Sr. Director:

Las elecciones regionales realizadas recientemente en Aragón y Extremadura no han dado como resultado algo que no se esperara. Nos las podíamos haber ahorrado, realizando un estudio de opinión, una simple encuesta entre los electores… Habría resultado más barato y nos hubiera evitado crispaciones, y multitud de cuestiones más… Estas elecciones, como las venideras, han mostrado el funcionamiento el sistema político español y sus deficiencias y la necesidad de ser mejorado. Lo inquietante no es el resultado concreto, sino la reiteración del patrón: los ciudadanos votan, pero no deciden ni quiénes gobiernan ni quiénes legislan… son otros los que deciden, generalmente mediante pactos secretos o semisecretos, con premeditación, alevosía e incluso nocturnidad.

Todo ello no es casual, no es accidental. Es el resultado de un diseño institucional que filtra la voluntad popular en varias capas sucesivas. El elector participa al final de la cadena, cuando las decisiones fundamentales ya han sido condicionadas por estructuras partidarias y reglas electorales que reducen su margen de control y su capacidad de participación.

No estamos ante un fallo del sistema. Estamos ante su lógica —perversa— inherente al propio sistema,

Distritos que deforman el valor del voto

La primera distorsión se produce antes de comenzar el escrutinio, antes de contar una sola papeleta. El sistema de distritos no persigue una proporcionalidad estricta. Genera enormes diferencias en el peso del voto de unos y otros territorios. Algunas opciones políticas resultan sobrerrepresentadas; otras son penalizadas aunque obtengan apoyos e incluso quedan fuera de las instituciones.

Este fenómeno tiene dos consecuencias al mismo tiempo.

La primera es aritmética: el parlamento no reproduce fielmente la suma total de preferencias del electorado. La segunda es política: el representante no mantiene una relación personal identificable con una comunidad concreta. El ciudadano no sabe quién es su diputado. No tiene a quién acudir. No existe un canal institucionalizado de supervisión cotidiana.

En la práctica, el cargo electo depende del partido, del «comité de notables» que decidió incluirlo en la lista, no de los votantes a los que supuestamente representa.

La representación propiamente dicha no existe.

Listas cerradas y la oligarquía interna

El segundo filtro tiene lugar en el proceso de selección de candidatos. Los nombres que figuran en la papeleta de voto no son el resultado de una competencia abierta, sino de decisiones tomadas por comités internos reducidos. La participación de afiliados de los partidos es limitada, por no decir ninguna; la del electorado es inexistente.

Robert Michels describió este fenómeno hace más de un siglo: toda organización compleja tiende a concentrar el poder en una minoría estable. No es una conspiración. Es una dinámica organizativa. Quien controla la estructura controla las carreras políticas.

El efecto es visible:

  • La lealtad interna pesa más que la capacidad y el mérito.
  • La discrepancia se castiga con la exclusión.
  • La promoción depende de la obediencia, la sumisión, la fidelidad a los que mandan.

El representante responde hacia arriba. No hacia fuera.

El ciudadano vota listas que no ha contribuido a construir y no puede modificar.

Aragón y Extremadura: el gobierno se decide después

Una vez emitido el voto, llega la tercera fase: la formación del gobierno. Aragón y Extremadura ilustran el mecanismo con precisión. Parlamentos fragmentados, ausencia de mayoría clara y necesidad de pactos posteriores.

Esos pactos no giran en torno a programas concretos de acción pública, con objetivos definidos, enunciando con qué medios y recursos concretos, con procedimientos de rendición de cuentas, con previsión de gastos e ingresos, etc. Los pactos, en realidad giran en torno a distribución de poder:

  • consejerías
  • vicepresidencias
  • presidencias de comisiones parlamentarias
  • control de organismos
  • influencia presupuestaria

Las políticas concretas se ajustan, a posteriori, para hacer viable el acuerdo. No son su fundamento principal. El contenido programático es «flexible»; el reparto de cargos es el meollo de la cuestión.

Por supuesto, los ciudadanos no intervienen en esta fase decisiva, son mantenidos al margen y hacen de meros espectadores. El votante observa cómo su voto se convierte en una negociación entre agrupaciones partidarias que llegan a acuerdos por fines y cuestiones ajenos a sus intereses reales…

La elección termina decidiéndose en despachos a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, con absoluta falta de transparencia, ocultando información y sin dejar constancia pública de los acuerdos o deliberaciones.

Programas intercambiables

La campaña electoral presenta antagonismos absolutos, que más tarde los votantes acaban comprobando que no son reales, que todo ello es puro paripé… Los partidos compiten afirmando que gestionarán mejor, recaudarán con mayor eficacia, reducirán despilfarros y evitarán corrupción. El núcleo administrativo del Estado permanece casi intacto bajo cualquier sigla. Puro gatopardismo, tal cual la novela de Lampedusa.

