El ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, sugería en la mañana del viernes 22 que la despenalización de la convocatoria ilegal de referendos podía poner en entredicho el Pacto Antiterrorista firmado entre el PP y el PSOE. Además, en la misma mañana del viernes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, criticaba la reforma del Código Penal emprendida por el Gobierno porque "el reto del Estado de Ibarretxe sigue vigente".
Por su parte, el portavoz popular de la Comisión de Justicia en el Senado, Agustín Conde, defendió la tipificación del delito porque "si existe una actividad que es reputada como ilícita por el ordenamiento jurídico, pero no existe la posibilidad de reprender el comportamiento ilícito, podría suceder que el ordenamiento jurídico como tal, resulte poco protegido y tenga menos instrumentos de los que contaba para hacer valer el derecho".
Sin embargo, la vicepresidenta De la Vega considera que "no hay noticia" en la destipificación, que formaba parte del programa electoral y que espera que la medida "no tenga incidencia en el Pacto Antiterrorista", que ha funcionado bien y se ha revelado como eficaz. La pregunta que no pudimos hacerle es: ¿Qué hará el Gobierno cuando Ibarretxe presente su referéndum?
