Nadie ha hablado de ello, pero lo cierto es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 18 un Proyecto de Ley por el que se permitirá a los notarios gestionar electrónicamente tanto el pago de impuestos a Hacienda como la inscripción en el Registro de la Propiedad. En otras palabras, un golpe de muerte tanto a gestores de escrituración e impuestos como, sobre todo, al cuerpo de registradores, un colectivo que trabaja poco aunque muy intensamente- y gana mucho aún más intensamente-.

La verdad es que esta posibilidad ya la había abierto Rodrigo Rato en el año 2000, pero la norma quedó pendiente del reglamento correspondiente. Entonces, intervino Mariano Rajoy, de profesión registrador de la propiedad, quien convenció a su acólito, José María Michavila, ministro de Justicia, de que el papel no saliera de su cajón en toda la legislatura. Y no salió.

Ahora, los socialistas han decidido, y con buen criterio, que el señor Rajoy tiene una larga vida política por delante y que no es necesario favorecer al cuerpo profesional del primer jefe de la oposición, dado que no necesitará vivir de ello. Y la verdad es que van sobrados de razón En otros países, como Francia, ni tan siquiera existe el cuerpo de registradores. Son los llamados conservadores, o empleados de archivos y juzgados, quienes inscriben en el Registro, de la misma forma en que son los jueces y los empleados del juzgado quienes en España inscriben en el Registro Civil los nacimientos y defunciones. Una nueva vida o un fallecimiento no parecen hechos menos importantes que la firma de una hipoteca.

Hasta ahí, los notarios -perpetuamente enfrentados a los registradores- tienen toda la razón. Y es posible que ganen la batalla. Ahora bien, el Gobierno Zapatero, a quien molesta mucho los cuerpos de elite, también baraja otra posibilidad, esta vez no contra los registradores, sino contra sus adversarios. Y el misil no es menos peligroso: si los notarios representan a la función pública, lo lógico es que sus emolumentos estén regulados por ley  como tal acto jurídico, independientemente de la cuantía de la transacción. O incluso, por qué no, podría hablar se fe pública gratuita.

Porque lo de recortar tarifas, como el comer y el rascar, todo es empezar.