presidente… 

Y en el caso de Barrabés, hay que recordar que también está siendo investigado por la Fiscalía europea por posibles delitos de de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, es decir, por presuntas irregularidades en contratos financiados con fondos públicos europeos, concretamente por cómo se le adjudicaron determinados contratos, por si se produjo trato de favor o influencias indebidas. 

En cualquier caso, veremos lo que ocurre el 1 de abril con Begoña Gómez, investigada por esos cinco delitos por los que las acusaciones calculan que se podrían pedir -otra cosa luego es la decisión de la justicia- hasta 15 años de cárcel...