Sr. Director:
Miles de inmigrantes han entrado ilegalmente en Ceuta. Ése es el hecho. La cuestión es averiguar cómo fue posible.
El Gobierno sostiene que todo comenzó en las redes sociales y que las mafias -de tráfico y trata de personas- organizaron la entrada. Manos Limpias considera insuficiente esa explicación y pide al Partido Popular y a VOX que promuevan un pleno extraordinario del Congreso para esclarecer lo ocurrido.
MANOS LIMPIAS plantea tres preguntas.
La primera: ¿sabía el Centro Nacional de Inteligencia que se preparaba la entrada masiva de inmigrantes?
La segunda: ¿qué responsabilidad corresponde al Reino de Marruecos?
La tercera: ¿cumplió el Gobierno español con su obligación de defender la frontera?
Solo caben dos posibilidades.
Si el CNI no sabía nada, España ha sufrido un gravísimo fracaso de sus servicios de inteligencia.
Si lo sabía y avisó al Gobierno, habrá que explicar qué decisiones se tomaron y por qué no evitaron la entrada masiva.
Manos Limpias sostiene, además, que Marruecos debe dar explicaciones. Resulta difícil admitir que miles de personas pudieran concentrarse y dirigirse hacia Ceuta sin que las autoridades marroquíes tuvieran conocimiento de ello.
El sindicato recuerda también que la ley no solo castiga determinados actos. En algunos casos castiga igualmente las omisiones. Si existió una obligación de actuar y no se actuó, corresponderá a los jueces determinar si esa conducta tiene o no relevancia penal.
Por esa razón, la organización no pide una condena anticipada. Pide algo previo y mucho más sencillo: que el Gobierno comparezca ante el Congreso de los Diputados de España, explique qué ocurrió y responda a las preguntas que siguen sin contestación.
En un Estado de Derecho, la defensa de las fronteras no admite zonas oscuras.
Cuando el Estado, el Gobiernoi falla, los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad.
Y el Gobierno tiene el deber de darla.
Si quieres profundizar y saber más, sigue leyendo.
MANOS LIMPIAS PIDE AL PARTIDO POPULAR Y A VOX LA CONVOCATORIA URGENTE DE UN PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ANTE LA INVASIÓN DE CEUTA
Miles de inmigrantes ilegales han entrado durante las últimas semanas en Ceuta.
Ése es el hecho.
Todo lo demás viene después.
¿Cómo fue posible?
Ésa es la pregunta.
El Gobierno dice que la convocatoria corrió por las redes sociales y que las mafias de trata de personas hicieron el resto.
La explicación no basta.
Las mafias pueden difundir mensajes.
No pueden mover miles de personas sin que nadie las vea.
Mucho menos en un país como Marruecos, donde el Estado controla el territorio cuando le interesa hacerlo.
Tampoco basta decir que todo ocurrió de repente.
Una operación de esta magnitud no nace en una tarde.
Hay que organizarla.
Hay que coordinarla.
Hay que poner de acuerdo a miles de personas.
Todo eso lleva tiempo.
Por eso Manos Limpias pide al Partido Popular y a VOX que promuevan un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.
No pide un debate estéril.
Pide respuestas a tres preguntas. Tres, exactamente.
La primera.
¿Sabía el Centro Nacional de Inteligencia que se preparaba la entrada masiva de miles de inmigrantes?
La segunda.
¿Qué responsabilidad corresponde al Reino de Marruecos?
Y la tercera.
¿Cumplió el Gobierno español con su obligación de defender la frontera?
Las tres preguntas están unidas.
Responder a una obliga a responder a las otras dos.
Porque solo caben dos posibilidades.
La primera.
El CNI no sabía nada.
Si fue así, España sufrió uno de los mayores fracasos de sus servicios de inteligencia.
La segunda.
El CNI sí lo sabía.
Entonces la pregunta cambia.
Ya no hay que preguntar qué hizo el Centro Nacional de Inteligencia.
Hay que preguntar qué hizo el Gobierno.
¿Recibió la información?
¿La creyó?
¿Ordenó alguna medida?
¿Reforzó la frontera?
¿Movilizó más medios?
Si la respuesta es sí, habrá que explicar por qué fracasaron.
Si la respuesta es no, habrá que explicar por qué no hizo nada.
No parece haber una tercera posibilidad.
Ésa es la razón de la petición formulada por Manos Limpias.
No busca sustituir a los jueces.
No pretende dictar una sentencia desde la tribuna del Congreso.
Quiere algo mucho más sencillo.
Que el Gobierno dé explicaciones.
Y que las dé donde debe hacerlo.
Ante las Cortes Generales.
Porque cuando falla la defensa de una frontera, el Estado tiene el deber de explicar qué ocurrió.
Y los españoles tienen derecho a saberlo.
DOS HIPÓTESIS
La primera pregunta conduce a dos respuestas.
No hay más.
