Sr. Director:

Hoy, 15 de julio de 2026 entra provisionalmente en vigor el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Se presenta como inicio de una nueva etapa de cooperación, movilidad y «Prosperidad Compartida». Se habla del final de la Verja, de la desaparición de las colas y de una relación distinta entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Pero, detrás de la celebración oficial, España tendrá pocos motivos para felicitarse. Durante los últimos cuarenta y cinco años, España no ha mantenido una verdadera política de Estado sobre Gibraltar. Cada Gobierno, e incluso cada ministro de Asuntos Exteriores, ha aplicado su propio criterio a una cuestión esencial para la integridad territorial nacional. El contraste con los años sesenta es claro. Entonces, la diplomacia española situó Gibraltar en el marco de la descolonización y obtuvo el respaldo de Naciones Unidas. Se recordó que era una colonia pendiente de descolonización que afectaba a la integridad territorial española. Ese capital diplomático se ha ido perdiendo. Las resoluciones de la ONU siguen existiendo, pero la soberanía ha sido sustituida por una negociación sobre movilidad, Schengen, aduanas, seguridad y fiscalidad.

Conviene aclarar quién ha suscrito el acuerdo. No lo firma España. Tampoco formalmente Fabián Picardo, aunque su Gobierno haya participado de forma decisiva. Los firmantes son la Unión Europea y el Reino Unido. España queda dentro de la posición comunitaria, mientras Londres comparece como Estado soberano responsable de Gibraltar y defensor de los intereses británicos. La diferencia es importante. Gran Bretaña mantiene su condición de potencia administradora, protege su posición sobre la soberanía del Peñón y conserva la autonomía de sus instalaciones militares. España, en cambio, acepta que una disputa territorial histórica pase a gestionarse como un problema europeo de movilidad, controles y cooperación.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado así en manos de la Unión Europea una parte decisiva del futuro de Gibraltar. Lo ha hecho tras cinco años de negociaciones desarrolladas con un secretismo poco compatible con la importancia del asunto y la transparencia democrática. Los españoles apenas conocen lo acordado hasta encontrarse hoy ante el hecho consumado, y las Cortes no han debatido con suficiente profundidad sus consecuencias políticas, territoriales, militares y constitucionales.

El Reino Unido presenta el acuerdo como instrumento para proteger la soberanía británica, la seguridad de la base y la estabilidad económica de Gibraltar. España lo presenta como victoria de la convivencia y prosperidad compartida. Cada Gobierno deja claro cuál ha sido su prioridad. La prioridad española ha sido facilitar la vida de los aproximadamente diez mil trabajadores que cruzan cada día hacia Gibraltar. Su protección es necesaria, pero también es legítimo preguntarse cómo se ha llegado a tal dependencia. Durante décadas, los Gobiernos no han creado en el Campo de Gibraltar una economía capaz de ofrecer suficientes oportunidades. Esa dependencia del Peñón, usada ahora para justificar las concesiones, también refleja el fracaso de una política nacional de desarrollo. En adelante, la desigualdad entre el Campo de Gibraltar y la colonia, está servida.

Una política de Estado no puede obligar a elegir entre los trabajadores y la soberanía. Debe proteger a los primeros sin renunciar a los intereses permanentes de España. Sin embargo, el acuerdo subordina la posición nacional a la necesidad inmediata de asegurar el tránsito diario y la estabilidad económica de Gibraltar. La consecuencia más publicitada será la supuesta desaparición de la Verja española. La circulación entre La Línea y Gibraltar quedará abierta, mientras los controles exteriores de Schengen se trasladarán al puerto y al aeropuerto para quienes lleguen desde terceros países. España retira la parte visible de su dispositivo y deja de controlar allí la totalidad del tránsito. Gran Bretaña mantiene, en cambio, la vigilancia de los accesos a las zonas bajo su autoridad. Habrá cámaras, sistemas tecnológicos, vehículos y presencia policial gibraltareña. En las inmediaciones del aeropuerto, de la base militar y de las instalaciones sensibles se conservarán o levantarán barreras más seguras. La cuestión más grave afecta a las Fuerzas Armadas británicas. El personal militar destinado en Gibraltar no quedará sometido a los mismos controles que los viajeros ordinarios. Tampoco sus familias, el personal civil dependiente del Ministerio de Defensa británico ni previsiblemente, los militares de países aliados que entren a través de las instalaciones de la base. Esto podría incluir a efectivos estadounidenses, de países de la Commonwealth o de cualquier otro Estado autorizado por el Reino Unido. Un militar de esas fuerzas podría acceder a Gibraltar por vía aérea o marítima, entrar después en el espacio europeo y desplazarse por él sin haber pasado por un control español equivalente al exigido a cualquier ciudadano de un tercer país. La cuestión no es secundaria. Gibraltar no es únicamente una localidad británica con un régimen fiscal singular. Es ante todo, una colonia militar británica situada en un territorio cuya ocupación afecta a la integridad territorial española. Su base controla el acceso occidental al Mediterráneo y posee un valor estratégico que Londres nunca ha ocultado.

