El 7 de julio de 1981 España aprobó la ley que introdujo el divorcio en el ordenamiento jurídico de la etapa constitucional.
Han transcurrido ya cuarenta y cinco años.
Se trata de tiempo más que suficiente para efectuar un balance sereno de sus consecuencias.
No un balance moralista.
No un balance sentimental.
Sino un balance histórico, demográfico, jurídico y social.
Porque las leyes, especialmente aquellas que afectan a la familia, producen efectos que suelen manifestarse décadas después de su aprobación.
En 1981 se aseguró a los españoles que el divorcio sería una solución excepcional para situaciones excepcionales.
Se afirmó que apenas afectaría a la estructura familiar.
Se dijo que ampliaría la libertad individual sin alterar los fundamentos de la convivencia.
Se presentó como una adaptación necesaria a la modernidad.
Cuatro décadas y media después, la pregunta resulta inevitable:
¿Qué ha ocurrido realmente?
La respuesta exige mirar más allá de las consignas políticas y de los eslóganes ideológicos.
Porque la familia, la natalidad, la transmisión generacional y la estabilidad social no se rigen por campañas publicitarias ni por declaraciones institucionales.
Se rigen por la realidad.
Y la realidad suele ser menos complaciente que la propaganda.
Cuando el fracaso se presenta como progreso
Uno de los fenómenos más llamativos de las últimas décadas ha sido la capacidad de determinados grupos políticos, mediáticos y culturales para presentar como conquistas sociales fenómenos que, contemplados individualmente, casi nadie desea experimentar.
Nadie se casa deseando divorciarse.
Nadie forma una familia soñando con una ruptura traumática.
Nadie desea que sus hijos crezcan entre litigios, enfrentamientos o alejamiento de uno de sus progenitores.
Del mismo modo que nadie desea sufrir una enfermedad grave, afrontar una bancarrota o perder su empleo.
Sin embargo, durante años se ha presentado el divorcio como un símbolo de modernidad.
Como una prueba de avance social.
Como una conquista emancipadora.
Y aquí aparece una confusión fundamental.
Una cosa es admitir jurídicamente una solución para situaciones de fracaso.
Otra muy distinta convertir ese fracaso en una bandera ideológica.
La existencia de hospitales no convierte la enfermedad en una buena noticia.
La existencia de tribunales no transforma el delito en algo deseable.
La existencia de bomberos no convierte los incendios en signos de progreso.
De igual forma, la existencia del divorcio no convierte la ruptura matrimonial en un éxito colectivo.
El divorcio es, en la inmensa mayoría de los casos, la constatación de que un proyecto familiar ha fracasado.
Puede ser una solución necesaria.
Puede ser incluso la menos mala de las alternativas disponibles.
Pero sigue siendo la consecuencia de una quiebra previa.
Durante décadas se ha confundido deliberadamente la posibilidad de resolver un problema con la celebración del problema mismo.
Y esa confusión ha terminado impregnando buena parte del debate público.
La ventana de Overton y la normalización de la ruptura
La transformación cultural no se produjo de golpe.
Se desarrolló gradualmente.
Siguiendo un mecanismo que recuerda bastante a lo que habitualmente se denomina ventana de Overton.
Primero se presenta una conducta como excepcional.
Posteriormente se afirma que no debe ser condenada.
Más tarde se sostiene que es perfectamente respetable.
Después se considera equivalente a cualquier otra opción.
Finalmente se presenta como un modelo tan válido o incluso superior al tradicional.
Este proceso no ha afectado únicamente al divorcio.
Puede observarse también en otros debates contemporáneos relacionados con el aborto, la eutanasia o la disolución de estructuras familiares tradicionales.
Lo relevante no es la existencia de estas realidades.
Lo relevante es el cambio de lenguaje.
Lo que antes se consideraba una desgracia pasa a definirse como una liberación.
Lo que antes generaba preocupación colectiva se convierte en una expresión de autonomía personal.
Lo que antes era contemplado como un fracaso pasa a interpretarse como una forma de realización individual.
Las palabras cambian.
La realidad permanece.
Porque una familia rota sigue siendo una familia rota aunque se utilicen expresiones más amables para describirla.
Y porque las consecuencias sociales no desaparecen simplemente modificando el vocabulario.
Una constante antropológica
A lo largo de la historia, prácticamente todas las civilizaciones conocidas han intentado favorecer relaciones estables y duraderas entre hombres y mujeres.
Las fórmulas concretas variaban.
Las normas jurídicas eran diferentes.
Las creencias religiosas también.
Pero existía una coincidencia casi universal.
La estabilidad familiar era considerada un bien social.
No por romanticismo.
No por puritanismo.
No por capricho.
Sino porque la experiencia acumulada durante siglos demostraba que la supervivencia de una comunidad depende de su capacidad para educar a los hijos, transmitir conocimientos y asegurar la continuidad generacional.
