El Consejo General del Poder Judicial cumplirá en diciembre 2 años “en funciones”. Su renovación se remonta a los inicios del gobierno sociopodemita que habría pactado candidatos tanto desde el PSOE, como desde Podemos. Fue entonces cuando Pablo Casado se percata de la maniobra y rompe el acuerdo.
En ese momento, Pedro Sánchez advirtió al Partido Popular para que pactara de inmediato la renovación del Consejo General del Poder Judicial o de lo contrario promovería una reforma legislativa que permitiera que se designara los 12 vocales de extracción judicial sin necesidad de contar con el aval de los tres quintos que se exigían para ello.
A partir de ese momento, Europa avisa al Gobierno que seguiría de cerca la reforma judicial y que la propuesta se alejaba “de las normas del Consejo de Europa”. Además, el Grupo de Estados Contra Corrupción solicitó que los políticos no participaran “en ninguna etapa” de la elección de los vocales judiciales.
Tras el toque de atención de Bruselas Sánchez frena su reforma del CGPJ y ofrece a Casado un pacto para renovarlo.
En ese punto, empiezan a sonar los nombres de los candidatos a integrar el órgano judicial. Entre ellos, dentro de la cuota podemita, entra la magistrada Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, enmarcado en el ministerio de Irene Montero. Precisamente, para figurar como vocal por el turno judicial Rosell tendría que renunciar a dicho cargo «político» y solicitar al CGPJ el reingreso en la Carrera Judicial, algo que sucedería de forma inmediata. En ese momento, sí podría ser nombrada vocal por el turno judicial.
Por otra parte, si Rosell fuera designada, quedaría fuera Ignacio Espinosa, magistrado del TSJ de La Rioja y familiar directo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien también cuenta con no pocas posibilidades «y un magistrado bien visto por toda la Carrera», tal como recoge La Razón.A Rosell se le presenta pues -sospechamos- un verdadero conflicto interno.
Y al CGPJ se le ofrecen dos candidatos bien distintos, Ignacio Espinosa, "un magistrado bien visto por toda la Carrera" o Victoría Rosell cuya trayectoria ha estado plagada de escándalos. En las Palmas, como titular del juzgado numero 8 de Las Palmas, la pareja de Rosell cerró un negocio al que ella pudo favorecer como jueza. La Fiscalía abría poco después diligencias para comprobar si, durante su etapa , en efecto retrasó «maliciosamente» una investigación para favorecer a su pareja, según recogía ABC.
La reacción de Rosell fue la de acusar al exministro de Industria, José Manuel Soria, de «estar detrás de la Fiscalía». Este se querelló por injurias y calumnias en un juzgado de Madrid, y luego amplió su denuncia a otros tres delitos relacionados con la sospecha.
Pero la diputada de Podemos, también ha tenido problemas con técnicos de AENA o con la Guardia Civil. El primer caso lo protagonizó en el aeropuerto de Gran Canaria, a finales de febrero, cuando no le permitieron «colarse» por la Sala de Autoridades, evitando los controles de pasajeros.
«Con actitud soberbia, solicitando que se le abriese la Sala de Autoridades inmediatamente, para viajar a Madrid en el vuelo IB3835 de las 06.30 horas», fue como se presentó aquel día. Aunque el trabajador le explicó que aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa Sala, ella contestó «de muy malas formas» e «hizo comparaciones».
Poco después, volvía a protagonizar otro incidentes en el aeropuerto de Gran Canaria al negarse a ser identificada en el control de seguridad para acceder a la zona de embarque, que paralizó el normal funcionamiento del citado control, según informó el Delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento.