En la mañana del lunes 7, la Comisión daba un paso más, ya no se trataba de que fuera a estudiar las medidas impuestas a E.ON sino que exigía al Gobierno español que las justificara. En una semana, el Ejecutivo Zapatero deberá justificar la venta de activos que se le impone a la eléctrica alemana. En otras palabras, Bruselas no se conforma con la victoria parcial de E.ON, exige una victoria total y absoluta. En el entretanto ni ha reclamado información al Gobierno francés sobre la fusión defensiva y forzada de Suez con Gaz de France.
Y mientras Bruselas insistía en arrinconar al Gobierno español, el Gobierno italiano prohibía la fusión, ya acordada por ambas sociedades, entre Abertis y Autostrade. El Gobierno Prodi no ha dado ni una sola razón técnica, simplemente ha vetado la operación alegando un no especificado conflicto de intereses. Sencillamente los accionistas habían acordado que la nacionalidad de la empresa resultante de las dos compañías fuera española y sobre esta cuestión Bruselas ha guardado un pasmoso silencio.