Roma lo comprendió.
La Cristiandad medieval lo comprendió.
Las sociedades islámicas lo comprendieron.
China lo comprendió.
La India lo comprendió.
Los pueblos tribales también.
Las sociedades humanas siempre han tendido a proteger aquello que garantiza su continuidad.
Por eso resulta llamativo que precisamente las sociedades más ricas y tecnológicamente avanzadas de la historia sean también algunas de las que muestran mayores dificultades para reproducirse y mantener estructuras familiares estables.
El divorcio y la crisis demográfica
Resultaría simplista atribuir el invierno demográfico exclusivamente al divorcio.
Las causas son múltiples.
Factores económicos.
Cambios culturales.
Transformaciones laborales.
Retraso en la emancipación juvenil.
Pero también sería ingenuo ignorar la relación existente entre la inestabilidad familiar y el desplome de la natalidad.
Las cifras son elocuentes.
España presenta una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo.
La edad media de maternidad no deja de aumentar.
Los matrimonios disminuyen.
Los nacimientos descienden.
Los hogares unipersonales crecen.
Cada vez más ciudadanos llegan a la vejez sin descendencia.
No parece una casualidad.
La confianza constituye el fundamento invisible de cualquier proyecto familiar.
Cuando la percepción de estabilidad desaparece, muchas personas optan por no asumir compromisos duraderos.
Y cuando disminuyen los compromisos duraderos, disminuyen también los nacimientos.
La huelga matrimonial masculina
Hace casi un cuarto de siglo, los estadounidenses Glenn Sacks y Dianna Thompson formularon una hipótesis que entonces fue considerada polémica.
Según ellos, muchos hombres estaban desarrollando una especie de huelga matrimonial.
No rechazaban necesariamente la paternidad.
No odiaban a las mujeres.
No sufrían un supuesto complejo de Peter Pan.
Simplemente observaban lo que ocurría a su alrededor.
Veían divorcios traumáticos.
Veían litigios interminables.
Veían amigos alejados de sus hijos.
Veían patrimonios destruidos.
Veían denuncias falsas.
Veían procedimientos judiciales imprevisibles.
Y concluían que los riesgos eran excesivos.
Aquella reflexión se refería a Estados Unidos en 2002.
Sin embargo, resulta difícil no encontrar paralelismos con la España actual.
Basta escuchar conversaciones cotidianas entre hombres jóvenes para comprobarlo.
Muchos afirman desear una familia.
Muchos afirman querer hijos.
Pero una proporción creciente rechaza formalizar el matrimonio.
No porque rechacen el compromiso afectivo.
Sino porque desconfían profundamente de las consecuencias jurídicas de una eventual ruptura.
Los hijos: el verdadero centro del conflicto
La mayoría de los hombres no teme principalmente perder dinero.
Ni siquiera perder una vivienda.
Lo que teme es perder la convivencia cotidiana con sus hijos.
Y aquí aparece uno de los grandes debates pendientes del Derecho de Familia español.
Durante décadas la custodia materna funcionó prácticamente como una presunción de hecho.
La custodia compartida fue durante mucho tiempo una excepción.
Posteriormente el Tribunal Supremo comenzó a considerarla la opción más razonable en muchos supuestos.
Pero la percepción social no ha cambiado al mismo ritmo.
Muchos padres siguen considerando que parten en desventaja.
Y esa percepción, acertada o equivocada, influye directamente sobre las decisiones de millones de personas.
Porque las personas no organizan su vida en función de estadísticas.
La organizan en función de lo que creen que puede ocurrirles.
Cuarenta y cinco años después
Quizá la cuestión fundamental no sea si el divorcio debe existir.
Probablemente seguirá existiendo en cualquier sociedad libre.
La verdadera cuestión es otra.
¿Por qué una institución que durante siglos fue considerada deseable por la inmensa mayoría de la población genera hoy tanta desconfianza?
¿Por qué tantos jóvenes afirman querer una familia estable y al mismo tiempo rechazan casarse?
¿Por qué las sociedades que han convertido la libertad individual en su principal bandera atraviesan una crisis demográfica sin precedentes?
¿Por qué la soledad, el aislamiento y la fragmentación social aumentan precisamente cuando disponemos de más medios materiales que nunca?
Cuarenta y cinco años después de la ley de 1981, el debate ya no consiste únicamente en el divorcio.
El debate gira en torno a la propia capacidad de nuestra civilización para crear vínculos duraderos.
Porque ninguna sociedad puede sobrevivir indefinidamente si pierde la voluntad de construir familias estables, transmitir la vida a las nuevas generaciones y mantener relaciones basadas en la confianza mutua.
Y quizá ahí resida la gran paradoja de nuestro tiempo.
Mientras perfeccionamos cada vez más los mecanismos jurídicos para gestionar las rupturas, dedicamos cada vez menos esfuerzos a evitar que esas rupturas se produzcan.