Las denuncias vienen produciéndose desde hace años y el BBVA ya tiene tres sentencias en contra por una a favor. Se trata de la comercialización de swaps, un producto que los bancos vendían como un seguro contra la subida de los tipos de interés en momentos en que el euribor solo hacía subir. Cuando los tipos bajaron, muchos clientes se encontraron con que tenían que pagar.
La ley 36/2003 de medidas de reforma económica obligaba a los bancos a tener la posibilidad de ofrecer a sus clientes esos swaps. El problema, según las sentencias emitidas hasta ahora, es que los bancos no informaron con claridad de que se trataba de una apuesta en la que los clientes perdían si los tipos bajaban.
Es difícil saber cuántos clientes están afectados por estos productos, aunque desde ASUAPEDEFIN calculan que sólo un 5% de los afectados se ha movilizado y que muchos podrían desconocer aún que tienen derecho a reclamar.
El listado entregado por Caixa Galicia reveló que 11.000 clientes habían contratado swaps, pero BBVA dejó pasar el plazo y no entregó a la Justicia la lista de sus posibles afectados, tal y como solicitó ADICAE. Por eso, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 87 ordenó la entrada de la secretaria judicial en la sede del banco el próximo 21 de diciembre. Pero, incluso cuando se conozca el dato solicitado, estaremos hablando de clientes particulares (a los que se refiere la demanda de ADICAE) y no de PYME.
Lejos de reconocer cualquier posible error, desde BBVA presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional argumentando que se deben a la protección de datos de sus clientes. Hasta ahora, la entidad presidida por Francisco González ha logrado retrasar la llegada a los tribunales con una cláusula de arbitraje, que obligaba a los clientes a acudir a la Cámara de Comercio de Madrid.
Mariano Tomás
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