La jueza Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por José María Amusátegui contra la denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, en el caso que se sigue en ese juzgado a raíz de las indemnizaciones percibidas por José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui por abandonar el Santander Central Hispano.
La juez considera que los accionistas no salen perjudicados por este tipo de demandas y sí por las indemnizaciones que reciben los cesantes. Como se sabe, Pérez Escolar acusa a Botín de haber utilizado dinero del banco para pagar la salida de Amusátegui y Corcóstegui (44 y 110 millones de euros, respectivamente) y quedarse con todo el poder.
De esa forma, queda expedito el camino hacia el juicio oral por delito social, que se calcula comenzará en febrero.
Pero mucho más importante resulta que las exigencias de fianzas a los demandantes en casos de corrupción económica están paralizando en España muchos sumarios. Por ejemplo, en un caso similar, José María Trevijano, inversor de BBVA, quiso denunciar a la Dirección de dicha entidad por suprimir el derecho de suscripción preferente de los pequeños accionistas. Sin embargo, dado que el caso aludía a unas ampliaciones de capital y a unas subordinadas de mucho volumen, el demandante no podía afrontar la fianza.
