Rafael Lozano Martín fue condenado por estafa y falsedad documental (emisión de facturas falsas), por la Audiencia Nacional a 2 años y 9 meses de prisión y a indemnizar al BBVA.
Primera sorpresa: ingresa en el Centro de Navalcarnero en mayo. Lo habitual es que no pueda acceder al régimen abierto hasta que cumpla la mitad de la pena, es decir, en hasta el 21 de septiembre de 2010. Sin embargo, apenas estuvo tres meses. Porque en agosto la Junta de Tratamiento de la prisión decidió pasarle a régimen abierto e ingresa en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent. Es cierto que la última palabra la tiene el juez de Vigilancia pero es extraño que contradiga el dictamen de una Junta donde figuran funcionarios, psicólogos, etc.
Pues bien, en tres días -algo totalmente inhabitual- pasó a una situación similar al arresto domiciliario con la famosa pulsera de control telemático ahora muy popular por el maltrato de género. Todo en tres días, cuando lo normal es que, una vez dentro del CIS pasen entre mes y mes y medio mientras se estudia el posible pase a dispositivo telemático.
Ahora, debe presentarse un día a la semana en el centro y permanecer en su casa desde las nueve de la noche a las nueve de la mañana.
Fuentes sindicales han comunicado a Hispanidad que el espléndido trato otorgado a Lozano tanto en su periplo carcelario como en el centro Victoria Kent, ha sido posible gracias a las sugerencias llegadas desde el Ministerio del Interior, cuyo responsable es Alfredo Pérez Rubalcaba.
Lozano trabajaba en el grupo Zeta de donde salió en el año 1992. De hecho, las seis facturas falsas por las que fue condenado, giradas por un monto total de 50.000 euros. Lozano confesó haber girado dichas facturas porque su empresa no atravesaba un buen momento, utilizando los conocimientos formales de facturación de la editora. Los ejecutivos del Grupo negaron cualquier tipo de connivencia con la trama de facturas falsas.
