Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. 

Ayer recogió Hispanidad que el empresario Víctor de Aldama entregó, por fin, al juez Moreno, el pasado día 12 --en secreto, por seguridad--, el sobre con pruebas de la presunta financiación irregular del PSOE que afectaría, además, a la Internacional Socialista que preside actualmente Pedro Sánchez, según Aldama.

Hoy resuenan los ecos de la entrega del sobre --que ya está en la caja fuerte del juzgado-- que filtró El País. El propio Aldama cree que la filtración ha sido "interesada" para poder sufrir más amenazas de muerte, que se han visto incrementadas en los últimos meses, desde que habló del famoso sobre. Y recuerda cómo su coche apareció tiroteado en noviembre de 2024, en lo que él interpreto como un aviso para que no siguiera hablando. Por todo ello, reclamaba más seguridad para él y su familia y pedía ayuda a PP y Vox para echar al Gobierno: «España se va a la mierda y yo solo no puedo». 

En cuanto a la declaración en sí ante el juez Ismael Moreno, que duró dos horas, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que fue "muy muy potente" y una "bomba" para Moncloa.

También en relación a este caso, El Español ha publicado que la UCO de la Guardia Civil está investigando al empresario venezolano Francisco Flores Suárez, vinculado al narcotráfico y al sobre que Aldama entregó al juez Moreno y que contiene una puesta a disposición de un cupo de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. 

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2.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, , que ha decretado para el próximo 7 de abril la apertura del juicio oral, en el que declararán Ábalos, Koldo y Aldama, entre otros, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (expresidente de Canarias); y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (expresidenta de Baleares).

En cuanto al caso Koldo, El Confidencial ha informado de que la constructora Acciona, en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción, reconoce haber pagado 63 facturas a la Editorial Iparraguirre, grupo mediático de cabecera del PNV, que edita el diario Deia y que forma parte del Grupo Noticias (que edita Diario de Noticias, periódico navarro de línea editorial nacionalista vasca).