Tampoco puede hablarse con ligereza de una frontera internacional entre España y Gibraltar. España nunca ha reconocido una frontera en el istmo. Lo que existe es una línea divisoria de hecho, nacida de una ocupación británica cuya extensión territorial nuestro país no admite. El Tratado de Utrecht cedió la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas. No cedió expresamente el istmo sobre el que hoy se encuentran el aeropuerto y otras instalaciones. Gran Bretaña fue ocupando esa zona hasta consolidar una situación discutida históricamente por España. Por eso, llamar «frontera» a la Verja nunca fue inocente: podía suponer reconocer de manera indirecta la soberanía británica sobre terrenos cuya cesión España no aceptó.

Los acuerdos internacionales no solo producen efectos por lo que dicen, sino también por las situaciones que normalizan. Cuando se acepta que las autoridades británicas administren el aeropuerto, controlen los accesos militares, gestionen el puerto y ejerzan competencias sobre las aguas cercanas, se refuerza una soberanía efectiva que España afirma no reconocer, pero cuyas consecuencias prácticas acepta. Gibraltar obtiene además una posición política más fuerte. Su Gobierno ha intervenido en las negociaciones, participará en la aplicación cotidiana y aparecerá como interlocutor necesario ante Londres y Bruselas. Sin ser un Estado, refuerza su carácter de entidad política autónoma. El Peñón consigue una situación muy ventajosa. Sigue bajo soberanía británica, mantiene sus instituciones, su sistema jurídico, su moneda, su fiscalidad y su relación con Londres. Al mismo tiempo, obtiene una comunicación fluida con España y con Schengen, evitando buena parte del aislamiento que podía haberle causado el Brexit. Gran Bretaña salió de la Unión Europea, pero Gibraltar recupera muchas de las ventajas prácticas de seguir vinculado a ella. España aporta el territorio circundante, los trabajadores, las infraestructuras, la conexión con Europa y los mecanismos Schengen. A cambio, recibe una promesa de prosperidad y una presencia limitada en algunos controles.

El acuerdo tampoco resuelve la pesca, los rellenos con los que Gibraltar viene ganando terreno al mar con piedra española, el abastecimiento de combustible a buques, la contaminación, las aguas residuales ni el control de las aguas circundantes.

Según lo anunciado, agentes españoles actuarán principalmente en el aeródromo de la Royal Air Force, utilizado como aeropuerto civil y en la terminal situada en el istmo, sobre terrenos que España no reconoce como británicos. Allí participarían dos policías nacionales en el control de viajeros procedentes de terceros países. No parece correcto presentar esa presencia reducida como un ejercicio pleno de autoridad española. Tampoco está claro que exista una actuación equivalente en el puerto. La cuestión más grave afecta a las Fuerzas Armadas británicas. El personal militar destinado en Gibraltar, sus familias, el personal civil del Ministerio de Defensa y previsiblemente, los militares aliados que entren por la base no quedarán sometidos a los mismos controles que los viajeros ordinarios. Podrían acceder después al espacio europeo sin pasar por un control español equivalente al exigido a cualquier ciudadano de un tercer país.

     Gibraltar no es solo una localidad británica con un régimen fiscal singular. Es una colonia militar situada en un territorio cuya ocupación afecta a la integridad territorial española. Su base controla el acceso occidental al Mediterráneo y posee un valor estratégico que Londres nunca ha ocultado. Sin embargo, este aspecto apenas aparece en el debate público español. Aquí se habla de movilidad, cooperación y empleo, pero se evita recordar que en el centro del problema existe una colonia militar extranjera en un punto estratégico. El acuerdo tampoco resuelve la pesca, los rellenos con los que Gibraltar viene ganando terreno al mar con piedra española, el abastecimiento de combustible a buques, la contaminación, las aguas residuales ni el control de las aguas circundantes. Se crea una amplia estructura administrativa, pero siguen pendientes los principales problemas territoriales, marítimos y medioambientales.

El principal beneficiario será Gibraltar. Contará con acceso abierto a España, mano de obra próxima, conexión con la Unión Europea y protección frente a los daños del Brexit. También podrá ampliar su influencia económica e inmobiliaria hacia el norte de la actual Verja mediante la compra de suelo, viviendas y negocios. España aporta el territorio circundante, la conexión física con Europa, los trabajadores, las infraestructuras, los controles Schengen , las bases de datos de la UE y buena parte de la legitimidad política necesaria para que el sistema funcione. A cambio recibe la promesa de prosperidad para el Campo de Gibraltar y como se ha dicho, una presencia policial limitada en determinados controles del puerto y el aeropuerto.

