Sr. Director:

Durante semanas, antes de las últimas elecciones andaluzas, se repitió hasta la saciedad que Andalucía había dejado de ser socialista y se había vuelto “de derechas”. Muchos presentaron el resultado como una victoria aplastante del conservadurismo y el hundimiento definitivo de la izquierda. Sin embargo, esa interpretación resulta profundamente superficial y, en buena medida, falsa.

Andalucía no se ha vuelto liberal, ni conservadora en sentido clásico, ni partidaria de reducir drásticamente el tamaño del Estado, limitar el intervencionismo político o devolver protagonismo a la sociedad civil frente a la administración. Lo que ha ocurrido es algo mucho más sencillo: una parte considerable de los electores ha dejado de confiar en el viejo aparato clientelar socialista y ha optado por otros gestores para administrar prácticamente el mismo modelo.

Ésa es la clave de todo el análisis. En España no se está produciendo un verdadero cambio de sistema, sino una alternancia dentro del mismo consenso socialdemócrata. Cambian los administradores, no el modelo. Cambian los tonos, no los fundamentos.

El Partido Popular y buena parte de la llamada derecha española aceptan hoy pilares esenciales construidos por la izquierda durante décadas:

  • hipertrofia administrativa;
  • gasto público creciente;
  • endeudamiento masivo;
  • fuerte presión fiscal;
  • expansión burocrática;
  • intervencionismo económico;
  • estructuras autonómicas gigantescas;
  • políticas verdes dictadas desde Bruselas;
  • y buena parte del entramado ideológico feminista.

Por eso los pactos entre VOX y el Partido Popular en comunidades como Castilla y León, Aragón o Extremadura generan frustración en parte de su electorado. Muchos esperaban una ruptura real con el modelo dominante; sin embargo, lo que perciben es, sobre todo, gatopardismo: aparentar que algo cambia para que, en lo esencial, todo continúe igual.

No se desmonta el aparato burocrático.

No se reduce de verdad el gasto político.

No se revierten profundamente las leyes ideológicas.

No se afronta seriamente el problema demográfico.

No se protege eficazmente la familia.

No se reforma de raíz la enseñanza.

No se racionaliza el Estado autonómico.

No se reduce sustancialmente la deuda.

No se cuestiona el núcleo intervencionista del sistema.

Y así, elección tras elección, muchos ciudadanos terminan comprobando que la alternancia política no implica necesariamente transformación estructural.

El problema de fondo ya no es únicamente el socialismo como partido, sino la victoria cultural de la socialdemocracia como mentalidad dominante. Incluso quienes se presentan como alternativa suelen moverse dentro de los límites ideológicos fijados por ella.

Se acepta como normal:

  • que el Estado absorba una parte gigantesca de la riqueza nacional;
  • que toda dificultad humana exija intervención política;
  • que la administración crezca constantemente;
  • que las generaciones futuras carguen con deudas crecientes;
  • que la burocracia invada casi todos los aspectos de la vida;
  • y que la sociedad dependa cada vez más del poder político.

Mientras tanto, los grandes problemas nacionales continúan agravándose lentamente.

España envejece aceleradamente.

La natalidad se desploma.

La familia se debilita.

La enseñanza pierde calidad y exigencia.

La deuda pública alcanza dimensiones peligrosas.

La productividad permanece estancada.

La sanidad pública acumula tensiones crecientes.

Las clases medias soportan una presión fiscal asfixiante.

El pequeño empresario, el autónomo, el agricultor y el trabajador productivo sostienen una maquinaria política y administrativa gigantesca.

Y, sin embargo, la política española parece concentrada casi exclusivamente en propaganda, enfrentamientos teatrales y luchas simbólicas.

Cada vez resulta más evidente que el sistema nacido de la Transición muestra síntomas de agotamiento.

Durante décadas pudo sostenerse gracias al crecimiento económico, al crédito barato, a la expansión del consumo y al respaldo europeo. Pero muchos desequilibrios estructurales nunca fueron corregidos; simplemente quedaron ocultos bajo endeudamiento, gasto creciente y expectativas de prosperidad futura.

Ahora esos problemas emergen simultáneamente.

Y lo más inquietante es que casi nadie parece dispuesto a afrontarlos con seriedad, porque hacerlo exigiría reformas dolorosas y políticamente arriesgadas.

El sistema de pensiones constituye quizá el ejemplo más claro. Durante años se prometió a la población que era sólido y prácticamente intocable. Sin embargo, un sistema de reparto depende de algo elemental: suficientes trabajadores productivos sosteniendo a suficientes pensionistas. Cuando la natalidad se hunde y la población envejece, las tensiones financieras se vuelven inevitables.

Pero ningún gran partido parece dispuesto a decir la verdad completa a los ciudadanos.

Se prometen simultáneamente más servicios, más ayudas, pensiones crecientes y menos impuestos, como si las leyes económicas pudieran derogarse mediante propaganda electoral.

A ello se suma otro fenómeno especialmente preocupante: la expansión constante de la burocracia y de una cultura de dependencia política.

Cada problema genera nuevas leyes.

Cada ley genera organismos.

Cada organismo genera cargos.

Cada cargo genera presupuestos.

Y así la administración crece de manera casi automática, incluso cuando la economía productiva pierde vigor.

Mientras tanto, la sociedad se acostumbra progresivamente a depender del Estado para casi todo.

Y ahí aparece quizá el núcleo más profundo del problema español: una creciente infantilización colectiva.

Cada vez más ciudadanos esperan que el poder político resuelva cuestiones que antes correspondían a la familia, a la sociedad civil, al esfuerzo personal o a la responsabilidad individual.

La libertad deja entonces de entenderse como autonomía real y pasa a confundirse con la simple recepción de prestaciones, ayudas y protección administrativa.

Pero una sociedad profundamente subvencionada, endeudada y burocratizada posee cada vez menos libertad efectiva, aunque mantenga procedimientos electorales.

Por eso el problema español ya no puede reducirse únicamente a la figura de Pedro Sánchez.

Su salida del Gobierno podría aliviar ciertos excesos ideológicos, propagandísticos e institucionales particularmente agresivos. Podría reducir algo la tensión política y moderar determinadas derivas sectarias. Pero los problemas fundamentales seguirían ahí.

Porque el deterioro actual precede ampliamente al sanchismo.

Es el resultado acumulado de décadas de:

  • expansión del Estado;
  • crecimiento burocrático;
  • endeudamiento;
  • degradación cultural;
  • debilitamiento familiar;
  • intervencionismo creciente;
  • y progresiva sustitución de la sociedad civil por estructuras administrativas.

Y quizá lo más inquietante sea comprobar que incluso quienes prometen cambiar el rumbo parecen muchas veces resignados a administrar el mismo modelo con ligeras correcciones de tono.

Ésa es la esencia del gatopardismo contemporáneo español.

No reformar de verdad.

No desmontar el edificio.

No alterar los fundamentos.

Simplemente gestionar algo mejor el deterioro.

Por eso el horizonte inmediato resulta poco halagüeño incluso aunque cambie el ocupante de La Moncloa.

No porque España vaya a desaparecer mañana ni porque el colapso sea inminente. Las naciones pueden sobrevivir mucho tiempo administrando su decadencia. Pero cada año que pasa sin afrontar los problemas estructurales reduce el margen de maniobra futuro.

Y da la impresión de que España lleva demasiado tiempo confundiendo aplazamiento con solución, propaganda con realidad y alternancia política con auténtico cambio histórico.