La deuda pública alcanzó el pasado mes de septiembre los 1,710 billones de euros, lo que supone un nuevo récord en término absolutos y un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior cuando alcanzó los 1,636 billones de euros, según ha informado este lunes el Banco de España. 

Por otra parte, en agosto la deuda se situó en los 1,699 billones de euros. 

En relación al peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB), en septiembre la deuda pública se quedó en el 103,2%, en comparación con el 104,2% del mismo mes del año anterior. 

Cabe recordar que en julio de 2018, cuando el presidente Pedro Sánchez llegó al poder, la deuda pública en España estaba en los 1,2 billones de euros, lo que en al aquel momento equivalía al 101,49% del PIB.  

En consecuencia, desde la llegada del irresponsable socialista al poder, la deuda pública de España ha aumentado en un 41,6% y ha pasado desde ese 101,49% del PIB hasta el 103,2%. Hay que tener en cuenta que el PIB también ha aumentado, desde los 1,2 billones de euros en 2018 hasta los 1,59 billones de 2024. Crecimiento que, como hemos explicado en numerosas ocasiones en Hispanidad, no se corresponde, ni de lejos, con la renta per cápita de los españoles, que sigue estancada.

Cabe recordar que las reglas fiscales de la Comisión Europea establecen -desde Maastricht- un peso de la deuda sobre el PIB del 60%, así que España sigue estando muy lejos de esa recomendación. Aunque en este momento esas reglas están temporalmente en suspenso debido al gasto en defensa que los estados de la OTAN deben acometer.

También hay que recordar que, en junio de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaba a "los países con deuda alta y espacio fiscal limitado" -como España- unos "necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos". En su comunicado, el organismo que dirige Kristalina Georgieva destacaba la necesidad de "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad".