Empezamos la semana, y el mes, con los nefastos datos de paro. Noviembre trajo una reducción de 18.805 desempleados, hecho que se celebró como todo un éxito por el Gobierno, cuando la realidad es que esa cifra no compensa ni el aumento de paro de octubre. Además, la caída es gracias, una vez más, a la hosteleria. Es más, el sector servicios supone casi el 70% de los nuevos empleos, es decir, España sigue dependiendo del turismo y la hostelería, es decir, del empleo precario. Asimismo, los contratos siguen siendo precarios, y de los indefinidos, los fijos discontinuos y los que están a tiempo parcial crecen y suponen la mayoría.
Con estos datos, y sin perder de vista que somos los números uno de paro en Europa y en la OCDE, llega la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y aporta nuevas y brillantes ideas, en forma de leyes, es decir, en forma de regulación, burocracia y mayor asfixia a las empresas.
Yoli quiere reformar el despido, porque como dijo el lunes, 'celebramos pero no nos conformamos', y qué mejor que inflexibilizar y encarecer, aún más, el despido. Como breve recordatorio, esto de hacer más imposible todavía el despedir viene de lejos. Yolanda quiere encarecer el despido por la puerta de atrás y la justicia le ha repetido en varias ocasiones que no, que no puede hacerlo: la última hace unas semanas, cuando el Supremo dijo que no puede haber indemnizaciones por despido que superen los 33 días por año trabajado. Como la Justicia les da la razón, Garamendi se levantó de la mesa de negociación, hecho gravísimo para Yoli, que ve que Antonio se está haciendo de "extrema derecha".
Ante el 'no' de la Justicia y de la Patronal, Yoli insiste disfrazando la reforma. Así, su Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia pública del anteproyecto de ley. Yoli pretende restringir al máximo las causas de despido y ampliar las opciones de recurso de los empleados. Es más, aumenta los derechos laborales si los empleados deciden denunciar infracciones normativas y de corrupción cometidas en sus empresas.
De esta forma, se imposibilita el despido si el trabajador ha denunciado actuaciones ilegales de la empresa. El cese, si se produce, sería nulo, para "asegurar la indemnidad" de los trabajadores informantes, para los que se activa la "prohibición o nulidad de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial".
Yoli también quiere poner restringir los despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Además, permitirá demandar en su contra "cuando tenga por objeto represaliar a los trabajadores informantes de infracciones o de corrupción en sus empresas".
El texto aumenta la protección de los trabajadores en periodo de prueba, ya que la resolución laboral a instancia empresarial "será considerada nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo o maternidad o con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación, salvo que concurran motivos no relacionados con estas actividades".
Casi que preferíamos que Yoli repitiera ideas como hizo hace unas semanas con la ley sobre becarios, la cual explicó y anunció dos veces a bombo y platillo. Pero ella es la ministra trabajadora y su máquina de ideas no se detiene... para desgracia de todos.
Y ojo, porque al haber fracasado el diálogo social, a Yoli solo le queda la vía Parlamentaria, y Junts ya ha anunciado que votará en contra. Al igual que con las registradoras de los autónomos, es Puchi quien nos vuelve a salvar...