Sr. Director:

El caso que enfrenta a Íñigo Errejón con la actriz Elisa Mouliaá constituye uno de esos episodios que permiten observar con claridad el deterioro jurídico, político y moral de la España contemporánea.

No porque Errejón sea precisamente ejemplo de coherencia o respeto a las garantías jurídicas. Más bien al contrario. Lo verdaderamente revelador es que el asunto vuelve a poner de manifiesto algo que millones de españoles perciben desde hace años: en España existe una oligarquía político-mediática que no recibe el mismo trato que el ciudadano corriente.

La noticia publicada por algunos medios de información sobre la tercera citación judicial a Elisa Mouliaá y la advertencia expresa de detención acordada por el magistrado Arturo Zamarriego vuelve a convertir en noticia de actualidad un asunto cuidadosamente ocultado durante años: las acusaciones falsas o temerarias, las denuncias utilizadas como arma de destrucción personal y el empleo político y mediático de determinados delitos.

Porque conviene aclarar algo elemental desde el principio: nadie niega la existencia de agresiones sexuales reales, de malos tratos auténticos ni de delincuentes miserables (de ambos sexos). Lo que muchos ciudadanos españoles llevan décadas denunciando es otra cosa muy distinta: la creación de un clima ideológico donde determinadas acusaciones bastan para destruir reputaciones, carreras profesionales y vidas enteras antes incluso de celebrarse juicio alguno.

Y lo más grotesco es que algunos de los principales impulsores de ese sistema han terminado probando su propia medicina.

El inquisidor atrapado por la maquinaria inquisitorial

Íñigo Errejón jamás destacó precisamente por defender la presunción de inocencia cuando las acusaciones afectaban a adversarios ideológicos o a simples ciudadanos anónimos.

Procede de un universo político donde durante años se alentó la idea de que determinadas denuncias debían ser creídas casi automáticamente; donde la sospecha pública equivalía a media condena; y donde las garantías jurídicas tradicionales eran presentadas poco menos que como obstáculos reaccionarios frente al supuesto progreso moral.

Errejón, como tantos otros miembros de esa izquierda populista heredera del viejo leninismo universitario y del activismo sentimental convertido en doctrina política, participó activamente en la construcción de un clima de sospecha permanente contra el varón heterosexual convertido en culpable preventivo estadístico.

Pero la historia posee un sentido del humor feroz.

Porque cuando la maquinaria amenaza con triturar a quienes contribuyeron a crearla, aparecen de repente los matices, las cautelas y las apelaciones al Estado de Derecho. Entonces se redescubre la importancia de las pruebas. Entonces se reivindica la prudencia judicial. Entonces se invoca la necesidad de respetar la presunción de inocencia.

Y entonces, curiosamente, tampoco se aplican ciertos mecanismos automáticos que sí padecen miles de españoles anónimos.

Porque a Errejón no se le vio esposado entrando en un calabozo. No pasó la noche detenido. No sufrió esa humillación pública inmediata que padecen tantos ciudadanos denunciados al amparo de la legislación de género.

Y ahí aparece la cuestión decisiva.

Más de tres millones de denuncias y millones de vidas afectadas

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, aprobada el 28 de diciembre de 2004 —día de los Santos Inocentes—, las denuncias relacionadas con la llamada “violencia de género” ya superan ampliamente los tres millones de procedimientos acumulados.

Detrás de esa cifra gigantesca existen millones de actuaciones policiales y judiciales que han afectado directamente a ciudadanos concretos:

– detenciones,
– paso por dependencias policiales,
– fichajes,
– esposamientos,
– alejamientos del domicilio familiar,
– prohibiciones de comunicación con hijos y familiares,
– comparecencias urgentes,
– y destrucción instantánea de reputaciones personales y profesionales.

En la práctica, la inmensa mayoría de los denunciados termina pasando por calabozos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, aunque posteriormente la mayoría de los procedimientos concluyan archivados, sobreseídos o sin condena. ¡MÁS DEL OCHENTA POR CIENTO DE LOS CASOS!

Y ahí reside una de las cuestiones más inquietantes del sistema:
El castigo personal, familiar, económico y social comienza muchas veces desde el mismo instante de la denuncia, antes incluso de celebrarse juicio alguno.

Especialmente polémica resulta la práctica habitual de mantener detenidos durante fines de semana, festivos o largos periodos previos a la comparecencia judicial a ciudadanos que, en numerosos casos, carecen de antecedentes penales, no representan peligro objetivo inmediato y terminarán siendo absueltos o no condenados.

Numerosos juristas llevan años advirtiendo de la difícil compatibilidad entre determinadas prácticas automáticas derivadas de la legislación de género y el espíritu garantista del artículo 17 de la Constitución, así como de la institución del habeas corpus, concebida precisamente para impedir privaciones de libertad innecesarias, arbitrarias o desproporcionadas.

Porque sobre el papel la presunción de inocencia continúa existiendo.

Pero en la práctica, en demasiadas ocasiones, la pena social y personal se adelanta a la sentencia.

En España no todos soportan el mismo peso de la ley

La gran mentira de la política española contemporánea consiste en repetir mecánicamente que “todos somos iguales ante la ley”, cuando la realidad diaria demuestra exactamente lo contrario.

Existe una diferencia evidente entre el trato dispensado al ciudadano corriente y el reservado a determinados miembros de la oligarquía política, mediática, judicial o sindical.

Muchos españoles recuerdan todavía el caso de Juan Fernando López Aguilar, uno de los principales impulsores de la Ley de Violencia de Género de diciembre de 2004.

Cuando terminó envuelto en acusaciones de malos tratos, jamás sufrió el tratamiento policial reservado habitualmente al común de los mortales:
Ni espectáculo mediático de esposamiento,
Ni paseo ante las cámaras,
Ni noche en calabozos,
Ni linchamiento público inmediato.

