El vicepresidente económico Pedro Solbes es un político a la búsqueda permanente de una excusa para paralizar reformas, un partidario de la política del no hacer nada. Por ejemplo, ha encontrado en el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, la excusa ideal para no obligar, por ley, a las empresas a publicar las retribuciones de sus consejeros y sus ejecutivos. Tras los dos códigos de buen gobierno, Olivencia y Aldama, que no han servido para nada, y en una época de escándalos financieros en todo Occidente, Solbes encargó a la CNMV la elaboración de un informe de propuestas para aumentar la transparencia. A fin de cuentas, una Comisión, un Libro Blanco o un informe de un regulador constituyen los instrumentos más útiles para paralizar una reforma legal que no se desea que entre en vigor.
En cualquier caso, el pasado martes llegaba la respuesta de Conthe: una alusión, no más, a la necesidad de aplicar el sistema alemán, donde la ley obliga a las compañías a publicar los salarios y otras gabelas de administradores y directivos. Eso sí, y ahí radica el supuesto avance de Solbes, ahora mismo, en España las compañías sólo tienen que publicar en sus memorias y enviar al regulador las retribuciones de todos los consejeros, en su conjunto, o del equipo directivo de primera línea (muchas veces consejos ejecutivos) y de sociedades cotizadas.
Sin embargo, el sistema alemán no es lo que ahora mismo se discute en Occidente. Por así decirlo, se ha quedado atrasado. Lo que ahora se discute en el área OCDE no es más transparencia sino la obligatoriedad de que consejeros y primeros ejecutivos sometan sus retribuciones a los accionistas, como propietarios que son de las empresas. Es norma en muchas compañías estadounidenses y lo será en Francia por imperativo legal, en el caso de que prospere la moción del líder socialista François Hollande, tras el escándalo Carrefour.
El asunto es sencillo : la izquierda francesa aprovechó el descontento popular cuando se supo la indemnización con la que se había jubilado Daniel Bernard, presidente de la firma de hipermercados: 29 millones de euros de indemnización y 9 de salario más por no trabajar para la competencia por un periodo de tres años. Total: 38 millones de euros. Naturalmente, su sustituto, Luc Vandevelde, se encargó de ser muy transparente con un accionista interesado, y no sólo le dijo lo que había cobrado Bernard, sino que tuvo a bien asegurarle que su salario era superior a la suma de las retribuciones propias y del presidente del directorio, José Luis Durán. Si les interesa, el presidente del Consejo sale por los 750.000 euros al mes y el primer ejecutivo estamos hablando de la segunda multinacional de distribución del mundo- por 1,8 millones. Comparen: El presidente del BBVA, Francisco González, sale por 3,85 millones de euros, más un bonito fondo de pensiones que ya supera los 31 millones de euros a 31 de diciembre de 2003. El consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz cobró (en 2002), 4,85 millones de euros, y Emilio Botín 2,47 en fondos.
Por otra parte, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, exonerando a Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui por las indemnizaciones de esos dos últimos, permiten a Conthe y a Solbes continuar protegiendo a las grandes fortunas. La Audiencia consideró que no representaba ningún problema el hecho de que, sin permiso de los accionistas, Amusátegui se fuera a su casa con 44 millones de euros más dos pensiones vitalicias ampliabas a sus herederos, mientras Corcóstegui (indemnización más pensión) se marchara a su casa con 110 millones de euros en la faltriquera.
En este escenario mundial, la propuesta de Conthe para aplicar en España el sistema alemán parece mucho, pero no es nada. En primer lugar, porque han pasado los tiempos de la transparencia, ahora hay que dar el siguiente paso : que sean los propietarios quienes aprueben el sueldo de sus empleados. No basta el sistema alemán: se necesita el norteamericano o, en su caso, si así lo decide el legislativo galo, el sistema francés.
En definitiva, Solbes sigue legislando para las grandes fortunas y Manuel Conthe, desde la CNMV, le apoya con entusiasmo en la tarea. Solbes se estrenó con la retirada del abogado del Estado del caso de las cesiones de crédito, juicio que comenzará a final de año y donde el perjudicado es la Hacienda pública. Sin embargo, Solbes le hizo el mayor favor a Botín: retirar al abogado del Estado.
Y la cadena de favores a las grandes fortunas ha terminado hace bien pocos días, con el apoyo del PSOE a la propuesta de los nacionalistas catalanes sobre las Sociedades de Inversión en Capital Variable, que convierte a la CNMV en el garante de la limpieza operativa de las SICAV, sin que la inspección de Hacienda pueda hacer nada. Algo que incluso ha roto la Agencia Tributaria, dado el cabreo profundo de los inspectores de finanzas, en su mayoría próximos al PSOE.
