La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE fraudulentos.
Como se recordará, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, dejó caer al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, pero defendió la inocencia de Fernández: "No debería estar en prisión", afirmó Griñán una semana después del ingreso en prisión del exconsejero. "Tiene intacta su presunción de inocencia", llegó a decir entonces el secretario general de los socialistas andaluces. No en vano, el cargo de Fernández es político, de confianza y depende del presidente de la Junta, esto es, del propio Griñán.
Por esta razón, la decisión de Alaya es importante y podría ser el último paso antes de llegar al máximo responsable del Gobierno andaluz: Antonio Griñán. Claro que a él ya le importa un poco menos que hace tres meses. Ya es presidente de la Comunidad autónoma.
Andrés Velázquez
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