Sr. Director:
El ministro Bolaños y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, creen que parte de las declaraciones del presidente de la CEE, Mons. Argüello, contra el actual Gobierno de España resultan incomprensibles tras cuatro acuerdos con la Iglesia en cinco años. Los dos políticos acusan al arzobispo de tener un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones y los medios de comunicación. Bolaños añadió: "todo mi cariño y todo mi respeto a Mons. Argüello"
Patxi López va más allá y hace saber al arzobispo y a todo el mundo que no es que el Gobierno controla las instituciones, sino que gobierna muchas de ellas: "Cuando uno gobierna adopta decisiones políticas en base a su proyecto. ¿Eso es lo que le parece mal a este señor? (...) Y ya acusarnos de confesionales una confesión religiosa tiene tela, ¿no?"
Está más que claro que los obispos han de defender a la Iglesia, es decir, a todos los católicos de España, además de colaborar con las instituciones en la búsqueda del bien común. Pero es que el actual Gobierno de España no está legitimado para dar ninguna lección de ética ni de moral al presidente de los obispos españoles.
Mons. Argüello dijo lo que tenía que decir y lo dijo sin ambages, porque todo lo que dijo es la pura verdad. ¿O es que no puede usar de su derecho a la libre expresión como arzobispo y como ciudadano?
Me parece que los señores Bolaños y López no han entendido ni media palabra del discurso de Mons. Argüello, o quizá es que lo han comprendido perfectamente y no quieren verse retratados en las palabras del arzobispo: "El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas confesionales en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia y selectiva sobre las víctimas. Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción. Es de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los Gobiernos. Todos tenemos pecado original y el poder y el dinero son tentaciones muy fuertes. Renovamos nuestro compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno central y los gobiernos autonómicos (...)
Somos una Iglesia humilde, pero decidida a ofrecer un anuncio, un testimonio y una acción que ayude a renovar con la savia nueva del Evangelio la vida social desde una catolicidad que integre todas las dimensiones en juego".
Me llegan al corazón las palabras de San Pedro en una de sus primeras predicaciones al pueblo tras el acontecimiento de Pentecostés: "Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres" (Act. 5, 29).
Ciertamente, la obediencia a la voluntad de Dios debe prevalecer sobre cualquier autoridad humana. Cuando las leyes, normas o expectativas humanas entran en conflicto con la voluntad de Dios, los creyentes deben priorizar su fidelidad y su amor a Dios, aunque ésto suponga desobedecer lo prescrito por las normas o leyes hechas por los hombres.
La respuesta de San Pedro y los demás Apóstoles frente a la amenaza de castigo demuestra coraje moral, valentía apostólica y compromiso con la verdad divina. Lo que debe importar a los creyentes no es si lo que se propone es conveniente, seguro, placentero o popular entre las demás personas, sino si es lo recto a los ojos de Dios.
Hemos de cumplir lo que el Señor nos dice, independientemente de lo que puedan decirnos los políticos de turno.