El candidato socialista, triunfante en los comicios generales del pasado 14-M, José Luis Rodríguez Zapatero, se dispone a practicar el progresismo de salón. Homosexuales, aborto y eutanasia forman parte de una agenda política en la que apenas encontrará oposición. Serán medallas de "progre" a coste cuasi-cero, con el aplauso de quien hasta ahora se ha comportado como medios progubernamentales.
De momento, empezará por la causa homosexual, tal y como anunció en Telecinco el pasado jueves 18. No es que la causa gay le preocupe especialmente. Es más, pocos días antes de las elecciones y ante un asombradísimo interlocutor, el nuevo presidente del Gobierno llegó a afirmar que los gays "le daban igual". Y así es, en privado, el nuevo presidente del Gobierno reconoce que la causa gay y sus pretensiones de homologar el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la consiguiente adopción de niños, le importan un pimiento: sólo son necesidades del guión electoralista que está obligado a defender. Pero el lobby rosa aprieta fuerte -con perdón- y Zapatero no quiere perder la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que equiparó matrimonio natural y matrimonio homosexual.
Probablemente, Zapatero sepa que el Dr. Robert Spitzer, miembro de la American Psychiatric Association y responsable de la despatologización de la homosexualidad como enfermedad psiquiátrica en 1973, defiende ahora -tras 30 años de estudio y tratamiento profesional- la posibilidad de cura de tal enfermedad. Da igual, porque se trata de colgarse la medalla de progre, aun a riesgo del futuro psiquiátrico de esos rosas que no terminan de encontrarse a sí mismos.
Hasta aquí, ninguna novedad respecto al proyecto Rajoy. La diferencia es que Zapatero pretende también regular la adopción de niños por parejas homosexuales. Ello a pesar de la oposición popular reflejada en las encuestas del CIS y a pesar de sendos estudios que demuestran la falta de idoneidad para el correcto desarrollo del niño. Una medida que podría contravenir la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el artículo 39.4 de nuestra Constitución, que reconoce la primacía del interés del niño.
No importa, porque ninguna fuerza política recurrirá jamás semejante ley al Tribunal Constitucional. "Avancemos todos juntos y yo el primero por la senda progre". ¿Y la familia? Bien, gracias. Zapatero prometió en el Congreso de la Federación de Familias Numerosas la universalización de la paga de los 100 euros para todas las madres, así como la universalización de las prestaciones por hijo a cargo. Pero, estos temas deben ser, sin duda, menos urgentes que los marcados en la agenda rosa.
La agenda progre incluye también la supresión de la asignatura de religión contemplada como enseñanza curricular en la Ley de Calidad: "Más gimnasia y menos religión". Y eso, a pesar de que el 88% de los padres -incluido el propio Zapatero- opta por la enseñanza religiosa para sus hijos. "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". El lobby laicista presiona. La pasada semana, la Confederación Española de Padres de Alumnos recordaba el compromiso de Zapatero por suprimir la Ley de Calidad. Lo dicho, "más gimnasia y menos religión". Añadan educación bilingüe y centros abiertos doce horas al día, siete días a la semana, once meses al año. O sea: "Tenga usted hijos que se los devolvemos bilingües a los 18 años". ¿Totalitarismo de lujo?
Y en esa "España mejor" que nos merecemos se incluye -como se pueden imaginar- el cuarto supuesto despenalizador del aborto, algo bastante inútil desde la óptica pragmática porque el aborto es perfectamente libre y gratuito de facto. Pero, de nuevo, Zapatero no se resistirá a la medalla de "progre" por permitir que el genocidio se practique con mayores garantías legales. Anoten también el "éxito" de liberar la investigación con embriones "sobrantes" en una probable reforma legislativa de la mano de Lissawezky, ese hombre bueno que en la noche del sábado 13 hacía "cuchipandi" con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Lo peor es que esta izquierda progre de salón ha abandonado su verdadero espíritu de "justicia social". El salario mínimo interprofesional en los 600 euros y la subida de las pensiones más bajas son políticas de asistencia tirando a demagógicas. Pero, en materia económica, son perfectamente liberales. ¿De verdad creen que combatirán la especulación inmobiliaria construyendo viviendas sociales? ¿Mejorarán la progresividad de las cargas fiscales con el modelo de tipo único de Sevilla? ¿Favorecerán la participación empresarial rebajando el Impuesto de Sociedades al 30%? ¿Velarán por que las inversiones españolas en Latinoamérica se realicen de acuerdo con los principios de equidad social? Menos progresismo y más justicia social.
Luis Losada Pescador
