Sr. Director:
El Estado y la Iglesia Católica han llegado a un acuerdo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en ámbitos eclesiásticos en España.
El ministro Bolaños ha presentado el pacto suscrito con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos como una forma de saldar una deuda histórica moral con las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia.
El Estado será quien decida la indemnización, pero a la Iglesia le tocará pagar. No parece justo. Además, el acuerdo establece la creación de una comisión mixta Iglesia-Estado con garantías de intimidad y protección de datos para que las posibles víctimas presenten sus demandas.
Se contemplan cuatro tipos de reparaciones: económica, moral, restaurativa y psicológica.
Si víctima e Iglesia están de acuerdo, la Iglesia abonará íntegramente la cantidad. En caso de desacuerdo, se mantendrá una reunión con las asociaciones de víctimas para llegar a un acuerdo. Si ésto no fuera posible, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo.
Desde la CEE se afirma que este acuerdo supone abrir una puerta más al trabajo que desarrolla la Iglesia a través del plan PRIVA. Será la comisión asesora del plan PRIVA la que tome las decisiones.
Hasta el día de hoy, en España, la Iglesia ha atendido integralmente a más de un centenar de víctimas y las diócesis han aportado dos millones de euros de indemnización, más lo que ya han aportado algunas congregaciones religiosas.
Durante los diálogos con las víctimas han aflorado algunas circunstancias de personas que han sufrido abusos en el ámbito del deporte, de la educación, de la asistencia social y también en el ámbito familiar. Sin embargo, hay algunos obsesionados con los abusos cometidos en instituciones de la Iglesia.
¿No debería resplandecer toda la verdad y la justicia para todas las víctimas, independientemente del ámbito en que se cometieron los delitos?
Este acuerdo tendrá la duración de un año, prorrogable a dos, para que quien se haya sentido abusado pueda iniciar el procedimiento.
Cosa distinta sería si tuviese que pagar el Gobierno o las distintas Administraciones del Estado.
"No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito" (San Juan Pablo II, año 2002). "Es necesario prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles" (Año 2023).
En cada diócesis española y en cada provincia eclesiástica hay ya establecida una oficina con el fin de facilitar y asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles abusos sexuales sean tratadas, en tiempo y forma, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes implicadas. Además, la CEE ha habilitado un Servicio de Coordinación y Asesoramiento para las oficinas de protección de menores.
Algunos casos especialmente graves o delicados han de ser remitidos y estudiados en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Si consta de modo manifiesto la comisión del delito, habiéndose respetado el derecho de defensa del reo, el Dicasterio podrá presentar directamente los casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice.
En todo caso, la decisión tomada por el Dicasterio se ha de comunicar al Ordinario con las adecuadas instrucciones.
En ocasiones, todos lo sabemos, los abusos no son de tipo sexual, sino abusos de poder, de autoritarismo, de forzar la conciencia de otras personas, etc.
Todos necesitamos una contínua y profunda conversión de nuestros corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia.