Sr. Director:
La pregunta que nadie quiere formular
España atraviesa un momento decisivo en lo que se refiere a la defensa y a la política exterior. No por la declaración hecha por Pedro Sánchez de “no a la guerra”, ni por las amenazas comerciales de Donald Trump, ni por el eventual veto al uso de las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón.
El verdadero debate debe ser otro:
¿Existe en España una política de defensa coherente con los intereses de la Nación, o simplemente decisiones coyunturales adoptadas por el gobierno de turno?
Antes de responder, conviene establecer la distinción fundamental (aunque a algunos pueda parecerles una verdad de Pero Grullo):
- La Nación es la comunidad histórica de ciudadanos cuya vida, libertad, propiedad y continuidad deben ser protegidas.
- El Estado es el aparato administrativo que ejerce el poder de forma transitoria.
En muchas ocasiones, los intereses de la Nación Española y los de sus gobernantes no son necesariamente coincidentes. Y cuando no lo son, es un deber, es obligatorio señalarlo.
¿“No a la guerra”? ¿A cuál?
Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclama “no a la guerra”, la afirmación suena moralmente impecable. Pero políticamente es insuficiente.
Porque no todas las guerras son iguales.
Desde la tradición clásica del derecho de gentes hasta la doctrina moderna, se distingue entre:
- Guerra defensiva: respuesta a agresión directa.
- Guerra preventiva o de proyección: intervención para preservar equilibrios estratégicos.
- Guerra ofensiva o de expansión: búsqueda de ventaja territorial o política.
- Intervenciones multilaterales bajo mandato internacional.
España participó en operaciones durante la desintegración de Yugoslavia (por cierto, Pedro Sánchez era miembro del equipo de confianza del entonces jefe de la OTAN), dirigida por el socialista español Javier Solana y posteriormente bajo estructura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Participó también en Afganistán, en Irak y en la actualidad España está presente en más de una veintena de misiones exteriores.
La pregunta legítima no es si la guerra es deseable.
La pregunta es:
¿Qué guerras son necesarias para la defensa de la Nación Española y cuáles no lo son?
¿Quién decide que la defensa no se limita a las fronteras?
En la práctica, la doctrina estratégica occidental sostiene que la seguridad comienza lejos de casa. Con base en ese principio, España despliega a militares en:
- El Báltico.
- El Sahel.
- El Mediterráneo oriental.
- Misiones de la ONU, OTAN y UE.
Respecto de esta cuestión, surge inevitablemente la cuestión «democrática»:
¿Quién ha decidido que la defensa de España exige presencia en escenarios lejanos?
¿Ha habido un debate nacional profundo?
¿Se ha explicado con claridad a los españoles qué amenaza concreta para la vida, libertad o propiedad de los españoles se neutraliza en esos lugares del mundo?
«Teóricamente, en países de «democracia representativa» las decisiones son tomadas por el Gobierno y el Parlamento. Visto «así» son legales. Pero la legitimidad política exige algo más: explicación clara de fines, costes y riesgos. Y respecto de todo ello, los españoles son mantenidos al margen, se les oculta información de manera premeditada y se toman, por lo tanto, decisiones de manera arbitraria…
La ilusión de la paz gratuita
Europa occidental —y España en particular— ha vivido bajo el paraguas estratégico estadounidense desde 1945. Eso ha permitido dedicar recursos a bienestar social en lugar de defensa.
El problema es que ese modelo presupone que otro asume el coste principal de la disuasión.
España dedica en torno al 1,2–1,3 % del PIB a defensa, por debajo del compromiso del 2 % dentro de la OTAN.
La paz tiene precio.
La pregunta es quién lo paga.
Tres modelos estratégicos posibles
Integración plena en la OTAN
Ventajas:
- Disuasión colectiva.
- Integración tecnológica.
- Coste compartido.
Requisito:
- Alcanzar y sostener el 5 % del PIB.
- Alinear discurso y acción exterior.
Coste estimado adicional anual: cerca de 15.000 millones €.
Neutralidad armada (modelo suizo)
Inspirado en Suiza.
Características:
- Movilización ciudadana amplia.
- Infraestructura defensiva territorial.
- Cultura de defensa nacional integrada.
Requeriría:
- Reforma estructural profunda.
- Inversión inicial superior al 2,5–3 % PIB durante una década.
Autonomía mayor. Coste muy elevado.
Disuasión intensiva autónoma (modelo israelí)
Inspirado en Israel.
Características:
- Servicio militar obligatorio.
- Alta inversión tecnológica.
- Gasto cercano al 5 % PIB.
España debería situarse al menos en 3–4 % para aproximarse parcialmente.
Implicaría:
- Reforma fiscal.
- Reducción de gasto social y eliminación del despilfarro.
- Cambio cultural profundo.
El factor económico: la aritmética inexorable
Cada punto del PIB equivale a miles de millones de euros.
Opciones reales:
- Aumentar impuestos.
- Recortar otras partidas.
- Incrementar deuda (España ha superado ya hace mucho los dos billones de deuda pública y sigue subiendo de forma desbocada).
No existe defensa sin coste.
No existe neutralidad sin inversión.
No existe autonomía sin sacrificio presupuestario.
Industria armamentística y sospecha pública
Existe una percepción extendida: que las decisiones estratégicas obedecen a intereses industriales o geopolíticos ajenos a la Nación.
Es una sospecha legítima si no hay transparencia.
Pero conviene distinguir:
- Complejo industrial-militar como fenómeno real en grandes potencias.
- Capacidad industrial estratégica como necesidad de soberanía tecnológica.
Sin industria propia, la dependencia exterior aumenta.
La cuestión no es abolir la industria de defensa.
La cuestión es someterla a control, supervisión, transparencia y alinearla con intereses nacionales definidos.
Nación y Estado: la línea que no debe cruzarse
Cuando el aparato estatal adopta compromisos que:
- No protegen directamente el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos.
- No refuerzan la seguridad real del territorio.
- No cuentan con debate público suficiente.
Surge la sospecha de divergencia entre intereses del Estado y los de la Nación.
Esa divergencia debe analizarse sin tabúes.
La coherencia como criterio último
España debe elegir:
- Integración atlántica clara y financiada.
- Neutralidad armada costosa pero autónoma.
- Disuasión intensiva con sacrificio fiscal.
- O dependencia estructural aceptada explícitamente.
Lo que no es sostenible es:
- Retórica pacifista.
- Dependencia estratégica.
- Bajo gasto.
- Ambición geopolítica.
- Y mantenimiento intacto del actual modelo del «estado del bienestar» (además de los gastos supérfluos y despilfarro sin control).
Conclusión: la pregunta final
La defensa no es un eslogan.
Es una ecuación entre riesgo, coste y voluntad política.
La cuestión decisiva no es si España dice “no a la guerra”.
La cuestión es:
¿Está España dispuesta a pagar el precio de su propia seguridad?
Y más aún:
¿Quién decide ese precio: la Nación, los españoles informados o el aparato estatal circunstancial, el gobierno de turno?