Ante la decisión del Tribunal de la Audiencia Nacional de absolver a las 19 personas detenidas por su asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de julio de 2011, cabe una reflexión.
El disenso y la indignación social se expresan a través de la libertad de expresión y manifestación, cierto. Así sucede en las democracias que funcionan sostenidas sobre el Estado de Derecho.
Sin embargo los derechos civiles y políticos no son absolutos ni ilimitados. La democracia tiene el deber de defenderse frente a aquellos que consideran la violencia contra las instituciones políticas justa y necesaria.
Esto es lo que verdaderamente está en juego, y sobre ello la sociedad y la política deben decir una palabra clara, para plantear, si fuera necesario, cambios en la normativa actual. No pude ser que más casos como este los agresores salgan de patitas a la calle.
J. D.