Primera.
El Centro Nacional de Inteligencia no sabía lo que estaba ocurriendo.
Si fue así, el CNI fracasó.
Ésa es su misión.
Descubrir los peligros antes de que se conviertan en hechos.
Una concentración de miles de personas no aparece de la noche a la mañana.
Hay reuniones.
Hay desplazamientos.
Hay llamadas.
Hay mensajes.
Hay dinero.
Hay organización.
Si nadie descubrió nada, alguien tendrá que explicar por qué.
Segunda.
El CNI sí conocía los preparativos.
Entonces el problema cambia de sitio.
Ya no está en los servicios de inteligencia.
Está en el Gobierno.
Porque un servicio de inteligencia informa.
Quien decide es el Gobierno.
En ese caso, las preguntas son otras.
¿Cuándo recibió la información?
¿Quién la recibió?
¿Qué órdenes dio?
¿Qué medidas adoptó?
¿Por qué no bastaron?
Ésas son las preguntas que un pleno extraordinario debe contestar.
No basta con decir que todo ocurrió muy deprisa.
No basta con culpar a las redes sociales.
Los españoles tienen derecho a conocer los hechos.
MARRUECOS
La segunda cuestión mira hacia Rabat.
El Gobierno español sostiene que las mafias organizaron la entrada de miles de inmigrantes.
Puede ser.
Pero eso no resuelve el problema.
Las mafias existen desde hace muchos años.
No actúan en el vacío.
Ningún movimiento de miles de personas pasa inadvertido para un Estado que controla su territorio.
Marruecos ha demostrado muchas veces que sabe cerrar una frontera cuando quiere.
Si esta vez no lo hizo, habrá que preguntar por qué.
Y habrá que exigir una respuesta.
España no puede aceptar sin más una explicación que deja abiertas las cuestiones principales.
EL DEBER DEL GOBIERNO
El Gobierno tiene muchos deberes, muchas obligaciones.
Uno de ellos está por encima de casi todos.
Defender el territorio nacional.
No hacerlo tiene consecuencias políticas.
Y, según las circunstancias, también puede tenerlas jurídicas.
Manos Limpias recuerda que el Código Penal no castiga solo los actos.
También castiga determinadas omisiones.
Es decir, dejar de hacer aquello que la ley obliga a hacer.
Corresponderá a los jueces decidir si los hechos encajan o no en algún delito.
Ésa no es la tarea de un periodista ni de un partido político.
Pero antes de que un juez pueda decidir, hay algo que debe saberse.
Qué ocurrió.
Quién lo sabía.
Y qué hizo el Gobierno.
Sin esas respuestas no habrá verdad.
Y sin verdad tampoco habrá responsabilidades.
Ésa es la finalidad del pleno extraordinario que pide Manos Limpias.
Nada más.
Pero nada menos.
EL CONGRESO NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO
Un pleno extraordinario no resuelve una crisis.
Pero puede aclararla.
Ésa es su razón de ser.
El Congreso no está para aplaudir al Gobierno cuando acierta ni para censurarlo porque sí.
Está para pedir cuentas.
Eso es el control parlamentario.
Si el Gobierno actuó con diligencia, tendrá ocasión de demostrarlo.
Si hubo errores, deberá reconocerlos.
Y si alguien incumplió su deber, habrá que exigirle responsabilidades.
Ése es el camino de una democracia.
No hay otro.
La petición de Manos Limpias no obliga a nadie a condenar al Gobierno.
Obliga a escuchar sus explicaciones.
Y a examinarlas.
Eso es todo.
Quien se niega a dar explicaciones alimenta la sospecha.
Quien las ofrece con claridad fortalece las instituciones.
La confianza no nace del silencio.
Nace de la verdad.
CONCLUYENDO
Los españoles discuten sobre muchas cosas.
Sobre impuestos.
Sobre pensiones.
Sobre educación.
Sobre la organización del Estado.
Es normal.
Así funciona una sociedad libre.
Pero hay cuestiones que están por encima de cualquier diferencia política.
Una de ellas es la defensa de las fronteras.
Otra, el deber del Gobierno de responder de sus actos.
No importa quién ocupe el poder.
Las reglas deben ser las mismas para todos.
Cuando miles de inmigrantes entran en España, el Gobierno tiene la obligación de explicar qué ocurrió.
Si no lo sabía, debe decir por qué.
Si lo sabía, debe explicar qué hizo.
No basta con pedir confianza.
La confianza se gana.
Y se gana diciendo la verdad.
Manos Limpias ha pedido un pleno extraordinario.
Puede compartirse o rechazarse esa iniciativa.
Lo que resulta más difícil es sostener que un asunto de esta gravedad no merece una explicación completa ante las Cortes Generales.
Porque las fronteras de España no pertenecen al Gobierno.
Pertenecen a la Nación.
Y la Nación tiene derecho a saber cómo se defienden.