Si hubiera que resumir lo que nos está pasando podríamos decir que asistimos a los efectos de una economía que ha perdido la confianza de los inversores y que ve degradada su credibilidad.
A esta situación se añaden los atisbos de la conflictividad social: después de que los sindicatos amigos anunciaran su intención de convocar manifestaciones y una huelga general en contra de la reforma laboral, no podemos menos que pensar que estamos en una pendiente peligrosa. El Gobierno debe ser consciente, más allá de la elocuencia y, a veces la demagogia, de los resultados de las encuestas del CIS, que se necesita la urgente intervención de unas propuestas económicas encaminadas a controlar la deriva de una economía que, además, cuenta ya con más de cuatro millones de parados reconocidos y casi cinco millones reales, a los que la arcas públicas tienen que ayudar.
Eso considerando que lejos de mí querer fomentar discursos alarmistas ni catastrofistas.
Jesús Domingo Martínez