Exactamente lo mismo ocurrió con el hijo de Cándido Conde-Pumpido, episodio que reforzó todavía más la sensación social de que determinadas familias, determinados apellidos y determinados entornos políticos parecen disfrutar de amortiguadores invisibles frente a procedimientos que se aplican con enorme dureza al ciudadano corriente.

Y ahora le ha tocado a Íñigo Errejón.

Siempre aflora la misma impresión:
Determinados individuos pertenecientes a la casta dirigente parecen disfrutar de cautelas, demoras y delicadezas institucionales que rara vez se conceden al español anónimo.

La vieja España de los privilegios nunca desapareció realmente. Simplemente sustituyó los títulos nobiliarios por redes de influencia política, mediática e ideológica.

Antes se hablaba de hidalgos. «Usted no sabe bien con quién está hablando…»

Hoy hablamos de “referentes sociales”, “intelectuales comprometidos”, “activistas”, “servidores públicos” o dirigentes políticos protegidos por aparatos partidistas y mediáticos.

Pero el mecanismo continúa siendo parecido:
unos soportan todo el peso de la ley y otros parecen disponer de colchones protectores.

Las denuncias falsas sí existen, aunque intenten ocultarlo

Durante años se ha repetido hasta la saciedad que las denuncias falsas constituyen un “mito”, una rareza estadística o una invención de la “extrema derecha”.

Se trata de una manipulación deliberada.

Porque para que jurídicamente exista un delito de denuncia falsa no basta con demostrar que una acusación era incierta o imposible de acreditar. Además debe probarse que quien denunció sabía perfectamente que mentía y actuó con voluntad consciente de perjudicar.

Y eso resulta extraordinariamente difícil de demostrar, por no decir imposible.

Por tanto, las escasas condenas por denuncia falsa no prueban que apenas existan acusaciones mendaces. Lo único que prueban es la enorme dificultad jurídica de acreditar el dolo.

Entre la agresión real y la condena firme por denuncia falsa existe un inmenso territorio gris compuesto por: acusaciones imposibles de probar, relatos contradictorios, exageraciones interesadas,
manipulaciones emocionales, venganzas personales, instrumentalización judicial, campañas de difamación y destrucción reputacional mediante redes sociales y medios de comunicación.

Precisamente por eso este caso resulta tan significativo.

Aquí no hablamos únicamente de una denuncia inicial por presunto abuso sexual. Hablamos también de una querella posterior por presuntas calumnias derivadas de acusaciones públicas de “extorsión” lanzadas contra Errejón.

Y hablamos además de un informe médico forense que concluye que Elisa Mouliaá sí posee capacidad suficiente para comparecer ante el juzgado, pese a haber alegado un trastorno ansioso para no acudir a declarar.

Todo ello desmonta la visión fanática según la cual basta proclamarse víctima para quedar automáticamente situada fuera de cualquier análisis crítico.

El miedo como herramienta de control social

El resultado de todo ello ha sido la instauración progresiva de un clima de miedo profundamente corrosivo. Miedo a una ruptura conflictiva. Miedo a una acusación imposible de desmontar rápidamente. Miedo a que una simple denuncia baste para activar una maquinaria policial y judicial devastadora. Ese miedo no afecta únicamente a culpables reales. Afecta también a millones de ciudadanos normales que observan cómo la mera acusación puede bastar para destruir una vida.

Y cuando una sociedad comienza a vivir bajo el temor permanente a la denuncia instrumental, la convivencia se degrada inevitablemente.

Porque desaparece la seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no existe verdadera libertad.

A todo ello debe añadirse otro elemento raramente mencionado: la gigantesca estructura política, administrativa y subvencionada construida alrededor de la llamada “violencia de género”.

Durante más de veinte años se ha consolidado en España una inmensa red de: observatorios, institutos, direcciones generales, fundaciones, asociaciones subvencionadas, gabinetes, asesorías, campañas institucionales, cursos obligatorios, informes ideológicos y estructuras enteras sostenidas con dinero público.

Y cuando una estructura tan gigantesca depende económicamente de un problema, surge inevitablemente una tentación muy peligrosa: magnificarlo, politizarlo y convertirlo en instrumento de poder.

No se trata de negar la existencia de mujeres realmente maltratadas.

Lo que muchos ciudadanos cuestionan es la utilización ideológica de ese sufrimiento para justificar legislaciones excepcionales, restricciones de garantías jurídicas y redes clientelares financiadas con dinero de todos.

El problema de fondo no es únicamente jurídico. Es político y moral. España lleva años avanzando hacia un sistema donde amplios sectores de la población perciben que la ley ya no actúa con neutralidad, sino según afinidades ideológicas, conexiones personales o posición social. Y eso destruye lentamente la confianza colectiva.

Porque cuando los ciudadanos creen que existen castas protegidas y ciudadanos desprotegidos, la legitimidad institucional comienza a resquebrajarse.

El resultado final siempre termina siendo el mismo: miedo, arbitrariedad y silencio.

Miedo a ser acusado. Miedo a discrepar. Miedo a expresar determinadas opiniones. Miedo a enfrentarse a grupos políticamente protegidos. Y ese miedo constituye el terreno ideal para cualquier oligarquía:
El dominio de minorías organizadas que utilizan las instituciones, los medios de información y el aparato político para protegerse mutuamente mientras predican igualdad ante la ley.

La amarga ironía del caso de Íñigo Errejón reside precisamente ahí.

Muchos de quienes contribuyeron durante años a construir esa maquinaria inquisitorial descubren ahora, demasiado tarde, que las herramientas de excepción jamás permanecen limitadas al enemigo político.

La lógica del linchamiento termina devorando incluso a quienes la alimentaron.