En ningún momento de la negociaciones por el posible pacto de Estado ha pretendido el Gobierno, a través del ministro, admitir las peticiones de la comunidad educativa y de la oposición.
Se reclama una reforma en profundidad que devuelva a los padres de alumnos su derecho a educar a los hijos de acuerdo con sus convicciones, la libertad de elegir centro, dar el relieve que merece la asignatura de Religión y elaborar una norma común para que pueda estudiarse la lengua española en toda la geografía del Estado.
El Gobierno se ha negado a admitir estas exigencias por sus enjuagues con el nacionalismo y porque su objetivo final es convertir los centros escolares en talleres de ingeniería social.
En esas condiciones, el pacto era imposible y el principal partido de la oposición ha hecho lo que dictaba el sentido común. Lo grave es que el Gobierno sigue adelante con su proyecto adoctrinador al tiempo que culpa a la oposición de haber impedido el acuerdo que, con estos presupuestos, nunca podía existir.
Valentín Abelenda Carrillo
