Tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), han fallecido ya 41 personas -37 cadáveres están en el anatómico forense en Córdoba y cuatro cuerpos se hallan aún en la zona del accidente- y un total de 39 se encuentran ingresadas en hospitales, 13 de ellas en la UCI. 

Al parecer, la principal hipótesis que manejan las investigaciones como causa del siniestro es una rotura en la vía. No obstante, falta saber si se trata de "causa o consecuencia" del accidente. 

En cualquier caso -vaya por delante el respeto a las víctimas y a sus familiares-, ya se pueden empezar a exigir responsabilidades políticas, que es exactamente lo que hizo el PSOE y el izquierdismo en general a los dos minutos del atentado del 11-M en Madrid, año 2004, gobernando José María Aznar (PP), al que llamaron “asesino”; a los dos minutos del petrolero Prestige que derramó su fuel por la costa gallega, en noviembre de 2002, siendo presidente del Gobierno José María Aznar (PP) y de la Xunta Manuel Fraga (PP); a los dos minutos del accidente del metro de Valencia en julio de 2006 (43 personas fallecidas) -la alcaldesa de la ciudad de Valencia era Rita Barberá (PP)- a la que llamaron “asesina”; y a los dos minutos del desastre de la DANA de Valencia, en octubre de 2024 (más de 200 fallecidos), gobernando Carlos Mazón (PP), al que llamaron “asesino”. 

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Según informa hoy VozPopuli, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, eliminó el pasado verano la Unidad de Emergencias y Seguridad y Gestión de Crisis (UECGC) del Ministerio de Transportes, una unidad formada en 2012 con el objetivo de coordinar, en el ámbito de la seguridad, a las empresas estatales relacionadas con el transporte, como Adif, Renfe y Aena. 

Y sobre esto cabe exigir responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez y en particular al ministro de Transportes, Óscar Puente. 

Por otra parte, según publica El Debate, el Ejecutivo sanchista ha financiado la modernización de los trenes en otros países como Marruecos, con hasta 755 millones, mediante préstamos ventajosos, con la condición de que contraten a empresas españolas. Pero según esta información, esos préstamos no siempre se devuelven. Y mientras, la red ferroviaria española sigue deteriorándose...

Y sobre esto, de nuevo, cabe exigir responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez y en particular al ministro de Transportes, Óscar Puente. 

Por otra parte, según publica hoy The Objective, el gestor ferroviario ADIF adjudicó en 2023 a una UTE un «proyecto de renovación de desvíos en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla». De esa UTE formaba parte la constructora andaluza Azvi. Y se da la circunstancia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando los contratos de ADIF con esta empresa. 

Azvi, bajo el ministerio de José Luis Ábalos, recibió 165 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes, de acuerdo con una investigación de la UCO, según añade esDiario. 

Y mientras, desde la cadena de televisión pública TVE, tan agresiva con Carlos Mazón (PP) por su mala gestión de la DANA, se echa en falta una crítica a la gestión del Gobierno sanchista y, por el contrario, se saca el comodín de Franco:

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