Sr. Director:
En los últimos tiempos asistimos a un fenómeno especialmente sorprendente en la vida pública española: la proliferación de iniciativas institucionales destinadas a combatir el llamado “odio”. Conferencias, campañas educativas, reformas legales y actos solemnes se presentan como instrumentos necesarios para proteger la convivencia y la dignidad de los ciudadanos.
Uno de los ejemplos más recientes es la llamada “Cumbre contra el Odio”, promovida por el gobierno de Pedro Sánchez y acompañada por instituciones, plataformas tecnológicas y diversos organismos públicos. El mensaje oficial parece sencillo y atractivo: el odio es un problema social creciente, especialmente en internet, y el Estado debe intervenir para prevenirlo y sancionarlo.
Sin embargo, cuando se observa con detenimiento el contexto político y cultural en el que surgen estas iniciativas, aparecen contradicciones difíciles de ignorar.
Los mismos políticos que proclaman la necesidad de combatir el odio participan, al mismo tiempo, en dinámicas que fomentan la hostilidad pública, la caricaturización del adversario, la persecución del disidente y la exaltación de agravios históricos. La discordia no desaparece; simplemente cambia de dirección y de legitimidad.
Así surge una pregunta fundamental:
¿Se pretende realmente combatir el odio o se está utilizando la idea del odio como herramienta de poder?
Responder a esta cuestión exige analizar primero un aspecto más profundo: la naturaleza humana.
Odiar es humano
Antes de legislar acerca de emociones conviene reconocer una verdad elemental: odiar es una experiencia humana universal.
Todos los seres humanos han experimentado odio alguna vez.
Se puede odiar a un vecino envidioso, a un profesor injusto, a un jefe despótico, a un político corrupto o incluso a uno mismo por errores cometidos.
Negar esta realidad equivale a negar la complejidad de la condición humana.
El odio forma parte del mismo repertorio emocional que el amor, la compasión, la admiración o la solidaridad. Es una reacción que surge ante lo que percibimos como amenaza, injusticia o agresión.
Intentar erradicarlo mediante decretos políticos es tan absurdo como intentar prohibir la tristeza o la frustración.
La cuestión no es si el odio existe, sino qué hacemos con él.
La confusión deliberada: emoción y acción
Aquí aparece el primer problema de las políticas oficiales contra el odio.
Se produce una confusión deliberada entre emoción y conducta.
Sentir odio no equivale a cometer un delito.
Una persona puede sentir una profunda hostilidad hacia otra y, sin embargo, comportarse con corrección, respeto e incluso con prudente distancia.
Las sociedades libres se basan precisamente en esa distinción:
la ley regula acciones, no emociones.
Cuando el Estado comienza a intervenir en la esfera emocional o intelectual de los ciudadanos se produce una invasión de la conciencia individual.
No se trata ya de garantizar la convivencia, sino de disciplinar el pensamiento.
La incoherencia de los nuevos predicadores de la concordia
Llegados a este punto aparece una contradicción difícil de ignorar.
Quienes ahora organizan cumbres y congresos contra el odio pertenecen al mismo ámbito político que durante años ha fomentado un lenguaje cargado de hostilidad hacia quienes piensan de manera distinta.
La sociedad se divide constantemente en categorías morales enfrentadas:
demócratas frente a reaccionarios, progresistas frente a retrógrados, víctimas frente a culpables colectivos.
En lugar de discutir ideas se descalifica al adversario.
El debate político se transforma en una lucha moral en la que el discrepante deja de ser interlocutor para convertirse en enemigo.
Ese tipo de discurso no reduce el odio.
Lo alimenta.
La memoria selectiva del poder
La incoherencia resulta todavía más evidente cuando se observa la relación de algunos socios políticos del gobierno con episodios de violencia política del pasado.
Durante años se han celebrado actos de homenaje a terroristas -y se siguen celebrando-, manifestaciones de simpatía hacia quienes practicaron la violencia y gestos públicos que glorifican a responsables de asesinatos políticos.
