Sr. Director:
Hubo un tiempo en que los españoles sabían que las elecciones eran puro teatro, un "paripé". Nadie se llamaba a engaño. En aquellos tiempos de la "monarquía alfonsina", los de la Restauración, los dos grandes partidos del régimen, el Conservador y el Liberal, acordaban previamente cuál de ellos debía ocupar el Gobierno.
El Rey firmaba el nombramiento. Después se convocaban elecciones. No para averiguar quién había ganado. Eso ya se sabía.
Las urnas sólo debían confirmar lo decidido en los despachos. Cuando el resultado amenazaba con desviarse del guion aparecía el pucherazo. No era una única trampa. Era todo un sistema. Se confeccionaban censos a medida. Se rellenaban urnas. Votaban los difuntos. Desaparecían papeletas. Se alteraban actas. Los caciques hacían el resto. Aquello recibió un nombre elegante: Turno Pacífico, "el turnismo". Pacífico, sí. Democrático, bastante menos. Y, sin embargo, muchos españoles aceptaban aquel sistema. No porque lo consideraran honrado. Sino porque creían que evitaba males mayores.
Después de guerras civiles, pronunciamientos militares y continuas crisis de gobierno, el turnismo parecía garantizar una cierta tranquilidad. Era una mentira. Pero una mentira estable. Han transcurrido más de cien años. España ha cambiado profundamente. Ya no existen aquellos caciques. Ya no gobiernan Cánovas ni Sagasta. Las urnas son transparentes. Las mesas electorales están formadas por ciudadanos elegidos por sorteo. Los interventores representan a distintos partidos.
Todo parece mucho más limpio. Y probablemente lo sea. Pero conviene hacerse una pregunta. ¿Ha desaparecido el problema? ¿O simplemente ha cambiado de aspecto? Éste es el asunto que aborda este ensayo. No pretende demostrar que vivimos bajo el mismo sistema que durante la Restauración. Sería absurdo. Lo que sostiene es algo distinto. Las formas cambian. Los procedimientos evolucionan. Los problemas fundamentales suelen permanecer. Antes se discutía acerca de quién manipulaba las urnas.
Hoy quizá debamos preguntarnos algo todavía más importante: ¿Quién decide quién puede votar? Porque ahí empieza todo.
Las elecciones no comienzan cuando el presidente de la mesa abre la urna. Comienzan mucho antes. Empiezan cuando alguien decide quién forma parte del cuerpo electoral. Quien controla esa decisión posee un poder inmensamente mayor que quien cuenta las papeletas. Ésa es la tesis de este ensayo.
Durante las dos últimas décadas, España ha incorporado al censo electoral a centenares de miles de nuevos ciudadanos mediante la adquisición de la nacionalidad. Muchos residen en España. Trabajan. Cotizan. Pagan impuestos. Han formado aquí sus familias. Comparten nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Su derecho a participar plenamente en la vida nacional apenas admite discusión.
Pero ése no es el único supuesto. La legislación también permite adquirir la nacionalidad a numerosos descendientes de españoles cuyos antepasados abandonaron nuestro país hace generaciones. Muchos jamás han residido en España. No tienen previsto hacerlo. No conocen nuestra realidad cotidiana. No se verán afectados directamente por las leyes aprobadas por las Cortes. Y, sin embargo, participan en la elección del Gobierno que administrará los asuntos de quienes sí viven aquí, en España. Ésa es la cuestión. No la dignidad de esas personas. No sus derechos individuales.
La cuestión consiste en determinar qué significa realmente ser ciudadano. ¿Es suficiente un apellido? ¿Es suficiente un expediente administrativo? ¿O pertenecer a una nación exige algo más?
Durante siglos nadie dudó de la respuesta. Ser ciudadano significaba compartir derechos y deberes. Trabajar. Contribuir al sostenimiento de la comunidad. Cumplir las leyes. Defender la patria cuando fuera necesario. Aceptar las consecuencias de las decisiones colectivas. Los derechos nunca caminaban solos. Siempre iban acompañados de obligaciones. Suiza conserva buena parte de esa tradición. Israel también. Cada uno a su manera recuerda que la ciudadanía no consiste únicamente en recibir. También obliga a dar.
