Sr. Director:
En 1853, mucho antes de que existieran las ONG subvencionadas, las agencias de cooperación internacional o los fondos europeos de desarrollo, Charles Dickens publicó Casa desolada. En ella aparece la señora Jellyby, una dama obsesionada con ayudar a una remota región africana llamada Borrioboola-Gha.
Mientras dedica todas sus energías a salvar a personas situadas a miles de kilómetros, su propia familia vive abandonada y su hogar se desmorona. Dickens bautizó aquella actitud como «filantropía telescópica». La expresión conserva una vigencia extraordinaria. Porque buena parte de la cooperación internacional contemporánea parece haber elevado aquella actitud a categoría institucional:
La solidaridad con dinero ajeno
La solidaridad auténtica es una virtud.
La ayuda humanitaria puede salvar vidas.
La cooperación voluntaria ha producido innumerables ejemplos admirables.
Sin embargo, gran parte de la cooperación internacional actual ya no funciona mediante donaciones voluntarias, sino mediante recursos obtenidos a través de impuestos:
Gobiernos.
Comunidades autónomas.
Diputaciones.
Cabildos.
Ayuntamientos.
Instituciones europeas.
Organismos internacionales.
Todos participan en una gigantesca red de redistribución de recursos cuyos resultados reales rara vez son sometidos al mismo nivel de escrutinio que se exige a cualquier empresa privada. El dinero procede de los contribuyentes. Pero las decisiones suelen tomarse muy lejos de ellos.
La pregunta incómoda: durante décadas se ha repetido que la ayuda al desarrollo constituye una obligación moral indiscutible. Sin embargo, existe una pregunta que pocas veces aparece en los discursos oficiales:
¿Qué países han abandonado la pobreza gracias principalmente a la ayuda internacional?
La respuesta resulta incómoda. Los grandes casos de éxito económico del último siglo -Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Irlanda- no prosperaron gracias a subvenciones permanentes. Prosperaron mediante inversión, industria, educación, comercio, seguridad jurídica y creación de riqueza.
Por el contrario, numerosos países han recibido durante décadas enormes cantidades de ayuda exterior sin conseguir escapar plenamente de la pobreza, la corrupción o la dependencia institucional.
Cuando el problema genera presupuestos, la pobreza genera sufrimiento.
Pero también genera presupuestos.
Genera organismos.
Genera agencias.
Genera observatorios.
Genera fundaciones.
Genera consultorías.
Genera empleos.
Genera congresos.
Genera subvenciones.
Genera carreras profesionales enteras.
No se trata necesariamente de corrupción.
Se trata de incentivos.
Cuando una organización obtiene financiación gracias a la existencia de un problema, la desaparición de ese problema puede convertirse en una amenaza para la propia organización.
Por eso resulta legítimo preguntarse: Si mañana desapareciera la pobreza internacional, ¿cuántas agencias de cooperación seguirían existiendo? ¿Cuántos observatorios conservarían sus presupuestos? ¿Cuántos departamentos administrativos mantendrían sus estructuras?
Extremadura: un ejemplo revelador
El caso extremeño resulta especialmente ilustrativo. Durante décadas Extremadura ha recibido cantidades gigantescas de fondos europeos y transferencias públicas.
Sin embargo, continúa encabezando muchos de los indicadores económicos menos deseables:
- Baja renta per cápita.
- Escasa industrialización.
- Elevada dependencia del empleo público.
- Envejecimiento demográfico.
- Despoblación rural.
- Emigración juvenil.
La cuestión no consiste en negar que parte de esos fondos hayan servido para construir infraestructuras o mejorar servicios. La cuestión consiste en preguntarse por qué, después de cuarenta años de ayudas extraordinarias, los problemas estructurales fundamentales siguen presentes. Y, sobre todo, por qué la respuesta política suele consistir siempre en reclamar más fondos, más subvenciones y más organismos.
La industria de las buenas intenciones
Uno de los fenómenos más llamativos de la cooperación contemporánea es el crecimiento constante de la burocracia asociada. Los antiguos proyectos hablaban de escuelas, hospitales, carreteras o sistemas de riego. Hoy abundan expresiones mucho más abstractas:
Empoderamiento.
Gobernanza inclusiva.
Perspectiva de género.
Resiliencia comunitaria.
Transformación ecosocial.
Ciudadanía global.
Fortalecimiento institucional.
La cuestión no es ridiculizar automáticamente estos conceptos. La cuestión es que cuanto más abstracto resulta un objetivo, más difícil se vuelve medirlo. Y cuanto más difícil resulta medirlo, más complicado resulta exigir responsabilidades cuando no se alcanzan resultados verificables.
La infantilización del debate
Vivimos en una época caracterizada por una creciente infantilización de la vida pública.
Las emociones suelen sustituir al análisis.
Los sentimientos sustituyen a los datos.
Las intenciones sustituyen a los resultados.
Quien cuestiona determinadas políticas de cooperación corre el riesgo de ser acusado de insolidario. Sin embargo, una sociedad adulta debería ser capaz de formular preguntas incómodas.
¿Cuánto dinero llega realmente a los destinatarios finales?
¿Cuánto se consume en estructuras administrativas?
¿Cuánto se pierde en burocracia?
¿Cuánto se desvía hacia oligarquías locales, redes clientelares o gobiernos corruptos?
¿Cuántos proyectos producen resultados verificables?
Y cuántos se limitan a generar informes, reuniones, congresos y memorias justificativas.
Solidaridad sí, pero con responsabilidad
La crítica a la cooperación institucionalizada no implica rechazar la ayuda humanitaria ni la solidaridad.
Implica exigir algo mucho más simple:
Transparencia.
Evaluación.
Control.
Rendición de cuentas.
Prioridades claras.
La verdadera solidaridad no consiste únicamente en gastar dinero. Consiste en obtener resultados. Y cuando el dinero procede de los contribuyentes, la exigencia debe ser todavía mayor.
Conclusión
Charles Dickens comprendió hace más de siglo y medio algo que muchas sociedades parecen haber olvidado.
La solidaridad que necesita telescopios para contemplar los problemas lejanos mientras ignora los cercanos corre el riesgo de convertirse en una forma de autoengaño moral.
Después de décadas de cooperación internacional, subvenciones, organismos, agencias, observatorios y programas de desarrollo, la pregunta sigue plenamente vigente:
¿Estamos resolviendo los problemas o simplemente hemos construido una inmensa industria dedicada a administrarlos indefinidamente?
Responder honestamente a esa pregunta constituye una obligación moral mucho más importante que cualquier campaña de sensibilización o cualquier discurso bienintencionado.