El contraste es evidente:
quienes dicen combatir el odio toleran o incluso celebran la memoria de quienes utilizaron el odio como arma política.
La doble moral ideológica
La contradicción no termina ahí.
Las mismas corrientes políticas que denuncian el odio cuando proviene del ciudadano común promueven al mismo tiempo discursos profundamente hostiles hacia instituciones, tradiciones y grupos sociales.
Entre ellos destaca un tipo de feminismo que ya no busca la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, sino que desarrolla un discurso claramente misándrico, hostil hacia el hombre y hacia la institución familiar.
Bajo el lenguaje de la inclusión se promueve una narrativa que presenta al varón como culpable estructural y a la familia tradicional como una institución sospechosa.
Es difícil no percibir aquí otra paradoja:
se condena el odio mientras se cultiva una forma específica de resentimiento ideológico.
El uso político del miedo al odio
La consecuencia de todo este proceso es clara.
El odio deja de ser una emoción humana para convertirse en una categoría política utilizable.
Quien controla la definición del odio controla también el debate público.
Basta con acusar al adversario de incitar al odio para deslegitimar sus argumentos sin necesidad de refutarlos.
Así se crea un clima en el que la crítica se vuelve peligrosa y la autocensura se convierte en una forma de prudencia.
Enseñanza, cultura y control moral
Este fenómeno no se limita al ámbito político.
También se extiende a la enseñanza, a la cultura y a los medios de información.
En lugar de fomentar el pensamiento crítico, se promueven acciones moralizantes que enseñan a identificar “discursos problemáticos” y a denunciar opiniones incómodas.
La discusión racional se sustituye por una vigilancia emocional permanente.
El resultado es una sociedad cada vez más temerosa de expresar ideas impopulares.
Consecuencias sociales
Las consecuencias son profundas.
- Se debilita la libertad de expresión.
- Se deteriora el debate público.
- Se fomenta la autocensura.
- Se fortalece el poder de quienes controlan las definiciones morales.
Paradójicamente, la lucha institucional contra el odio termina generando más hostilidad social y menos libertad.
La dimensión ética del odio
Volvamos ahora al individuo.
Odiar no convierte automáticamente a una persona en alguien inmoral.
El odio puede surgir ante la injusticia, ante la corrupción o ante el abuso de poder.
Incluso puede tener una función reveladora: nos obliga a preguntarnos por qué reaccionamos de esa manera.
La cuestión no es negar el odio, sino no permitir que nos domine.
Libertad interior frente al poder
Aquí aparece la dimensión más importante de esta reflexión.
El Estado puede intentar regular el lenguaje, las leyes o las plataformas tecnológicas, pero no puede controlar completamente la conciencia de los ciudadanos.
La verdadera libertad comienza en el interior de cada persona.
Consiste en pensar por uno mismo, en analizar críticamente los discursos oficiales y en no aceptar sin examen las categorías morales impuestas desde el poder.
Construir en lugar de odiar
Esto no significa glorificar el odio.
Al contrario.
Significa reconocerlo para no convertirse en su instrumento.
El odio que se convierte en obsesión termina dañando más a quien lo siente que a quien lo provoca.
La energía humana puede dirigirse hacia la destrucción o hacia la construcción.
Las sociedades libres prosperan cuando los ciudadanos eligen la segunda opción.
La paradoja final
Así llegamos a la paradoja final de la llamada “Cumbre contra el Odio”.
Quienes se presentan como guardianes de la convivencia practican con frecuencia las mismas formas de hostilidad que dicen combatir.
Se condena el odio del ciudadano común mientras se tolera o se justifica el odio del poder.
Se habla de inclusión mientras se persigue al disidente.
Se invoca la igualdad mientras se promueven ideologías que fomentan el resentimiento.
La responsabilidad del ciudadano
Frente a esta situación, la única defensa real no es esperar que el poder actúe con coherencia moral.
Es desarrollar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
Ciudadanos que comprendan la naturaleza humana, que distingan entre emociones y acciones, que defiendan la libertad de expresión y que no acepten sin examen las narrativas oficiales.