España parece recorrer otro camino. Cada reforma amplía el número de electores. Cada ampliación modifica la composición del censo. Cada modificación altera, antes o después, el resultado de las elecciones. Y apenas existe debate sobre ello.
Todavía resulta más llamativo otro contraste. Se facilita la nacionalidad a descendientes de españoles establecidos en Hispanoamérica desde el siglo XIX. Al mismo tiempo, numerosos saharauis nacidos cuando el Sáhara era una provincia española -o hijos y nietos de quienes entonces eran españoles- encuentran enormes dificultades para obtener ese mismo reconocimiento. ¿Por qué?Éste es otro de los interrogantes pendientes de dársele respuesta.
Pero existe un problema aún más delicado. El de la confianza. Toda democracia necesita que los ciudadanos crean en la limpieza del procedimiento electoral. No basta con que las elecciones sean limpias. También deben parecerlo. Y, sobre todo, deben poder comprobarse. Aquí aparece una cuestión de la que apenas se habla. La Ley Orgánica del Régimen Electoral regula un escrutinio general. No se trata de un simple trámite. Constituye una de las principales garantías del sistema. Sin embargo, numerosos ciudadanos sostienen desde hace años que ese escrutinio no se desarrolla conforme a lo que exige la ley. No se trata de una protesta aislada. Diversas asociaciones, entre ellas Elecciones Transparentes, han denunciado reiteradamente esta cuestión.
He asistido personalmente a algunos de esos escrutinios. No hablo por referencias. Hablo por experiencia directa. Lo que presencié no coincidía con la idea que cualquier ciudadano obtiene al leer la ley. Otros muchos observadores afirman exactamente lo mismo. Han presentado escritos. Han aportado grabaciones. Han formulado denuncias. Y, sin embargo, todo continúa igual.
Aquí surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué? ¿Por qué ningún Gobierno acomete una reforma profunda del sistema electoral? ¿Por qué los grandes partidos parecen conformarse con un procedimiento que unos y otros critican cuando les conviene? ¿Por qué las instituciones encargadas de velar por la pureza del proceso no despejan definitivamente esas dudas mediante un cumplimiento escrupuloso de todas las garantías previstas por la ley?
No afirmo que todos actúen de común acuerdo. No hace falta. La Historia demuestra que los intereses coincidentes producen a menudo los mismos efectos que los pactos explícitos.
Cada partido aspira a gobernar. Todos parecen sentirse cómodos con unas reglas que conocen perfectamente. Cambian los ocupantes del poder. Las reglas permanecen. Y quienes prometían reformarlas cuando estaban en la oposición dejan de hablar del asunto cuando llegan al Gobierno.
También en eso la Historia recuerda al viejo turnismo. Entonces conservadores y liberales discutían cada día. Pero ninguno cuestionaba seriamente el mecanismo que permitía la alternancia. Hoy las diferencias ideológicas -teóricamente- son mayores. La actitud frente a determinadas reglas del sistema resulta, curiosamente, mucho más parecida. Éste no pretende ser un alegato contra un partido. Aunque, las maniobras del partido de Pedro Sánchez son harto preocupantes y algo más que sospechosas de estar preparando un "pucherazo" mediante la alteración del censo elctoral...
Éste pretende ser un artículo sobre las reglas del juego. Sobre la ciudadanía. Sobre el derecho de sufragio. Sobre la nacionalidad. Sobre la confianza. Y sobre una verdad tan antigua como la política misma. Quien decide quién puede votar posee una ventaja inmensa sobre quien simplemente cuenta los votos.
Durante la Restauración, el pucherazo comenzaba antes de que se abrieran las puertas del colegio electoral. Antes de que se pusieran las urnas.
En el siglo XXI sin duda empieza mucho antes. Empieza cuando alguien decide quién tendrá derecho a acercarse a ella. Ésa es la pregunta. Ésa es la inquietud. Y ésa es la razón de ser de este artículo. ¿Quién decide quién decide?