El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha rechazado la prueba oral que solicitaba AESIP, la asociación que reúne a las empresas de seguimiento de prensa, o press-clipping. AESIP solicitó al Tribunal en su pugna con Gedeprensa (la asociación que reúne a todos los grandes editores y que pretende introducir el pago de derechos de autor por resúmenes de prensa) que declararan representantes de grandes empresas e instituciones públicas, que van a ser los paganos de la codicia de los grandes señores de la prensa. En pocas palabras, las empresas de seguimiento no aceptan que se suprima el derecho de cita, que es la clave de toda esta batalla, pero están dispuestos a negociar que aquella empresa, o institución publica, u organismo judicial, que realiza muchas copias del resumen, pagara por esas copias.

Naturalmente, no es eso lo que quiere Vocento, Prisa, Recoletos, Unedisa y compañía, que lo que buscan es crear una sociedad general de autores para derechos de prensa. Lo que buscan, en definitiva, es un negocio que, según ellos, puede suponer 90 millones de euros (empezaron diciendo 180 millones, es decir, el doble). Así que sorprende muchísimo que el TDC esté apoyando tan descaradamente a los grandes editores en perjuicio de las administraciones públicas y de las grandes empresas. Especialmente de las primeras, porque se supone que dicho Tribunal forma parte de esa Administración. Pero, claro, es que ellos disparan con pólvora del rey, es decir, pagan sus resúmenes de prensa con el dinero de los demás. Por cierto, Gedeprensa está  llevando a cabo una de las campañas de intoxicación más curiosas de los últimos tiempos. Aprovechando sus medios y también soportes electrónicos, están vendiendo una muy 'honesta' batalla por los derechos de autor, cuando lo que de verdad pretenden es multiplicar sus ingresos y destrozar un sector formado por microempresas que sí realizan una tarea intelectual de resumen y valoración de la información que aparece en prensa.

Esta campaña se ha recrudecido desde el momento en que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido una norma en defensa de estos presuntos derechos de autor.