Conclusión
El odio no desaparecerá mediante cumbres, campañas o leyes.
Forma parte de la condición humana.
Lo que sí puede desaparecer .si no se defiende con firmeza- es la libertad de pensamiento.
Por eso la cuestión fundamental no es cómo prohibir el odio.
La cuestión fundamental es cómo evitar que el poder utilice el miedo al odio para controlar la conciencia de los ciudadanos.
Solo una sociedad que comprenda esta diferencia podrá conservar aquello que realmente importa:
la libertad de pensar, de hablar y de vivir según la propia conciencia.
Camus, Cipolla y la estupidez del poder
Albert Camus advertía sobre la banalidad del mal y la dificultad de mantener la lucidez ética frente a la manipulación ideológica. La historia moderna confirma que quienes ostentan poder muchas veces confunden el bien común con la imposición de su moral particular. Lo que estos “guardianes de la virtud” llaman lucha contra el odio suele ser, en realidad, una estrategia de control y de autoprotección política.
Carlo Cipolla, por su parte, definió la estupidez humana como un daño infligido por alguien a otro sin beneficio propio, o incluso con perjuicio para ambos. Las políticas de control emocional y de censura emocional que promueve el gobierno español actual son ejemplos claros de esta estupidez aplicada a la esfera institucional: leyes que buscan protegernos del odio mientras protegen o promueven la hostilidad de sus aliados ideológicos, el feminismo misándrico y la glorificación de terroristas y agitadores.
En suma, Camus nos advierte sobre la necesidad de mantener la lucidez ética y Cipolla sobre el daño que puede causar la estupidez del poder. Los ciudadanos conscientes deben leer entre líneas y no dejarse envenenar por discursos que disfrazan la hostilidad como virtud.
El control del lenguaje y la manipulación ideológica
El intento de regular emociones y pensamientos mediante leyes y campañas no es nuevo. A lo largo de la historia, los regímenes totalitarios han utilizado el lenguaje y la moral oficial como herramientas de dominación:
- Segunda República Española y Guerra Civil: leyes de persecución ideológica, acoso a minorías y encarcelamiento por creencias políticas.
- Unión Soviética y China de Mao: criminalización de ideas disidentes, campos de reeducación, manipulación del lenguaje público y culto a la ortodoxia ideológica.
- Cuba contemporánea: represión de homosexuales, periodistas críticos y disidentes bajo el discurso de la inclusión y la justicia social.
En todos estos casos, la premisa fue la misma: el poder decide qué emociones, ideas y pensamientos son aceptables y cuáles constituyen delito, mientras simula proteger a la sociedad. La cumbre del Gobierno español encaja en esta línea histórica: la defensa oficial del “odio” se convierte en instrumento de control social, no en garantía de seguridad o justicia.
El ciudadano debe saber con claridad a quién se enfrenta.
Y llegamos al meollo de la cuestión: el ciudadano debe saber con claridad a quién se enfrenta.
- Los mismos que organizan cumbres contra el odio: homenajean a terroristas, glorifican la violencia selectiva, criminalizan la disidencia, caricaturizan y hostigan a quienes piensan distinto.
- Bajo la bandera de la inclusión e igualdad, impulsan un feminismo misándrico y antifamilia, promueven leyes de censura y ocultan sus propios odios ideológicos.
- Todo esto se presenta como “revolucionario”, “justicia social” o “jarabe democrático”, cuando en realidad es un cóctel de cinismo, hipocresía y manipulación masiva.
El mensaje final es demoledor: no hay mayor peligro para la libertad que un poder que predica contra el odio mientras lo practica, lo protege y lo utiliza estratégicamente.
El antidoto está en la libertad interior: pensamiento crítico, ética personal, coherencia y construcción en lugar de destrucción. Solo así el ciudadano puede resistir la manipulación del poder, conservar la lucidez moral y preservar la dignidad de la sociedad frente a la impostura, la doble moral y la hipocresía institucional.