Esta misma mañana hablábamos en Hispanidad del nuevo sablazo de María Jesús Montero, insigne vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en connivencia con la ilustre Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, lanzando el mayor ataque contra la clase media desde 1978. 

A la subida de cuotas a los autónomos, sumamos la nueva idea: el Gobierno controlará a los autónomos con registradoras, todas y cada una de sus facturas.

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Hacienda y la Seguridad Social están llevando a la quiebra a pymes, autónomos y profesionales, es decir, a los elementos más productivos de toda la economía y, atención, a los que más empleo crean. Especial mención merece el sofisma de que la Seguridad Social cobrará cuotas más altas a los autónomos pero, ojo, para que dispongan de "pensiones más altas para los autónomos". ¡Pero si el autónomo, el profesional, el pequeño comerciante... son señores que han renunciado a una vida cómoda hoy y a una pensión pública mañana para poder sacar adelante a su familia hoy! 

Pero es que horas después de estas noticias, el ministerio de la carterista Elma Saiz publica el gasto en pensiones, y todo se entiende mucho mejor. No es que el autónomo quiera pertenecer a un sistema totalmente quebrado, que lo está, sino que el sistema quebrado necesita recaudar más para evitar lo que es inevitable: admitir el fin del sistema y retrasar la edad de jubilación.

Y es que en el mes de octubre, la Seguridad Social, con el dinero de todos, ha abonado total de 10.397.372 pensiones a 9.405.352 millones de personas, lo que supone un gasto de 13.675,8 millones de euros. Como es habitual, casi las tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que representan más el 73% del total (9.999,2 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.199,5 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.262,8 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones.

La pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,6 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año.

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Hasta septiembre (inclusive), último dato disponible, se han registrado 274.843 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,2% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 73,1% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13,3 puntos porcentuales más que en 2019. Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen 13,1 puntos porcentuales en seis años, y se sitúan en mínimos, ya que se reducen del 40 al 26,9 por ciento del total de nuevas jubilaciones.

Y el Ministerio se apunta el tanto de este cambio porque "refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada", no olviden que el Gobierno de España quiere que se jubilen más tarde, no por la quiebra del sistema, sino por su bien. Igual que con los autónomos: van a pagar más, y van a ser más felices, palabra de Elma y Pedro.