El sector se encuentra en pleno proceso de presentación de resultados del primer semestre. Ya lo han hecho Santander, Bankinter y Sabadell. Precisamente, este último lo hizo el viernes, coincidiendo con un encuentro sobre inclusión financiera entre el Gobierno, las patronales y las asociaciones de mayores. Un encuentro, en principio, de guante blanco, en la sede del Ministerio de Economía, en Madrid, con el ministro del ramo y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ejerciendo de anfitrión.

Los datos no pueden ser mejores. La inclusión financiera ya alcanza al 99,4% de la población española, según Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), frente al 98,6% de hace cuatro años. Es más, el 100% de los habitantes ya tienen garantizado el acceso al efectivo… gracias a Correos, la empresa pública que dirigió durante años el amigo de Sánchez, Juanma Serrano, entre los años 2018-2023 y dejó un agujero de más de 1.200 millones de euros. Pero esa es otra historia.

En esta misma línea se pronunció Antonio Romero, director general de CECA, quien resaltó los 4.000 puntos de acceso físico a los servicios financieros que hay actualmente en nuestro país. “Pocos servicios cuentan con este grado de cobertura”, afirmó.

Todo muy bonito para las patronales, pero no para los usuarios. “Ya está bien de eliminar sucursales bancarias. Hemos pasado de 45.000 en 2008 a 17.000 ahora. Se está despidiendo y prejubilando a los trabajadores de la banca, con menos empleados difícilmente se puede dar servicios personalizados”, afirmó Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Y Norberto tiene toda la razón.

Está claro que la visión de los bancos no es la misma que la de los clientes o, si lo prefieren, que la de los clientes menos digitales y/o de mayor edad que son los que tienen algún dinero ahorrado y los bancos deberían mimar más.

Pues bien, cuando parecía que la cosa terminaría ahí, salta Cuerpo y anuncia que en septiembre reactivará la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, una figura que las patronales ya rechazaron cuando se presentó por primera vez.

“En nuestra opinión, el camino más eficiente no pasa por crear una nueva estructura, sino por reforzar, coordinar y mejorar los mecanismos ya disponibles”, afirmó Romero. Y tiene toda la razón. Además, ¿quién sufragará los gastos de esta nueva institución? Si es dinero público, los contribuyentes y si es el sector, lo acabarán pagando los clientes.

En definitiva, nos vamos de vacaciones con todos enfrentados: el Gobierno contra los bancos y los bancos con los clientes. Esto marcha.