La confrontación es retórica: aparentar que todo cambia, para que todo siga igual.

Esto explica por qué los pactos posteriores son posibles incluso entre fuerzas que se presentan como incompatibles. No porque carezcan de ideología, sino porque el margen de divergencia real es menor de lo que el discurso sugiere.

La ilusión de la elección

La existencia de distritos desiguales, listas cerradas y gobiernos negociados de la manera que venimos describiendo, produce un fenómeno político singular: el votante participa en una elección cuyo desenlace no controla ni remotamente.

No elige a personas concretas.
No decide directamente, ni el legislativo ni el ejecutivo.
No puede sancionar a representantes individuales, ni supervisarlos, ni controlarlos de ninguna manera.

Su capacidad de intervención en las elecciones es tan limitada que afirmar que es inexistente no es una exageración. El sistema conserva la forma democrática, pero reduce la capacidad de control ciudadano.

La elección se convierte en ceremonia periódica, en un ritual, más que en instrumento de decisión directa.

Portugal: mecanismo de cierre

Portugal introduce una corrección elemental: cuando la dispersión impide una decisión clara en elecciones presidenciales, la segunda vuelta devuelve al electorado la última palabra. El sistema obliga a cerrar la elección por parte de los votantes.

España carece de un mecanismo equivalente en el ámbito autonómico y municipal. La incertidumbre se resuelve internamente. A los electores no se les da la posibilidad de participar, de decidir.

Portugal cierra la decisión. España la delega y la deja inconclusa de forma premeditada.

Estados Unidos: desconfianza como principio constitucional

El contraste más radical, con respecto a lo que venimos narrando, está en el sistema estadounidense. Los fundadores de Estados Unidos partían de una premisa explícita: el poder debe ser vigilado porque tiende a concentrarse. El edificio institucional se construyó para dificultar la captura del sistema por élites cerradas.

Es por eso que en los EEUU :

  • Es obligatorio el registro voluntario del votante como acto consciente de participación.
  • Efectuar elecciones primarias para seleccionar candidatos.
  • Existen distritos personales identificables.
  • Y los candidatos están obligados a mantener abiertas oficinas permanentes de representación.
  • Y, como resultado, la reelección depende de una evaluación directa.

Un congresista estadounidense, o cualquier cargo electo, vive bajo supervisión territorial constante. Su continuidad depende de una comunidad concreta que puede premiarlo o expulsarlo.

El esquema es inverso al español: en los EEUU el representante teme perder a sus votantes más que incomodar al partido.

Consecuencia: Los ciudadanos españoles son simples espectadores…

En España, el votante no controla la oferta política, no decide el ejecutivo y no puede vigilar individualmente a sus representantes. Participa en una escenificación donde la decisión final se concentra en pequeños comités de notables de los diversos grupos que concurren a las elecciones.

La democracia conserva su ritual, al mismo tiempo que impide la participación.

Aragón y Extremadura no son excepciones. Son demostraciones de un modelo que funciona exactamente como fue diseñado: estabilidad organizativa para los partidos, participación limitada para el ciudadano, por no decir inexistente.

Algunas reformas imprescindibles:

  • Redefinir distritos electorales para acercar a los representantes a los electores.
  • Crear listas abiertas y primarias obligatorias.
  • Establecer segundas vueltas en elecciones ejecutivas.
  • Imponer mecanismos de rendición de cuentas.
  • Institucionalizar oficinas territoriales obligatorias

No estamos hablando de ideologías. Son ajustes de ingeniería democrática.

Conclusión

La democracia realmente existente puede seguir apuntalándose e intentar que sobreviva en la precariedad de la que hemos hablado, manteniendo el paripé durante cierto tiempo, continuando con el ritual periódicamente: Elecciones periódicas, campañas, parlamentos, gobiernos. Pero un sistema democrático propiamente dicho depende de algo más profundo: la capacidad del ciudadano para influir, supervisar y corregir el poder.

Cuando esa capacidad se debilita, la política no desaparece. Se transforma en espectáculo administrado por organizaciones que aparentan, teatralizan, hacen como si compitieran entre sí sin ceder control real a los ciudadanos, a los que de hecho consideran súbditos, meros contribuyentes…

Aragón y Extremadura son una muestra clara de todo ello. No hay fraude electoral. No hay ruptura institucional. Hay algo más sutil: una democracia en la que se vota, pero… no se decide.

Y cuando únicamente se vota, el sistema sigue aparentemente funcionando… pero ya no pertenece a quienes votan, pues se les impide participar en la toma de decisiones.