El pasado 9 de febrero se cumplió el segundo aniversario del asesinato de los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Jiménez, en Barbate (Cádiz), cuando su zodiac de apenas 5 metros fue arrollada por una narcolancha de 14 metros de eslora, tripulada por los narcos. 

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Dos años después de ese trágico suceso, Paqui, la madre de Miguel Ángel, denunciaba en una entrevista en la COPE: "Lo que más me duele es que sigan diciendo que no hay narcolanchas por Cádiz, están constantemente". 

 

 

La desvergüenza e incompetencia del Gobierno alcanzó el sumun cuando se supo que la Abogacía del Estado no se había dignado personarse como acusación en este caso, según reveló OK Diario, medio que poco después añadía que se había personado..., pero por el «delito de daños» a la embarcación de la Guardia Civil arrollada, la zodiac. 

Además, el 10 de noviembre de 2025, una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) --que había visitado previamente la zona del suceso-- emitía un informe muy crítico con el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, afeándole el desmantelamiento —en el año 2022— de la unidad policial antidroga OCON-Sur, la unidad de élite policial contra el narco que tan buenos resultados había obtenido, y le instaba a recuperarla.

Poco después, en Andalucía, en una operación antidroga de agentes de la Policía Nacional, los narcotraficantes les dispararon con armamento de guerra, concretamente con un fusil Kalashnikov (AK-47). Uno de los policías nacionales resultó herido de gravedad.  

No es de extrañar la indignación de sindicatos como Jucil: