Sr. Director:

Desde finales del siglo XIX, España ha sido testigo de un fenómeno que, disfrazado de progresismo, se ha mantenido constante: la violencia organizada al servicio de la ideología dominante, dirigida contra quienes se atreven a disentir.

Comenzó con la partida de la porra, un grupo de energúmenos dirigido por el periodista Felipe Ducazcal Las Heras, al servicio del Partido Progresista Español, encargado de proteger al monarca Amadeo de Saboya. Su modus operandi era brutal: destrozar redacciones de periódicos opositores, boicotear reuniones políticas, dar palizas a líderes adversarios y amedrentar a los electores mediante agresiones y amenazas. Todo ello bajo la bandera de “luchar por el pueblo” y con la autoproclamación de ser progresistas.

Demos un largo salto en el tiempo: décadas más tarde, la historia se repitió con otros disfraces. LosGuerrilleros de Cristo Rey, parapoliciales de ultraderecha, operaban en los años 70 para frenar el activismo antifranquista. Su violencia fue extrema: decenas de muertos, desde militantes de ETA y sindicalistas hasta ciudadanos inocentes. La lección es clara: cuando la violencia organizada se justifica ideológicamente y cuenta con cierta complicidad institucional, las víctimas son inevitables, y la impunidad suele acompañar los actos.

Hoy, la violencia ha mutado, pero no ha desaparecido. Podemos, bajo la dirección de Pablo Iglesias y sus secuaces, se ha convertido en la partida de la porra moderna. Sus militantes y simpatizantes realizan escraches, boicots y actos de intimidación, limitando el espacio para el debate. Universidades, asociaciones culturales y colegios profesionales aprenden a temer la irrupción del pensamiento único; los críticos anticipan la violencia simbólica y la censura preventiva, y se abstienen de invitar a quienes puedan cuestionar la narrativa dominante.

Un caso paradigmático es el del escritor David Uclés. Invitado a ciclos de conferencias y coloquios sobre la Guerra Civil española, confirmó su presencia inicialmente, pero declinó participar afirmando que acabó percibiendo que el objetivo implícito era blanquear la Guerra Civil, el régimen del General Franco y lo que él y sus afines denominan “fascismo”. Paradójicamente, Uclés y sus correligionarios se presentan como guardianes de la democracia y la moral, otorgando diplomas de “buenas personas” y aplican un método inquisitorial de selección ideológica: decidir quién es aceptable y quién debe ser silenciado. Este tipo de censura preventiva y muerte civil refleja un autoritarismo moral que no necesita violencia física, pero que destruye reputación, oportunidades y libertad de pensamiento.

El problema de fondo es el dogmatismo absoluto: se arrogan la verdad ex cátedra, como si su versión de la historia y de la moralidad fuera incuestionable. Cualquier discrepancia es considerada herejía intelectual y moral, susceptible de ser castigada mediante ostracismo, damnatio memoriae, sanciones económicas o exclusión social. Esta arrogancia autoritaria convierte la discrepancia en peligro existencial y la imposición de la narrativa dominante en una forma deterrorismo simbólico.

El antifascismo selectivo sirve como coartada. Redefine cualquier forma de oposición como “fascismo” y justifica la coacción, el acoso y la cancelación. Al mismo tiempo, se silencia el recuerdo de los totalitarismos de izquierda, que causaron millones de muertes en el siglo XX. La memoria histórica se convierte en herramienta de poder, evocada solo cuando sirve para mantener hegemonía ideológica.

La violencia simbólica se organiza mediante la distinción entre violencia “buena” y violencia “mala”: cualquier palabra, idea o documento del adversario es ilegítimo; los escraches, boicots, señalamiento y cancelación de los afines son moralmente justificables. Así, instituciones, medios de información, centros de enseñanza, desde el parvulario hasta la universidad, y fondos públicos se convierten en instrumentos de control, consolidando el poder y normalizando la impunidad.

La continuidad histórica es innegable. Desde las partidas de la porra del siglo XIX hasta los Guerrilleros de Cristo Rey, pasando por Podemos y sus confluencias, se observa un patrón:justificación ideológica de la violencia, monopolio del discurso, censura preventiva y control del espacio público. Lo único que cambia son los disfraces y los métodos; las palizas de antaño han dado paso a cancelaciones, ostracismo y coacción simbólica, pero la lógica permanece.

El efecto para la sociedad es devastador: silencio forzado, autocensura, control cultural y educativo, y normalización de la coacción como método político. La libertad de expresión y el pluralismo quedan comprometidos, mientras los líderes progresistas actuales se presentan como guardianes de la moral y la democracia, ocultando que su verdadera estrategia es asegurar la permanencia del bloque y eliminar la discrepancia.

La historia demuestra que los totalitarismos triunfan cuando los ciudadanos buenos permanecen pasivos. La izquierda macarra, mamporrera y progresista, con respaldo parcial institucional y silencio cómplice, representa hoy una forma moderna de fascismo, disfrazada de progreso y antifascismo, que amenaza la pluralidad, la libertad de pensamiento y la democracia misma.

El fascismo histórico fue derrotado en 1945; el autoritarismo contemporáneo sigue vigente, pero ahora emplea métodos más sutiles, letales para la sociedad civil: censura preventiva, muerte civil, monopolio de la narrativa y violencia simbólica. Y mientras los españoles callen, miren para otro lado o ignoren la evidencia, la historia corre el riesgo de repetirse.