Adif -Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-, entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de construir, gestionar y mantener la red ferroviaria de alta velocidad y convencional en España- ha subido hasta 230 kilómetros por hora la velocidad máxima de los trenes AVE en el trayecto Madrid y Barcelona.

Lo ha hecho tras arreglar una rotura en la vía. Y recordemos que una rotura en la soldadura de una vía es la principal hipótesis con la que trabaja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como causa del reciente accidente en Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas, el pasado 18 de enero. 

Relacionado

Hay que insistir en que Adif depende directamente del Ministerio de Transportes, que en la actualidad dirige Óscar Puente, quien se ha dedicado a mentir a los españoles, tal y como resumió ayer, perfectamente, el periodista Vicente Vallés: 

Por otra parte, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy". Lo cual es noticia, porque ayer los usuarios de Rodalies en Cataluña sufrieron un auténtico calvario. 

Desde el PP, su presidente Alberto Núñez Feijóo denuncia que nadie ha dimitido tras la desastrosa gestión: 

Mientras, Vox ha registrado en el Congreso la reprobación de Óscar Puente, aunque eso de poco va a servir:

Por su parte, tras el consejo de ministros, Puente ha anunciado un plan de ayudas para las víctimas: "Las víctimas tienen derecho a una asistencia total y todo eso se aplicará con el máximo respeto. Las víctimas no pueden esperar años para recibir el dinero que necesitan para reorganizar su vida, sus desplazamientos... Queremos establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones". "No vamos a consentir lo mismo que pasó en Angrois y que estén esperando 10 años las ayudas". "Esto no se trata de poner precio al dolor, no queremos que las familias tengan una sensación de angustia económica y desamparo institucional". 

Las ayudas se concretarán así: los familiares de las personas fallecidas recibirán 216.000 euros: 72.000 a fondo pedido, 72.000 seguro responsabilidad civil y otros 72.000 del seguro obligatorio.