Lo cierto es que el Tratado entre UE y GB reconoce implícitamente la soberanía británica sobre el istmo robado a España y sobre las aguas que rodean el Peñón. Igualmente, es reconocido como institución semi-estatal autónoma en el derecho internacional

No existe hoja de ruta para la devolución, ni calendario de descolonización. Tampoco se revisa la ocupación del istmo, se limita la actividad militar o se reconoce la naturaleza colonial del problema como punto de partida de una negociación bilateral. El Gobierno dirá que el acuerdo no cambia las posiciones sobre la soberanía. Cuanto más dependa el Campo de Gibraltar de la economía del Peñón, más difícil será adoptar una posición firme. Y cuanto más se europeíce la gestión del problema, más se alejará de su origen: una disputa entre España y el Reino Unido sobre un territorio pendiente de descolonización. Lo cierto es que el Tratado entre UE y GB reconoce implícitamente la soberanía británica sobre el istmo robado a España y sobre las aguas que rodean el Peñón. Igualmente, es reconocido como institución semi-estatal autónoma en el derecho internacional.

España, aunque jurídicamente no se desligue de las resoluciones de la ONU, que siguen vigentes, sí ha provocado un desplazamiento político. La descolonización deja paso a comités mixtos, normas Schengen, cooperación policial y decisiones entre Londres y Bruselas. La relación bilateral se desdibuja: la Comisión Europea adquiere un papel central y España participa de forma indirecta dentro de la posición comunitaria. La expresión «Prosperidad Compartida» sirve así para sustituir la soberanía por la economía. Pero la prosperidad del Campo de Gibraltar debería proceder de una política nacional de desarrollo, de inversiones españolas y europeas, de mejores infraestructuras, de una fiscalidad atractiva y de una economía propia. No de aceptar que el futuro de la comarca dependa de la estabilidad del enclave británico.

La pregunta decisiva es qué habría ocurrido si España hubiera utilizado el Brexit como instrumento de negociación. Gibraltar dependía de su comunicación con España, pero había quedado fuera de la Unión por decisión británica. Nuestro país disponía de una posición excepcional y podía haber condicionado cualquier solución al reconocimiento de la singularidad del istmo, al uso conjunto del aeropuerto, a limitar ventajas fiscales, regular aguas y rellenos y abrir un proceso sobre soberanía y descolonización. Nada de eso se ha conseguido. La necesidad británica de encontrar una salida para Gibraltar se ha convertido en una concesión española destinada a asegurar la estabilidad del Peñón. Londres ha negociado desde el interés nacional británico. Picardo, desde el interés de Gibraltar. La Comisión Europea, para cerrar el último gran problema del Brexit. ¿Desde qué interés ha negociado Pedro Sánchez?

A ello se añade una cuestión constitucional. El artículo 94 de la Constitución exige autorización previa de las Cortes Generales para determinados tratados, entre ellos los que afecten a la integridad territorial del Estado o impliquen obligaciones financieras y legislativas importantes. El Gobierno podrá decir que España no es parte firmante porque el acuerdo se celebra entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero, si afecta al territorio español, a los controles, a las competencias de la Policía Nacional, al régimen del istmo y a la integridad territorial que España reivindica, es obligado preguntarse si puede asumirse una transformación de esta importancia sin un debate nacional suficiente y sin autorización expresa de las Cortes.

Londres ha negociado desde el interés nacional británico. Picardo, desde el interés de Gibraltar. La Comisión Europea, para cerrar el último gran problema del Brexit. ¿Desde qué interés ha negociado Pedro Sánchez?

La desaparición de la Verja será fotografiada como un triunfo, pero al lado se verá otra más robusta y grande, la británica, para escarnio de España. Las autoridades atravesarán el antiguo paso, se estrecharán las manos y hablarán de un futuro sin barreras. Pero las barreras no desaparecen. Cambian de lugar y de propietario. España elimina las suyas; el Reino Unido conserva y refuerza las necesarias para proteger el aeropuerto, la base y sus instalaciones estratégicas. Lo que hasta ahora era una ocupación territorial visible pasa a ser una realidad integrada, funcional y económicamente necesaria. La reivindicación española seguirá escrita en los documentos oficiales, pero tendrá menos presencia en la vida diaria y menor fuerza para condicionar las decisiones políticas.

Esta es la verdadera dimensión de lo ocurrido. No se entrega formalmente una soberanía que España no ejercía sobre Gibraltar. Se pierde algo quizá más difícil de recuperar: la oportunidad histórica de haber utilizado el Brexit para modificar una situación heredada de 1713. España vuelve a aplazar su reclamación, debilita sus instrumentos de presión y acepta que el problema sea administrado desde Europa sin recibir una concesión equivalente en soberanía, descolonización, control militar, istmo, aguas o integridad territorial.

A todo ello hay que añadir la vergüenza del ministro Albares, quien encima habla de acuerdo histórico.

 

 

No es el final de la Verja. Es la consolidación del Peñón. Y para España, la infamia consumada.