Consejo de Ministros del martes 11 de abril. Este gobierno gobierna poco, sólo manda. De hecho, lo que hace cada martes es repartir subvenciones, bastante rácanas, dicho sea de paso.

Y cuando gobierna, resulta que no tiene apoyos parlamentarios para aprobar sus proyectos de ley. Total, que se dedica a repartir subvenciones y a comprar votos... mayormente. 

Porque lo que no está mal es que hoy haya presentado un anteproyecto de ley de mejora educativa que muy probablemente nunca verá la luz si Junts sigue jugando a bloquear la legislatura. 

Veamos, la nueva ley educativa de la ministra portavoz -titular de Educación-, Pilar Alegría, reduce el número de horas lectivas de los profesores y el número de alumnos por aula. A saber: el aula de alumnos de primaria pasa de 25 niños a 22 y en la enseñanza secundaria obligatoria de 30 a 25 alumnos. En seis meses, la reducción de alumnos llegará a las dos enseñanzas no obligatorias: infantil y bachillerato.

Y, sobre todo, reduce la jornada de los docentes de 37 a a 32 horas semanales, en Primaria, y de 23 a 18 horas semanales en la ESO.

Tiene gracia, porque a Pilarín se le ha escapado que esta ley, aún en anteproyecto ya ha sido dialogada con profesores y sindicatos. Este es el problema: que no han hablado ni con los niños o, si estos son pequeños, con los padres titulares del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza. Ya se sabe para quién trabaja el Ministerio de Educación; para los docentes que no para los discentes, que debería ser el objetivo primero y último. 

Pero dice Pilarín: es como en el Covid, hay que cuidar a los que nos cuidan. Hombre, si trasladamos ese mismo mandamiento a la enseñanza, debemos concluir que hay que enseñar a los que enseñan, que son 'mucho ignorantes'.

Por lo demás, ya se imaginen ustedes contra quién va esta norma, dadas sus características: va contra la enseñanza privada y contra la enseñanza concertada. Contra la primera por razones obvias: los padres tendrán que pagar más dinero. Contra la segunda, por lo siempre olvidado: como el Estado no cubre el coste del precio escolar, los padres de la concertada pagan algo, a veces bastante, para completar el presupuesto: ahora tendrán que pagar más. 

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Es preciso recordar a todos los españoles, que los que les sale caro es la enseñanza pública, no la privada, ni la concertada. Los padres de la privada pagan el coste de la educación de sus hijos y no por ello dejan de pagar el coste de la educación pública a través de sus impuestos. En la concertada, por lo mismo: el Estado paga poquísimo (el coste para Juan Español  del puesto escolar en una escuela pública es el doble que una concertada) y buena parte la ponen los padres... que siguen financiando, vía impuestos, al alumno de la pública.  

Pero tranquilos, lo más probable es que esta ley nunca vez la luz... gracias a Puchi.