El pasado 26 de junio, agentes de la Unidad Cental Operativa de la Guardia Civil (UCO) se personaron en la vivienda de Isabel Pardo de Vera por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado del caso Koldo. En mayo, Pardo de Vera fue imputada por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el contexto de este caso.
Ese día, los agentes copiaron documentos de Adif (empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias -vías y estaciones-, depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que Pardo de Vera presidió entre el 30 de junio de 2018 y el 28 de julio de 2021), la cuenta del correo electrónico y la carpeta de Dropbox de Pardo de Vera, así como el chat de WhatsApp con su marido. Aún están analizando todo lo encontrado, pero obtuvieron evidencias digitales.
Entre ellas, un documento relativo al suministro de cinco millones de mascarillas. Tras el hallazgo, la Audiencia Nacional ha ampliado el catálogo de delitos de Pardo de Vera, añadiendo cohecho, prevaricación y organización criminal a los ya investigados de malversación y tráfico de influencias, lo que eleva a cinco los delitos imputados a la expresidenta de Adif.
No hay que olvidar que, tras presidir Adif, Pardo de Vera ascendió a secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre julio de 2021 y febrero de 2023. Es decir, a número dos del Ministerio que en aquel momento dirigía la socialista catalana Raquel Sánchez, quien tomó el relevo a José Luis Ábalos en julio de 2021.
Pues bien, en Adif las cosas parece que se están tomando en serio: el martes pasado, por la noche, echó al que fuera número dos de Isabel Pardo de Vera, es decir, a su director general de Negocio, Juan Pablo Villanueva, según adelantó El Confidencial.
En el contexto del caso Koldo, Villanueva ha sido acusado de presuntamente beneficiar a determinadas constructoras cuando era máximo responsable de Adif Alta Velocidad (AV).