-Puigdemont recibió la visita en Bruselas de dos altos cargos en ejercicio. -Rafael Catalá: "La cárcel al 'exGovern' puede revocarse si lo estima el juez". -El dueño del secesionista 'Ara' declara en Holanda 85 millones. -Investigan a la Clínica Dator por practicar abortos para una mafia nigeriana que prostituía mujeres. -El Supremo dicta que un retuit puede ser apología del terrorismo. -Empleo propone un nuevo contrato temporal con despido más caro. -Sabadell venderá activos tóxicos por 12.000 millones. -Las grandes constructoras se alían con fondos para el megaplan de carreteras. -Energía agiliza el bono social y blinda los datos fiscales del consumidor. -Hochtief y sus bancos se dan hasta dos años para la venta de activos no estratégicos de Abertis. -Liberbank amplía con ocho veces de sobredemanda.   El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas declaran este viernes ante un Tribunal belga por la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por España. De cara a esta declaración, este jueves la Fiscalía de Bruselas pidió a Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas. Horas después, Interior respondía al ministerio público belga garantizando su seguridad. En ese contexto, varios líderes y personalidades del ámbito independentista han visitado en Bruselas a Puigdemont para aconsejarle en la preparación de su estrategia política. Entre ellos se encuentran el responsable de Comunicación, Jaume Clotet, y la coordinadora del Govern, Elsa Artadi, altos cargos de la Generalitat que no han sido destituidos tras la aplicación del artículo 155. Ambos le han ayudado a forjar la candidatura de Junts per Catalunya, cuya lista por Barcelona encabezará el expresident. (El País) Las posibles injerencias en la crisis de Cataluña «que vienen de territorio ruso», según se apunta desde el Ejecutivo, han provocado la protesta del Gobierno de Vladimir Putin, que ayer calificó las acusaciones de «infundadas». De momento, desde Moncloa se ha decidido aumentar la plantilla del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) en un 23%, coincidiendo con esta polémica de la intromisión extranjera en el desafío independentista de Cataluña. (El Mundo) El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señala en una entrevista con elEconomista que "las medidas de prisión provisional decretadas contra ellos [Oriol Junqueras y el resto de exconsellers encarcelados] pueden ser revocadas si las circunstancias que sirvieron de fundamento para ello cambian y así lo aprecia el juez competente". Resalta que el hecho de que el Tribunal Supremo llegase a acumular la causa de la Audiencia Nacional "ayudará a la uniformidad". (El Economista) Fernando Rodés, presidente y principal accionista del diario Ara, uno de los buques insignia del independentismo, mantiene gran parte de la fortuna familiar en Holanda. Rodés, que es vocal de la junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar, lo hace a través de la sociedad Aliada Investments BV, que al cierre del último ejercicio, el de 2016, sumaba activos por valor de 85 millones de euros (la cifra se elevó hasta 96,6 millones en 2015), de acuerdo con las cifras del Registro Mercantil holandés. (El Economista) La Policía Nacional investiga a la conocida Clínica Dator de Madrid, especializada en practicar abortos, por prestar servicios a una mafia nigeriana. Las investigaciones, que llevan en curso desde principios de año, se centran en el papel de la clínica en dos abortos, uno de ellos a una menor de edad, realizados a dos mujeres que eran obligadas a prostituirse. (El Mundo) Para cometer delito de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales no hace falta ser el autor del mensaje o la imagen. También puede cometerlo quien retuitee estos mensajes, es decir, quien lo replique directamente a sus seguidores en Twitter. Así se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a un año y medio de prisión de Andeka Jurado García, un antiguo preso de ETA que colgó en YouTube y retuiteó varias imágenes de homenaje a otros integrantes de la banda. (El País) Empleo propone un nuevo contrato temporal con despido más caro. La ministra Báñez ha puesto encima de la mesa una revisión de los modelos de contratación que reduce los actuales cinco a tres: indefinido, temporal y de formación (aglutinaría el contrato en prácticas y las actuales modalidades formativas). El contrato propuesto tendrá indemnización creciente, tal y como pactó el Gobierno con Ciudadanos en 2016. Para el primer año de contrato, la indemnización por despido sería de 12 días por año trabajado; 16 días sería la indemnización para dos años de contrato y 20 para el tercero. (ABC) Sabadell ha dado un paso más en su estrategia para limpiar su balance y ha contratado a Alantra, KPMG y PwC para vender 12.000 millones en activos inmobiliarios problemáticos, repartidos en tres carteras. Con esta operación, Sabadell planea desprenderse en 2018 de la herencia tóxica de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ligada al Esquema de Protección de Activos. (Expansión) Las grandes constructoras se alían con fondos para el megaplan de carreteras. La mayor iniciativa de obra pública desde 2006 provoca un baile de alianzas. ACS escoge a DIF, Ferrovial negocia con Meridiam, y Sacyr elige a Aberdeen. John Laing acompaña a Acciona. (Expansión) El Ministerio de Energía ultima la puesta en marcha de la plataforma que evitará que las eléctricas tengan acceso a los datos de renta de sus clientes y agilizará los trámites para el bono social. El Gobierno había puesto en marcha este nuevo bono sin tener todavía lista esta aplicación informática, un extremo que resultaba incómodo para los usuarios, pero también para las compañías. (El Economista) Hochtief y sus bancos se dan hasta dos años para la venta de activos no estratégicos de Abertis. (Cinco Días) Liberbank amplía con ocho veces de sobredemanda. (Cinco Días) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com